Una clara señal intenta mandar Sebastián Piñera a la delincuencia. “No tendrán paz para delinquir, el crimen dejará de pagar” y esto lo logra a través de una serie redadas nocturnas coordinadas por el Ministerio del Interior, en la persona del ministro Andrés Chadwick, Policía de investigaciones y Carabineros.
Los resultados parecían ser muy efectivos pues las cuentas nos daban miles de detenidos a nivel nacional en una medida de prevención del delito y lucha férrea contra la delincuencia, pero no contábamos con el mensaje que el poder judicial le enviaría al ejecutivo a razón de estas acciones.
Los jueces de la nación se orquestaron para advertirle al primer mandatario que si seguían deteniendo delincuentes, se saturaría el sistema judicial y que no darían abasto para cubrir la demanda a lo que el presidente respondió sin demora “sé que estas rondas preventivas, de las cuales ya llevamos cuatro, significan una gran presión para la fiscalía y también para el Poder Judicial, pero estoy convencido de que es necesario continuar con estas rondas y, a pesar de la carga del trabajo que ello significa para la Fiscalía y para el Poder Judicial, estas rondas son necesarias y van a continuar, y vamos a buscar los mecanismos de mayor coordinación, para permitir que la acción de las policías se vea complementada con la necesaria acción de la fiscalía y del Poder Judicial”.
No es de extrañar que como respuesta, el poder judicial deje al 73% de los detenidos en libertad. Ahora, ¿Se justifica la actitud del poder judicial? En el fondo lo que los jueces dicen es que dado los turnos que tienen, la cantidad de trabajo que ya están afrontando, no les es posible absorber más y que por colapso laboral se ven obligados a dejar libres a una buena cantidad de infractores.
La ronda policial realizada por Carabineros entre las 18.00 del viernes y las 7.00 del sábado fue catalogada como “muy exitosa” por el gobierno. Sin embargo, y de acuerdo a la información entregada por el Poder Judicial, no todos los detenidos de la jornada en Santiago enfrentaron a un juez de garantía en el Centro de Justicia de la capital.
Según cifras de Carabineros, en el operativo se detuvo a 1.360 personas en la Región Metropolitana (603 en la Zona Este y 757 en la Zona Oeste). No obstante, solo fueron derivadas 361 personas hasta los tribunales penales de Santiago el sábado.
Esto significa que 999 arrestados en la jornada no llegaron a enfrentar los juzgados, es decir, el 73%.
¿Cómo podría el poder judicial conectarse y adaptarse mejor a la ciudadanía dejando de parecer una institución medieval inefectiva?
¿Qué cambios necesita ver la población para entender que el poder judicial está efectivamente de su parte y no de parte de la delincuencia? Hoy por hoy la advertencia hecha por los magistrados al poder ejecutivo es percibida por la ciudadanía como un reclamo de una organización compuesta por jueces holgazanes, sin disposición para impartir justicia y revelan el desdén de este poder del Estado hacia los ciudadanos. Se percibe también como corrupción, alianza con la delincuencia y se habla lisa y llanamente de jueces vagos que viven a costa del estado esperando hacerlo con el mínimo esfuerzo en desmedro de la sociedad.
Es peligroso que un poder independiente del Estado, como el judicial, sea tan mal visto por la población, casi como un enemigo más que alienta la delincuencia y la promueve al abandonar su deber de impartir justicia. Por defecto, se fortalecen los otros dos poderes donde aún se percibe algún grado de cercanía y conexión con la realidad nacional, dándole a cualquier gobernante ávido de poder una perfecta excusa para aumentar su rango de acción entre vítores y aplausos ciudadanos, pues lo que se requiere es acción.
Piñera ha demostrado ser respetuoso de la institucionalidad pero eso no significa que no tendremos en un futuro un gobernante populista que vea en esta desidia judicial y desprestigio del mismo poder, una oportunidad imperdible de aumentar el propio a costa de la democracia anulando a uno de los poderes que sirve como mecanismo de control para evitar autocracias y gobiernos autoritarios.
Más allá del peligro, es preocupante que efectivamente el poder judicial no parezca querer dar señales de conexión con la ciudadanía que se ve ahogada por la injusticia y la delincuencia, que ve como quien puede permitírselo solamente tiene derecho a la justicia pero es demasiado cara para la mayoría de compatriotas.
Que ser estafado es dar por perdido los bienes porque no habrá nadie que los ayude a recuperarlos por las vías legales o que ser violentado invita a la no denuncia pues al hacerlo se expone a represalias de los delincuentes quienes son liberados horas después de la detención por jueces dicen que tienen demasiado trabajo.
Con motivo de proteger a este poder del estado que por sus características es imprescindible para mantener una sociedad libre, abierta y democrática, es necesario que este se someta a cambios. Si es necesario aumentar los turnos, el personal, mejorara los procesos para que estos sean más rápidos en coordinación con las policías, si es necesario dar muestras de empatía con la ciudadanía al impartir sanciones ejemplares dentro de lo que la ley les permite en vez de simplemente alimentar el concepto de “puerta giratoria”.
Si tan solo se pronunciaran con una posición sobre el sistema carcelario y propusieran soluciones realistas, quizá no solo las personas comenzarían a cambiar su concepto de la justicia en el país y proteger a un poder que los protege a ellos, sino que los delincuentes también entenderían que el crimen cada vez paga menos en Chile.
Cierto, las sanciones no son la única y gran solución a la delincuencia que si es multifactorial, pero al menos resuelve un problema inmediato y provee tiempo para crear las soluciones más largoplacistas.