La policía de Chile ha tenido por largo tiempo una buena reputación. El carabinero de a pie, aquel que cada día se presenta a cumplir con sus responsabilidades, es visto como un personaje de confianza por la sociedad, pese a los escándalos de corrupción de los altos mandos que por desvío de fondos parecieron empañar la impecable imagen que se tenía de la policía nacional.
Más allá de la percepción ciudadana del carabinero, existe un entendimiento general de que la policía tiene en términos de seguridad ciudadana, el monopolio de la fuerza. Su organización es vertical con un definido organigrama a cuya cabeza está el director general el cual está subordinado a las fuerzas armadas, de la cual carabineros es una rama y estas están subordinadas a la nación en primer lugar, pues han jurado defender la patria y por lo tanto están también subordinadas al poder ejecutivo mientras este respete la Constitución.
La idea de tener una fuerza policial en un país es precisamente porque es sabido que el crimen no descansa, el delito está a la orden del día si se le permite operar y debe haber quien contrarreste su nefasto quehacer en pro de la seguridad ciudadana.
Básicamente la labor de la policía es resguardar la seguridad física de la población, defender su derecho a propiedad privada, la vida y en esencia, su libertad. Cuando un tercero amenaza esa libertad como por ejemplo en destrozos a la propiedad privada, desorden en la vía pública, atentado contra la vida de alguien, es deber del carabinero intervenir con el fin de evitar el progreso de dicha acción, por los medios que la constitución le confiere y la fuerza que le es permitido usar.
¿Qué sentido tendría enviar a un policía a disuadir un asalto por medio de sermones? Lo más probable es que frente a dicha política, el crimen proliferaría hasta llegar a un punto insostenible. Por eso es que se le ha conferido a la policía, el permiso de utilizar la fuerza cuando sea necesario, pues el delincuente no utilizará discursos para efectuar su acto.
Entonces, considerando la paz, armonía social y libertad como los valores primarios a defender en pro de la nación, es correcto preguntarse ¿tienen los carabineros derecho a ejercer su labor pese a que marginalmente las consecuencias de este ejercicio sean indeseadas? Ejemplo: delincuente queda inválido luego de que carabineros intercepte asalto a mano armada. Entonces, en este sentido, ¿estaría bien que la policía utilice los medios que le confiere la ley para restaurar el orden social? ¿Esto pese a resultados indeseables?
En el año 2015, cuando era presidente de la república la señora Michelle Bachelet, durante el día de la cuenta pública de ese año, que es el 21 de mayo, se realizaron protestas que terminaron con destrozos y desmanes en la vía pública y hasta un incendio de una propiedad privada. Se llamó a carabineros a dispersar a los manifestantes que para ese entonces estaban absolutamente mezclados con los típicos delincuentes que disfrutan del vandalismo.
En esa ocasión el sargento Manuel Noya, operaba un carro lanza agua de la institución con orden de dispersión, la cual cumplió a cabalidad al apuntar los chorros de agua cerca de la multitud desordenada. Sin embargo, un joven llamado Rodrigo Avilés, que según algunos participaba de los desmanes y según otros era un simple manifestante casi espectador, recibió de manera directa el impacto del agua dejándolo grave en cuidados intensivos y sin conocimiento por varios días, teniendo finalmente una lenta recuperación.
Los medios resaltaron el hecho como un acto de salvajismo policial sin siquiera cubrir la versión del uniformado. No repararon en las circunstancias del hecho las que indican que la bruma producida por el agua resta cierta visibilidad y que una vez lanzada el agua, la tendencia es apartarse de ella, no enfrentarla, por lo cual no se habría advertido la presencia del joven frente al lanzador.
El desfile de autoridades hacia el hospital para visitar al joven manifestante fue exagerada, planteando que hubo uso excesivo de la fuerza al punto de hablar de juicio contra el uniformado. De hecho hoy existe una forma de juicio abreviado para él y la posibilidad de ser dado de baja por ir a cumplir con su deber pese a que la consecuencia fue indeseada.
La verdad sea dicha, un manifestante pacífico se retira apenas comienzan los desmanes. No querrá verse involucrado en dichos actos. Esto para meditar si la canonización mediática del manifestante Rodrigo Avilés tiene algún sentido, pero por sobre todo esto, se genera la pregunta ¿para qué enviar a la policía a hacer un trabajo por el cual será condenada después? ¿Acaso no es esto un incentivo perverso que tendería a corromper al cuerpo policial?
Es frustrante tener un mandato superior y no poder ceñirse a él por suspicacias ideológicas de los superiores, en este caso sería el escándalo armado por la gente de izquierda, quienes ven en toda respuesta policial frente al desorden que afecta a miles de personas, una provocación fascista.
Esta situación es como enviar a un auditor a revisar las finanzas de una empresa y culparlo porque encuentra déficit. Por ridículo que suene el ejemplo, es lo que afectó hoy a carabineros de Chile.
Si el orden y la seguridad ciudadana significan algo para la clase política, será necesario restaurar la autoridad de la policía al menos dejándolos hacer su trabajo en paz y que aquellos que se expongan a situaciones límite, cosechen el resultado de su decisión.
Finalmente cabe decir que ningún ciudadano de bien, que perdió su propiedad, la vio dañada o afectada, ha sido reparado de alguna manera. No ha habido cobertura mediática y el guardia que murió incendiado aquel día, pasó al absoluto olvido, ni cerca de la atención de los medios que recibió el joven angelical que solo manifestaba y que el diabólico carro lanza agua hirió.