Ministra de Salud evidencia bancarrota moral de los burócratas en Chile

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bancarrota moral
El principal interés de quienes gobiernan Chile es utilizar los recursos públicos para engordar sus bolsillos y aferrarse al poder. (Youtube)

Las buenas intenciones para gobernar no bastan. La decisión para gobernar con eficiencia y eficacia implica tener un control constante sobre aquello que se administra, una férrea fiscalización sobre el uso de los recursos disponibles y un énfasis correcto para llegar a la buena administración.

Chile ha sufrido una falta de pericia administrativa por cuatro años bajo la administración Bachelet, pero una cosa es no tener las competencias para administrar un país y ver cómo en el camino cada idea propuesta es más imprecisa que la anterior, lo cual ha ocurrido, y otra es utilizar deliberadamente la posición administrativa para robar. Sí, el término es el correcto, robar.

Gran polémica se generó la semana pasada en Chile al conocerse la existencia de un bono de incentivo al retiro al que tienen acceso los funcionarios del sistema de salud pública. Una de las postulantes para recibir dicho bono fue Carmen Castillo, ministra de Salud, y que equivale a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio en el sistema público y un beneficio adicional de $15 millones CLP ($23.000 USD). La polémica se generó por el hecho de que su postulación fue autorizada mientras aún ejerce el cargo en la cartera de Salud.

En la lista de 131 postulantes para recibir el bono, que cada año es entregado a trabajadores agrupados en gremios como la Fenpruss o la Fenats, se confirmó la presencia de la ministra, quien cumplió con los requisitos para acogerse al beneficio y con ello, jubilar.

Según la presidenta de la Federación de Profesionales de la Salud, Fenpruss, Gabriela Farías, la titular de la cartera tiene derecho por su trabajo de más de 10 años en el servicio de salud de Aconcagua, donde se desempeñó como directora. El total del beneficio sumaría $80 millones de pesos chilenos, un equivalente a USD $126.497.

Es impresionante lo fuertes que pueden llegar a ser los gremios de la salud en Chile, pero más impresionante es que se utilice la legalidad para hacer uso de recursos no propios y absolutamente escasos. Es bueno recordar que el Estado no tiene más dinero que el que sus contribuyentes pueden proveerle, y estos, cada día más empobrecidos, requieren en el sistema público de salud una decidida probidad, pues los recursos, dada la situación de salud de Chile, son limitados.

El Ministerio de Salud tiene un historial, no solo de este Gobierno, de mala administración o gestión insuficiente. Resulta que las finanzas siempre han sido un problema y no importa cuántas inyecciones de dinero se le haga al ministerio, mientras este siga utilizando los recursos mayoritariamente en salarios ministeriales y burocracias administrativas más que en infraestructura, tecnología y médicos de base, siempre habrá un déficit en la atención pública.

Retomando el tema de la ministra Castillo, que se postulaba para recibir un bono de retiro perfectamente legal y que, según la letra, le corresponde, ¿por qué resulta en polémica entonces?

Es que hay una diferencia entre lo legal y lo ético. Hay cosas que son perfectamente legales, pero son cuestionables incluso moralmente. Si se sabe que hay una escasez de recursos, que la responsabilidad de utilizarlos bien es imperativa, que los déficits en el área de la salud están haciendo implosionar la cartera, entonces ¿por qué existe este bono? Cuando los trabajadores en cualquier parte se jubilan, algunas empresas les hacen un gesto de agradecimiento con algún regalo o suma de dinero, pero es opcional y responde también a las finanzas de la empresa, pero el Estado es generoso con los dineros de los chilenos.

 

Carmen Castillo no recibe un sueldo miserable, no tiene las temibles lagunas laborales que crean agujeros financieros en los fondos de pensiones de las personas que no cotizan fielmente mes a mes, por lo tanto, su pensión será digna y justa dada su trayectoria, pero la legalidad ofrece un pedazo de la torta fiscal que es tan difícil de ignorar.

Son esos recursos por los cuales otros trabajaron, pero les fueron requisados por el Estado y parte de ellos asignados a la cartera de salud. Es un dinero que no cuesta ganar y que la legalidad permite echar mano de ellos siempre y cuando se cumpla con el diligenciamiento correcto de formularios que probablemente se firmarán para autorizarse entre amigos. ¡Es tan sencillo! Ahí están y el razonamiento mueve a la persona a pensar que si no se los lleva ella, otro lo hará porque la legalidad lo permite. Así que aunque sea antiético, dado los serios problemas de recursos mal administrados que tiene el país y sus evidentes carencias, está permitido y eso apaga la conciencia de muchos.

El hecho de que exista una ley que permita semejante despilfarro y que crea incentivos perversos se les haya pasado a quienes las hacen, explica el notorio desespero de toda la coalición gobernante por aferrarse al poder. Es que ese poder les permite seguir creando legalidades que les permite apropiarse del botín.

Hoy la ministra dice que renuncia al bono citado, pero eso no cambia el problema de raíz. Se seguirán presentando legalidades por todos lados que permitan, en uno y otro ministerio y todas sus burocracias dependientes, extender las manos para obtener un poco del botín estatal. Podría ser cualquier funcionario o ministro, no se trata de la persona o la suma, sino del principio que rige la acción.

La pregunta es: ¿habrá alguna administración lo suficientemente valiente que se atreva a reducir el malgasto? Porque por legal que sea, sigue siendo un robo. Cada vez que los recursos de todos los chilenos son utilizados para engrosar las billeteras burócratas en vez de orientarse a resolver los problemas en su raíz y ramas, es robo y no hay ley que pueda cambiar el código ético de estas acciones.

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