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Cuando se analiza la gestión de la Nueva Mayoría en Chile en la persona de Michelle Bachelet y sus ministros e incluso de los parlamentarios que son parte de su coalición, no cabe más que preguntarse cuál era la intención real de hacerse del poder.
En general, todos los países tienen problemas, unos más que otros, pero Chile parece haber dado un paso agigantado hacia el tercer mundo de la mano de un gobierno que ya bordea lo psiquiátrico. Es cierto que los gobiernos representan ideas y posturas distintas de cómo se entiende la sociedad, pero pecar de hacer malos diagnósticos, traer curas peores que las enfermedades y defenderlas como si fueran una verdad revelada directamente por alguna deidad que decidió hacer su morada en los cuarteles del partido y a costa del bien común, es simplemente descabellado y justifica la aversión hacia la clase política que hoy parece imperar.
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Los escándalos siempre han formado parte de la política, son lamentablemente acompañantes eternos de todos los que pretenden dirigir un país, ya que la esencia de la misma política es tener la capacidad de lograr los objetivos sin imponerlos con las balas. Es también el arte de la persuasión masiva a sabiendas que habrá un margen de incumplimiento y entre tanto compromiso, los ciudadanos sabemos en el fondo que aunque no es ni deseable ni aceptable, ni debe ser normalizado, siempre encontraremos arreglos menos que ortodoxos en el mundo político, pero incluso eso parece excusable o soportable cuando se logra mantener la paz social y gestionar de manera razonable los asuntos del país. La idea es que quien gobierne, haga que lo que funciona, siga funcionando y que lo que no funciona se examine, se repare si es necesario o se elimine si no tiene arreglo para ser reemplazado por algo que permita que el país no pierda su ritmo de crecimiento, desarrollo y convivencia.
El gran problema del gobierno de Michelle Bachelet y el legado que está dejando es que su ideología se impuso a los márgenes razonables de cambio y gradualidad haciendo y forzando reformas que basadas en un mal diagnóstico de la realidad, han estancado la economía, la educación y, por ende, áreas esenciales de la sociedad.
Entrar en otras o todas las materias que deben competerle al gobierno y como han gestionado estos asuntos es un ejercicio bastante deprimente, ya que no parece haber acierto alguno en la actual administración. Cada diagnóstico social fue antojadizo e ideológico y han ido asesinando las instituciones de manera que las que funcionaban, ahora lo hacen a medias o ya no lo hacen.
La última joya de la corona fue la descarada y criminal jugada política que ejerció el ejecutivo sobre los parlamentarios de su coalición y todos los que quisieran abrazar sus incentivos (nadie sabe bajo que regalías o amenazas pudieron haber logrado sus propósitos) para rechazar un informe de la comisión Sename II (Servicio Nacional de Menores) que explicaba por qué la institución del Estado que se supone ampara y protege a los niños, es responsable de más de 1000 muertes en casi 10 años y como al revelarse estas situaciones, quienes debieron actuar para remediar la situación, en particular la ex ministra de justicia, Javiera Blanco, actuó con una negligencia inexcusable (asunto que estaba explicitado en no más de 2 párrafos en un informe de más de 500 páginas)
El lobby para lograr el rechazo del informe fue implacable e involucró a 4 ministros enviados por la presidenta para disuadir una votación a favor de un informe que inculparía a Javiera Blanco, a quien recientemente nombró como presidenta del consejo de defensa del Estado a modo casi vitalicio e inamovible.
El blindaje no es nuevo, lo hemos visto desde que premia a quienes la exculpan como fue en el caso del 27F, en el que, por su culpa, muchas personas fallecieron en el terremoto del 2010, también como blindó a su hijo y nuera, que aún no sufren las consecuencias del abuso de poder, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, entre otros; por lo tanto el blindaje a Blanco no es novedad, pero hastía.
La defensa a la ex ministra razonaba que ella no era la única responsable porque este es un problema histórico de Chile, que los abusos e irregularidades llevan muchos años. De acuerdo, pero bajo ese razonamiento entonces el gobierno no tiene arte ni parte en la vida del país, porque obviamente todo lo que ocurre bajo el sol data de mucho antes de que los que aquí estamos hayamos nacido. El poder que confiere la ciudadanía con el voto implica asumir las responsabilidades ineludibles que incluyen resolver problemas que estallan en momentos determinados aunque no hayan comenzado bajo el gobierno actual. Se trata de resolver, de gestionar y de producir cambios positivos para qué atrocidades como los abusos en el Sename no ocurran, de lo contrario uno se pregunta ¿para qué quieren el poder?
Lamentablemente este gobierno se ha encargado de responder una y otra vez esa pregunta a través de los varios escándalos conocidos (seguramente hay muchas cosas que no se saben), el poder lo utilizan para beneficio propio, por un ego inconmensurable de sentirse como reyes de un país al que ven como un feudo y a sus ciudadanos como peones obligados a financiar y aplaudir sus despilfarros, sus antojos ideológicos y sus desaciertos. No es para gobernar, es para tener poder por el poder. Lo han demostrado en incontables ocasiones y sus parlamentarios siguen la misma conducta. El socialismo en Chile ha estancado al país más próspero de Latinoamérica y ha demostrado una vez más que lo más sensato para el bienestar común es menos Estado y más sociedad civil.
Todo esto tendrá un alto costo político para la Nueva Mayoría, pero eso a estas alturas, es lo mejor que le podría pasar al país. Que vuelva la libertad y que retroceda la tiranía estatal que nos ha sumido en tan vergonzosa y abrumadora situación de desconcierto general.
