Chile: La Izquierda y el Tribunal Constitucional

El odio por la Constitución parte porque se origina en pleno gobierno militar y no por su contenido ya que este es bastante republicano y tendiente hacia la libertad

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El odio por la Constitución parte porque se origina en pleno gobierno militar.(MW)

Pareciera que se trata de una novela, de aquellas de amor y odio, pero más bien unilateral. Cuando se trata de la Constitución, la izquierda tiene una fuerte opinión y sencillamente se trata de buscar incesantemente un cambio de la misma.

La visceralidad con la que se expresan sobre la carta magna tiene más que ver con su origen que con su contenido. Siempre es bueno ejemplificar estas cosas con elementos que nos resulten familiares para entender de que se tratan aquellas temáticas más complejas.

El odio por la Constitución parte porque se origina en pleno gobierno militar y no por su contenido ya que este es bastante republicano y tendiente hacia la libertad. Por lo tanto en el peor de los casos es como que un ladrón predicase sobre no robar. Si bien no tiene autoridad moral para emitir el mensaje, este es válido y legítimo. El valor de la Constitución no está en su origen sino en su contenido.

Dicho esto, cabe destacar que el tribunal constitucional (TC) defenderá las libertades baluartes de la carta magna velando porque las leyes concebidas por el legislativo tengan concordancia con los principios expresados en la Constitución. Si alguna ley no se ajusta a esos márgenes, entonces es deber del TC sentenciarla como inconstitucional dando pie a su derogación.

En múltiples ocasiones, ha sido la izquierda la que ha recurrido al TC para que sancione una que otra ley que parezca ir contra los principios de su sector y en más de alguna ocasión los fallos del tribunal han sido aplaudidos por esta misma izquierda, como por ejemplo, la ratificación de la despenalización del aborto en 3 causales, pero por estos días, no hay nada más impopular para los “compañeros” de puño en alto, que un tribunal que sanciona como lícito el “lucro” en las universidades entendiendo este término dentro de los márgenes que provee la Constitución.

Para explicar mejor, entiéndase como aborrecible para la izquierda, todo aquello que a un tercero que no sean ellos mismos, le genere ingresos. Giorgio Jackson incluso expresó su deseo de ojalá eliminar el TC, pero si esto no fuera posible, prácticamente sugiere que solo la izquierda elija a sus miembros, porque estos según Jackson, son los únicos que podrían garantizar fallos modernos y progresistas.

No entiende Jackson que la misma diversidad del TC permite que se defienda la institucionalidad sin los apremios dictatoriales del partido del gobernante de turno.

Es muy posible, que como ocurre en muchas otras materias, los parlamentarios de la izquierda no entendieron lo que significa el fallo y aunque lo hubiesen entendido, parecieran operar bajo la lógica de destruir todo lo que le sirva al enemigo político, olvidando que respecto a la materia de educación fueron ellos los que recurrieron al TC.

Es que no se ha entendido que el lucro no tiene que ver con las utilidades de una universidad y terminar con él no se relaciona con la gratuidad ni la estatización. Hasta el año 1981, existían tan solo 8 universidades en Chile, de las cuales solo 2 eran del Estado y el resto pertenecía al mundo privado. Ese año, el gobierno miliar promulgó la Ley General de Universidades, con la cual se permitió la ceración de planteles privados con el objetivo de masificar la educación superior mejorando el acceso y la cobertura.

Las universidades del Estado se dividieron y junto con las privadas con aporte estatal, sumaron 25 instituciones que formaron el CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas), las cuales supervisaron a las privadas que iban emergiendo y luego de certificarlas, les entregaban autonomía.

Esa misma ley estableció que las universidades no tendrían dueño, sino que se constituirían como personas jurídicas sin fines de lucro, eso significa que estas tendrían sostenedores que no podrían convertir la educación en un negocio. Para especificar mejor lo plantearemos así: la ley no estableció que la universidad como institución no pudiera generar utilidades o aumentar su patrimonio, sino que dejó en claro que los sostenedores (directivos o asociados), no podrían incrementar sus ganancias a través de los ingresos por la educación entregada.

Tal como lo señala el artículo 557-2, las rentas que se perciban de esas actividades, solo deberán destinarse a los fines de la asociación o fundación o a incrementar su patrimonio. Entonces el espíritu de la ley era que el sostenedor realizara, a través de su patrimonio o donaciones, un aporte social, por lo tanto una universidad puede y debe percibir utilidades (ganancias) y de hecho la Comisión Nacional de Acreditación, valora esto pues una universidad que no tenga ganancias, no puede invertir en mejorar su servicio, por lo tanto no podrá estar al nivel que el país requiere ya que si no reinvierte para mejorar sus estándares, pronto quedará obsoleta.

El problema consiste entonces en que en algunas instituciones sus sostenedores han formado sociedades o empresas que prestan servicios relacionados para poder “extraer” esos recursos, ya sean sociedades inmobiliarias, de servicios educacionales, de recursos humanos, etc.

Así como ocurrió con la universidad ARCIS cuyo sostenedor era el partido comunista, pero que por dichas extracciones de recursos hechas a través de empresas asociadas, cuyos precios por servicios son fijados por los mismos sostenedores para enriquecerse a costa de los estudiantes, pero sin entregar de buena manera el servicio por el que se paga, quebró dejando a muchos estudiantes varados en su educación.

Entendiendo esto, es posible determinar que las universidades que perciben ingresos y con ellos pagan sus gastos operacionales, sueldos, reinvierten en infraestructura, tecnología, etc. no están lucrando.

Así es Giorgio Jackson y compañía de odiadores del TC, este solo ratificó que la educación no cae del cielo como el maná y para que esta sea de calidad, necesita los mejores insumos y que es lícito que estas instituciones busquen dicha excelencia a través de las legítimas ganancias obtenidas por un servicio de calidad.

No pueden eliminar el TC cuando no les gusta lo que diga y es una buena lección para la ciudadanía que puede ver claramente que pasaría con el país de ser dejado en manos de los antojos juveniles de la izquierda.

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