El otro legado de Bachelet en Chile: crisis de las instituciones

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La presidenta Michelle Bachelet se enfrenta a una etapa dura y sensible en Chile debido a filtraciones de investigaciones policiales.
Michelle Bachelet se enfrenta a una sensible situación institucional en Chile. (Flickr)

A las puertas del fin de su mandato, la presidenta Michelle Bachelet se enfrenta a una sensible situación que demanda un oportuno y concreto actuar con talante presidencial, de manera que se vuelva al orden.

En la historia de Chile se pueden revisar distintos periodos, de bonanza y de escasez, de orden y caos. Pero la generalidad histórica nos lleva a concluir que Chile es un país apegado a instituciones y que confía en que estas funciones, así sean instituciones provisionales, insuficientes, desordenadas o excelentes. En cualquier caso, la población tiene una especie de chip institucionalista en el que la confianza es clave para el funcionamiento correcto de la sociedad. Por esta razón, es inquietante ver como ciertos bastiones de la confianza pública como son los carabineros (policía), la PDI (Policía de Investigaciones) y la Fiscalía se enfrentan cual enemigos novelescos.

El terrorismo en la Araucanía, que si bien lleva muchos años existiendo y siendo un problema para la zona, no se había desatado como en estos últimos cuatro años en donde hemos visto, oído y leído casi a diario los informes sobre quema de camiones, asaltos a fundos y ataques a campos y las distintas maquinarias de trabajo. Lo llamativo de esta terrible situación es la falta de coordinación de las instituciones. Esto aparte de la increíble indiferencia de las autoridades y el desplante con que comuneros mapuches asumen al menos la autoría intelectual de tanto desmán con llamados a defender la causa contra el estado chileno.

Son muy serias las acusaciones que estas instituciones se hacen entre sí y demuestran que ha faltado liderazgo para generar avances y resultados objetivos.

Hace unos días conocimos la noticia sobre las aparentes filtraciones desde la Fiscalía y la Agencia de Inteligencia Nacional (ANI) hacia la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Lo cual es muy preocupante, pues significaría que todo el trabajo policial se vería perjudicado y no generaría resultados al poner sobre aviso a quienes se investiga. Por este motivo, el diputado electo por la IX Región, Andrés Molina, pedirá a sus pares de Chile Vamos que se cree una instancia que indague sobre esta situación. Lamentablemente, los enfrentamientos institucionales no quedan ahí. Muchos especulan que a modo de retaliación, la fiscalía hace acusaciones también y estas tienen que ver con la operación “Huracán” que significó el arresto de muchos comuneros mapuches implicados en actos de violencia (incluido el asesinato de los ancianos Luchsinger Mackay).

El conflicto se centra en que la operación policial utilizó su tecnología para alterar evidencia y montar pruebas en los mensajes telefónicos de los acusados.  El Ministerio Público anunció que cerrará el caso contra los comuneros por ataques incendiarios tras detectar alteración de las evidencias recopiladas por la policía uniformada y, específicamente, mensajes contenidos en celulares que fueron incautados. Esto también derivó en que el Gobierno pidiera un sumario a cargo del subdirector de Carabineros, general Julio Pineda.

Según indicó el diputado Matías Walker, “vamos a promover una comisión investigadora con el objeto de determinar responsabilidades políticas en lo que dice relación, en lo que a todas luces, es un escándalo de descoordinación entre la policía de Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia y el Ministerio Público”. Bruno Villalobos, Director General de carabineros aún no se pronuncia, pero otros carabineros niegan tal manipulación y plantean su desconfianza hacia la fiscalía; pues la presentan como una institución politizada, que defiende el terrorismo y actúa solo para limitar la labor policial.

Lo que produce este tipo de conflictos en la población es tremendo. La gravedad de estas enemistades institucionales minan la confianza en la justicia, pues las víctimas del terrorismo se sienten desprotegidas por el Estado, que debiera protegerlos y que sin embargo decide hacer la vista gorda a tanta violencia desatada, y consideran que la justicia no solo es garantista; sino que luego de estos enfrentamientos, sin duda la tienen por corrupta. No solo ellos asumen esta posición sino muchos a lo largo del país y lamentablemente queda la duda.

Por su parte, la confianza en el pulcro trabajo de carabineros, que permite que las víctimas tengan la certeza de que su policía les ayuda contra la violencia que sufren, hoy se sienten más vulnerables pues, de confirmarse las acusaciones de la fiscalía, también significa que aquellos que pueden usar para resolver una causa a tu favor, podrían usarlo en tu contra.

La situación es delicada y en la historia reciente de Chile no parece haber precedente. Más allá de comprobarse las acusaciones, se levanta el tema de que el asunto del terrorismo y la mal llamada causa mapuche, significan una profunda división ideológica que se está manifestando en los resultados de la justicia como si esta fuera un partido de tenis donde cada jugador pelea sus sets.

Tenemos hoy un Gobierno de izquierda liderado por Michelle Bachelet que, en su actuar silencioso, protege al terrorismo y lo ampara con la indiferencia que puede simplemente traducirse es ese apoyo tácito que le permite a los violentistas causar daño de manera impune. Las pocas soluciones que ha ofrecido el Gobierno son deficientes mesas de diálogo y más burocracia para un problema que necesita mano firme, sin medias tintas, para resolver el asunto a favor de los chilenos de origen mapuche y europeo que se ven afectados por la violencia de los separatistas.

Esta actitud, llama a que aquellas figuras dispuestas a resolver la situación que el Gobierno ha dejado de lado, lleguen a tomar medidas extremas entendiendo que en este asunto, están por su cuenta. Cual viejo Oeste, cada uno se salva como puede, pues el Gobierno no cumple al menos la función de poner orden y restaurar la dignidad institucional del país.

Sean o no ciertas las acusaciones que las instituciones se hacen entre sí, lo que esta crisis ha causado es que se victimice al terrorismo, se abandone a las víctimas y que los chilenos deban preguntarse como víctima en chespirito ¿y ahora quién podrá defendernos?

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