Bachelet ata las manos del próximo gobierno chileno con 1.200 burócratas laboralmente intocables

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(ViajeEnPauta)
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En tiempos de populismo y demagogia, son pocos los candidatos con un carácter lo suficientemente responsable y pragmático como para sugerir una modernización del Estado que además implique una reducción del mismo.

No es sencillo plantear reformas que reduzcan el gasto público, ya que los políticos viven de la aprobación ciudadana y sobretodo en un país que cada vez se informa peor (no necesariamente menos, pero con eslóganes y propaganda más que con datos y números) los bonos del Estado, los programas asistencialistas y las burocracias creadas para manejarlos son valoradas por aquellos que no generan riqueza sino que la consumen.

En este ambiente es honesto y necesario destacar tanto a los candidatos José Antonio Kast, como al ex presidente Sebastián Piñera por proponer la modernización del Estado en dos distintas áreas; ambas positivas. Kast busca una reducción del Estado eliminando ministerios que a su juicio (y el de muchos) son innecesarios, tanto por el contexto en el que se encuentra Chile, como por la capacidad de organización de la sociedad civil. Esto haría que el Estado disminuyera el nivel de gasto enormemente, ya que son miles de millones de dólares ocupados en pagar sueldos en áreas no productivas, además de la infraestructura y logística que cada ministerio necesita.

Piñera, por su parte, propone digitalizar todos los trámites que involucren al Estado, de modo que TODOS… sí, todos los trámites del Estado puedan hacerse electrónicamente vía internet, con aplicaciones y ordenadores. Esto reduciría la excesiva burocracia y los muy innecesarios tiempos de espera. Para los usuarios todo esto es positivo, pero políticamente hablando significa ciertos reveses para la coalición izquierdista que actualmente gobierna, y he aquí la contextualización y explicación.

Hace pocos días el gobierno encabezado por Michelle Bachelet, Socialista muy ligada al comunismo, promulgó una ley de amarre del Estado que consiste en dejar imposibilitado al siguiente gobierno de reemplazar una cierta cantidad de funcionarios públicos. Alrededor de 1200 puestos en alta dirección pública fueron asegurados como intocables para el gobierno que venga y sin importar el desempeño que estos empleados tendrán, gozarán de inamovilidad.

En teoría, estos cargos llegan a ocuparse por concurso público, pero dada las circunstancias, con un gobierno izquierdista que vive del amiguismo y que sustenta su base electoral en este factor, es difícil creer totalmente en la meritocracia. Hoy por hoy, el país tiene acceso a las listas con los nombres de estos funcionarios y luego de una simple revisión es más que evidente que los criterios utilizados para selección de personal tienen más que ver con el parentesco que tengan que con su perfil profesional. Una pequeña muestra es la familia Goic, en la cual hay una candidata presidencial miembro del partido Demócrata cristiano. Al menos 5 parientes suyos están en la alta dirección pública sin cumplir requisitos para ocupar el cargo que ostentan, incluyendo su hermano Pedro Goic, veterinario de profesión y que hoy dirige el SENCE, que es un organismo técnico descentralizado del Estado, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Sus principales objetivos son aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, por medio de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación e intermediación laboral, ligados a un proceso de formación permanente. Dando una simple mirada a la hoja de vida del señor Goic, es imposible concluir que él está ahí por mérito.

 

Suma y sigue, la cantidad de políticos del gobierno con parientes en las filas del Estado es abrumadora. Para que hablar de los astronómicos sueldos que cada uno de ellos gana, lo cual se justificaría si, en primer lugar, su cargo estuviera justificado, y en segundo, si sus competencias hicieran que su gestión fuera impecable y digna de aplauso. Lamentablemente la evidencia en términos de logro de objetivos, gestión y transparencia demuestra que ser familiar de personas conectadas al gobierno es el único requisito para llegar a cargos de alta dirección pública.

La ley promulgada para conservar al menos hasta septiembre del 2018 estos cargos sin posibilidad de remoción, va en contra de toda lógica de modernización, de beneficio para el ciudadano que seguirá perdiendo dinero de sus impuestos en cargos a veces innecesarios y trabajadores no preparados para sus funciones. La excusa de salvaguardar empleados calificados es débil dada la evidencia de nepotismo generalizado que se hay en contra de este gobierno, y no permitir al siguiente presidente tener la posibilidad de reducir los impuestos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al además reducir las burocracias, solo habla del pobre interés de conservar el poder por el poder y porque esto significa que su incompetencia puede ser remunerada indefinidamente a costa de los chilenos que producen.

EL discurso generalizado de los candidatos presidenciales de izquierda (que son todos menos 2, Piñera y Kast) es “no hay que dejar que la derecha gane” y si bien uno podría justificar esos dichos en la ideología, esto se vuelve insostenible frente a la carencia absoluta de “proyecto país”. No hay ideas en la izquierda que no sean conservar el poder, y gracias a la evidencia ya sabemos para que desean ganar las elecciones. Nada mejor que ser un inepto y vivir a costa de otros.

Lo que hace Bachelet y su elenco es simplemente impedir la modernización del Estado, conservar el alto gasto público en favor de sus amigos políticos y ganar así sea los votos de los beneficiados con estas conexiones. Es una contra modernización del Estado que en vez de avanzar hacia la tecnología y el verdadero empoderamiento de la sociedad civil, se estanca en la acumulación de burócratas, la mayoría no calificados y que con el tiempo aumentan su incompetencia por la seguridad de la inamovilidad.

En resumen, a la izquierda chilena le conviene el atraso, el medievalismo estatal y la burocracia, porque siempre quien defiende el estatismo, en el fondo defiende vivir a costa de otros.

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