Chile sigue siendo un país próspero que en ya 4 décadas ha consolidado una manera de hacer las cosas que le ha significado cierta solidez económica, pero como sabemos, las cadenas son tan fuertes como su eslabón más débil. En el caso de chile, los eslabones son las instituciones que permiten que las personas en libertad labren su propio destino.
En cadena nacional, la presidenta Michelle Bachelet anunció la composición y distribución del presupuesto nacional en el que se nota un aumento del 2.7% con base en la deuda externa para aumentar el gasto público. Lo interesante es ver hacia dónde va el ese gasto.
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Vale hacer un pequeño análisis a las cifras que nos presenta la mandataria, pues ya que todos los contribuyentes pagamos dichos movimientos, al menos se nos debe conceder la oportunidad de conocer hacia donde será dirigido dicho gasto.
Lo primero que llama la atención es la cifra destinada al recientemente creado ministerio de derechos humanos. Ya la sola idea de tener un ministerio que aborde este tema parece irrisorio en un país donde reina la libre expresión y la libertad, lo cual hace difícil justificar la existencia de dicha burocracia, sobre todo considerando que si efectivamente se violaran los derechos humanos de manera sistemática, no existiría ninguna posibilidad legal de tener una institución que los proteja. La sola existencia de dicho ministerio es prueba de que en Chile no hay violación a los derechos humanos.
La oposición, en las voces de los parlamentarios UDI (Unión Demócrata Independiente) expuso sus razones para ir en contra del aumento del presupuesto en esta materia, pues no solo lo ven como innecesario sino que se le considera poco trasparente.
La cifra que este ítem ostenta en el 2016, es de CLP$1370 millones (US$3 millones). Esto llama poderosamente la atención, ya que haciendo un cálculo simple, el aparataje de lo que era el instituto de derechos humanos, en términos de personal, y considerando el abultado sueldo de la señora Lorena Fries, primera subsecretaria del ministerio, (casi US$15000) más sus asesores, más el museo de la memoria y otras extensiones, nos permite deducir que el gasto total gira en torno a los CLP$400 millones.
La pregunta obvia es ¿Dónde está el resto? Y surgen también los cuestionamientos consecuentes de rigor tales como, ¿Qué se hace con los CLP$970 millones restantes? ¿Se utilizarán para pagar falsos exonerados políticos como ya se descubrió que se hacía? ¿Será para pagar a periodistas para que realicen series de reportajes en contra del régimen militar o en contra de carabineros? ¿Será acaso que utilizarán el dinero para visitar a los “combatientes” de la Araucanía (territorio disputado por grupos violentistas)?
Es bueno que haya trasparencia en torno al gasto que los gobiernos hacen ya que el dinero nunca lo produce el estado sino los individuos. A fin de cuentas, ese dinero es la confiscación de la producción de las personas, por lo tanto, sería bueno tener al menos un sitio web donde se especifique exactamente en qué gastos incurre este ministerio.
Cuando sea aumenta el presupuesto al convertirlo en ministerio, se crean otras burocracias dependientes como las subsecretarías que trabajan en paralelo con el instituto de derechos humanos y cuya primera subsecretaria es precisamente Lorena Fries (ex directora del instituto de derechos humanos) y esto justificaría el alza en la distribución hacia dicho ítem considerando que ahora la estructura burocrática es más grande, pero continúa la pregunta ¿se justifica el gasto?
Otra pregunta obvia es ¿en qué actividades se gasta ese presupuesto? comprendiendo que el gobierno de Michelle Bachelet es pésimo en casi todas las áreas desde donde se mire, pero hasta donde sabemos, aún no se violan sistemáticamente los derechos humanos.
Se hace imposible evitar el pensamiento de que se trata nada más de un acomodamiento político que le permita a todos los nuevos funcionarios usufructuar del Estado mientras dure la posibilidad, ya que el sector público parece ser muy bien pagado, pero las actividades concretas de los organismos de DD.HH no se justificarían.
Lo interesante es que el comportamiento de dichas entidades ha sido profundamente sesgado en lo político y opera solo cuando cree que las sensibilidades de izquierda podrían ser vulneradas al usar la fuerza pública durante protestas que siempre terminan en violencia y destrucción por parte de los manifestantes, pero dichos organismos jamás han sido consistentes en reclamar derechos humanos para las víctimas del terrorismo en la Araucanía por ejemplo, por lo que es lícito, racional y básico preguntarse si un aumento en el gasto por este concepto de derechos humanos se justifica o no, considerando que son todos los contribuyentes los que ponen el dinero y no se está abogando por los derechos humanos de TODOS.
Por último, teniendo en cuenta que en esta administración el país se ha endeudado por sumas exorbitantes para mantener el delirante gasto fiscal, es importante señalar que la creación de ministerios no resuelve los problemas.
La república por si misma provee los mecanismos e instrumentos para solucionar las diferentes dificultades que surjan. Existen organismos jurídicos e instrumentos legales que le permiten a cualquier gobierno a través de la buena gestión implementar las soluciones necesarias.
Frente a la situación actual de Chile, solo queda manifestar el deseo profundo, ya con características de sueño de que algún gobernante, en vez de salir a anunciar el aumento del gasto fiscal y su distribución a tal o cual ítem, mejor saliera a comunicar que los impuestos bajarán y que gracias al aumento del poder adquisitivo, las personas tendrás acceso a más y mejores bienes y servicios. Sueño con oír de un gobernante que dicho recorte en la recaudación pública será compensado con la eliminación de subsidios a personas que no lo necesitan, además de eliminar cargos burocráticos (funcionarios y asesores) innecesarios.