El Caso OAS y los “intocables” en Chile

Se debe establecer un claro precedente en torno a la corrupción y como medida final y permanente, la disminución del tamaño del Estado. Mientras menos poder se le atribuya, menos flancos de corrupción tendrá

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El Caso OAS y los “intocables” en Chile (eng)

Uno de los grandes casos de corrupción, que ha involucrado a demasiados políticos de diferentes países, es el caso OAS. Es que es tan rentable cuando el Estado es tan grande que puede a discreción favorecer al poder empresarial en desmedro del verdadero capitalismo que promueve la libertad de competencia, el libre mercado, la capacidad de elegir entre distintos oferentes sin intervención del Estado.

Es muy bueno para las grandes empresas que desean monopolizarlo todo, contar con gobiernos poderosos y extendidos que puedan asegurarle ciertos márgenes de ganancias a costa de los emergentes y de los usuarios, pues por algunas insignificantes sumas de dinero, se tendría acceso al botín de los distintos países.

Precisamente aquella práctica que Adam Smith pudo prever tan claramente en el siglo XVIII, donde el poder político atenta contra las personas al aliarse estratégicamente con el poder económico haciendo cada vez más difícil la movilidad social.

No es la empresa en sí la que significa perjuicio para las personas, sino las políticas antiliberales que pretenden comprar gobiernos para asegurarse mercado.  

Chile, siempre parece ser ante el mundo, esa excepción, donde la clase política es incomparable. Con muy buena prensa internacional, personas como Michelle Bachelet salen del poder con grandes reconocimientos, sin pasar un solo minuto explicando las obvias conexiones que tiene tanto ella como sus aliados políticos en estos casos de corrupción internacional.

Nadie en Chile siquiera creería posible que sus exdirigentes puedan responder ante la justicia porque simplemente, “así son las cosas” y aquí no pasa nada, pero al parecer, las sospechas ciudadanas no han quedado en el olvido, sino parlamentarios de la coalición de centro derecha “Chile vamos”  entregarán una carta dirigida al fiscal nacional, Jorge Abbott, para que se investiguen los eventuales vínculos que pudieron existir entre la empresa constructora brasileña OAS con exdirigentes de la entonces Concertación. (Nueva Mayoría)

Esto, a raíz del artículo que publicó un reconocido medio en donde se presentaron una serie de correos electrónicos entre el primer gerente general de OAS en Chile, Felippe do Prado Padovani, y el operador político Giorgio Martelli. En ellos, se evidenciaría que este último recibió pagos por concretar reuniones entre ministros de la expresidenta Michelle Bachelet y la empresa brasileña. Algunos de ellos apuntaban a los exsecretarios de Estado Sergio Bitar (OO. PP.), Marcelo Tokman (Energía) y Santiago González (Minería).

Por este motivo, en la carta que Chile Vamos le entrega al fiscal nacional, el oficialismo hace un llamado a seguir indagando en la recolección de nuevos antecedentes.

“La mayor trama de corrupción que ha afectado a Brasil no puede quedar impune en nuestro país, tras conocerse estos nuevos antecedentes que vinculan a personeros que han ocupado los más altos puestos en nuestro país con esa empresa”, se indica en la misiva.

De esta forma, los parlamentarios agregan luego en el escrito que se debe “citar a declarar a los expresidentes señor Eduardo Frei y señora Michelle Bachelet; además de citar también a declarar a las señoras Laura Albornoz, Javiera Blanco y Paula Narváez, y a los señores Sergio Bitar, Marcelo Tokman, Álvaro Elizalde, Rodrigo Peñailillo, Giorgio Martelli, Alberto Arenas, entre otros, a fin de que puedan entregar nuevos datos con respecto a los antecedentes conocidos en las últimas horas en el caso OAS”.  (todos estos personajes, ligados a Michelle Bachelet, la Nueva Mayoría y la izquierda)

Existe también un convenio de colaboración entre procuradores de la región, con el cual los parlamentarios de Chile Vamos, enviarán a través de la fiscalía una solicitud a la Procuraduría General de Brasil para que accedan a la declaración compensada del exdirector ejecutivo de OAS, Léo Pinheiro.

Así, los diputados pretenden que el condenado por el caso Lava Jato pueda entregar más información sobre los eventuales vínculos existentes entre la firma constructora y la campaña política de la expresidenta Michelle Bachelet.

Lo increíble de todo esto, es que en este tipo de asuntos, los delitos prescriban. Que ahora se hagan llamados a la colaboración para que los chilenos puedan saber la verdad, como si los aludidos, que han demostrado con creces sus ambiciones de poder, su nivel de corrupción y doble moral, fueran a cooperar declarando.

Sí, a los chilenos nos interesa conocer la verdad, nos interesa darnos cuenta de la enormidad del Estado, de ese poder que tiene sobre todos nosotros y que le hemos permitido que tenga a tal nivel de corromperse fácilmente con tal de asegurar su permanencia, vendiendo la libertad económica de un país al mejor postor.

No solo es bueno que los chilenos tomen nota de cómo se han gestado estos hilos de corrupción sino que es necesario que se tomen medidas al respecto. NO se trata de simplemente ver cabezas rodar, sino de sentar precedentes firmes sobre la noción de transparencia que debe tener un país.

Esconder estos asuntos bajo la alfombra, no los elimina. Siempre tendemos a sorprendernos y reaccionar con incredulidad frente a los casos de corrupción que terminan significando destituciones y cárcel para altos funcionario e incluso expresidentes de otras naciones, como si el destape mismo fuera símbolo de que allá si son corruptos, pero en Chile no.

La verdad sea dicha, simplemente en Chile no hay sanciones y eso invisibiliza el delito. Sencillamente, en Chile, son “intocables” y no pasa nada cuando arriesgas la libertad de cualquier tipo de tus compatriotas porque casi que por deferencia hacia el cargo ejercido, la justicia hará vista gorda y aquí no ha pasado nada.

Sí, como chilenos queremos la verdad, pero más aún, nos es necesaria una señal de justicia. No basta con declaraciones voluntarias, sino que es necesario abrir un verdadero caso, donde no prescriban delitos de esta naturaleza pues la libertad no es un juego.

Se debe establecer un claro precedente en torno a la corrupción y como medida final y permanente, la disminución del tamaño del Estado. Mientras menos poder se le atribuya, menos flancos de corrupción tendrá.

 

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