En un Chile dado al victimismo, donde toda fechoría es trivializada o asumida como una culpa social, es una buena noticia que el sentido común se imponga a los eslóganes de moda.
No hasta hace mucho, los miles de dólares en destrozos por causa de manifestaciones y tomas realizadas por menores de edad, eran pagadas por todos los chilenos pues las asumía el Estado y como es de conocimiento básico, el Estado no posee más dinero que el que proviene de sus contribuyentes.
Básicamente hay dos posiciones al respecto, dentro de los que apoyan las sanciones. La primera supone que los padres de los menores deben hacerse cargo de los destrozos de sus hijos. Tal como lo plantea el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien expresó su intención a través de una frase conocida, el “rompe paga” que implica que los destrozos ya no serían asumidos por la municipalidad o el Estado, sino por los responsables de los mismos y ya que estos suelen ser menores, la responsabilidad pasaría a sus padres quienes presumiblemente debieron tener mejor control sobre las actividades de sus hijos.
Una suerte de jurisprudencia se estableció recientemente cuando un juez determinó una millonaria suma a pagar por los padres de un menor que realizó ciber bullying. La medida, si bien no afectó directamente al menor, sí recayó sobre quienes debían establecer un código de conducta sobre él. La idea es que si los padres no están seguros del uso que el menor hará de sus libertades, por las razones que sea, entonces que restrinjan el proceder de sus hijos con disciplina y prevención o que asuman las consecuencias materiales de los daños que estos causen.
Con todo, esta línea de acción tiene sus detractores que ven injusticia en atribuir a terceros responsabilidades por destrozos de menores que están en pleno uso de sus facultades y cuyos actos son inexcusables por la minoría de edad. Esta otra visión propone que las consecuencias las asuma directamente el individuo señalado como culpable y que se generen las instancias legales para que existan sanciones acorde a la ofensa.
El gobierno respalda al alcalde Alessandri con su planteamiento de “rompe paga” y responsabilidad a los padres, pues es al menos algún tipo de sanción, y reduce el daño al bolsillo estatal que finalmente asumimos todos, pero suscribe más a la segunda visión donde se establecen culpas claras de los individuos infractores y solo ellos asumen la responsabilidad de sus actos.
Con esto en mente, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, destacó la inclusión de los destrozos en establecimientos entre las conductas antisociales que busca sancionar el Gobierno, a través de un proyecto de ley firmado este jueves por el Presidente Sebastián Piñera. Al respecto, Chadwick indicó que “nosotros tenemos un sistema de responsabilidad penal adolescente y si se trata de menores de edad, tendrán que comparecer ante la justicia penal y podrán tener las sanciones que corresponden en el caso de ser menores de edad y lo que la legislación de ley establece”. “Pero ya no se la van a llevar gratis, y no queremos que esto se deje pasar y que porque son menores de edad queden impunes”
Una de las razones que llevaron a Sebastián Piñera al poder, es la sensación de caos e impunidad que reina en el país y su intención de traer de vuelta el sentido común, en el cual los individuos se hacen responsables de sus actos, no debiera más que sacar aplausos de los que se asumen como liberales. Nada más libertario que darle crédito al individuo por sus actos, sean estos buenos o malos.
Cierto, nuestras circunstancias nos mueven a la acción, también es cierto que la libertad de expresión ha de ser cuidada y respetada a toda costa, así como es seguro que si bien somos el resultado de nuestra experiencia de vida, también tenemos poder de decisión aún frente a las circunstancias más hostiles e inverosímiles.
No hay razón para los destrozos y el vandalismo en Chile. Las líneas de diálogo están siempre abiertas. No es necesaria la violencia y por lo tanto hay plena libertad de expresión como corresponde a un Estado de derecho.
Si la libertad de expresión no corre peligro, entonces nos estamos enfrentando a un vandalismo desenfrenado y amparado en argumentos débiles y falsos, pues entre otros, estos grupos ya no tienen mensaje ni discurso, no quieren conversar, solo quieren violencia para saciar sus frustraciones personales y se adhieren a cualquier causa que parezca una buena excusa para generar caos.
La respuesta policial no es más que la coherencia frente al vandalismo, pues quienes han cerrado los espacios al dialogo son los manifestantes que después de largas investigaciones, se sabe que no son mayoría, que muchos vienen de otros contextos (políticos asociados a la izquierda) con afán de causar caos y que los estudiantes que sí quieren educarse son coartados, amenazados y censurados.
Estos últimos sí son víctimas y dejar pasar el vandalismo y la violencia solo refuérzala sensación de impunidad e inseguridad.
La medida de responsabilizar penalmente a quienes destruyan propiedad pública y generen caos injustificado (que lo es mientras las líneas de diálogo estén abiertas) es una declaración firme y potente sobre el respeto que el gobierno tiene por la inteligencia humana y el individuo.
Bien haría recordar la reflexión anónima pero bien conocida que dice que si daña y violenta como adulto, se le debe juzgar como tal.
He ahí la bondad del individualismo que nos permite definirnos no por nuestro origen social, ni familiares, ni circunstancias pasajeras, sino por nuestras decisiones producto de nuestra inteligencia humana manifestada desde la más tierna infancia.
No somos monigotes, no somos masas que dependen del cerebro del líder de la manada, sino que somos individuos inteligentes y responsables de nuestros actos y el mínimo respeto que nos debe el Estado, para lo bueno y para lo malo, es tratarnos como tal y eso incluye a menores de edad.