Esta semana, fuimos testigos de una deuda pendiente que el gobierno tenía con todos los chilenos: Una reforma tributaria que aliviara la pesada carga que nos impuso la izquierda.
Después de escucharla y analizarla con cuidado, se puede decir en términos generales que es una propuesta razonable, que sin duda dinamizará la economía, que aliviará a los nuevos emprendedores y por ende, se podría esperar un aumento en los empleos y los salarios.
No obstante, hay un punto que resulta contradictorio para un gobierno que ha repetido innumerables veces la necesidad de modernizar al país y se refiere a la instalación de un impuesto a la industria digital. Por ello, a continuación expondré 3 argumentos que Piñera y el ministro Larraín deberían considerar y una propuesta para “suplir” los recursos que el legado Bacheletista nos dejó.
La industria digital ha sido una respuesta creativa a las deficiencias de los sistemas tradicionales. El argumento que gremios de taxista, por ejemplo, han usado contra UBER o CABIFY, es que “nos quitan el empleo”. Sin embargo, el éxito de UBER radica en que el sistema de transporte estatal no funciona y el privado (los taxistas) en un buen número, no ofrecen un servicio de calidad y eso involucra, costo, seguridad, limpieza.
De hecho, la organización que han tenido para hacer emboscadas, romper vidrios, etc. a conductores de cualquiera de estos servicios es la más clara demostración de peligrosidad; sumado a la escaza visión para reflexionar y repensarse, actitudes propias del monopolio que son.
En países como Japón, el servicio de transporte público y de taxis es tan bueno, que UBER fracasó: no fueron las regulaciones estatales, ni tributarias la causa, sino las decisiones individuales de los ciudadanos. En el mismo sentido, el auge de NETFLIX responde a la evolución de gustos de una generación que no teme exigir calidad por un producto. Cuando la televisión pública y los canales privados, empiecen a producir programas de calidad, el éxito del “otro” dejará de ser motivo de envidia.
El segundo argumento está asociado al castigo que un tributo de este tipo le impone a las industrias creativas y explicaría por qué, empresas como Amazon confirmaron la instalación de su primera sede en Latinoamérica, en Colombia y no en Chile, habiendo en primera instancia optado por nuestro país.
La economía “naranja”, como también se le conoce, ha tenido un ascenso vertiginoso en la última década; de hecho, solo este sector, le ha significado a Corea del Sur $50 mil millones de dólares en los últimos años y en otros, como Colombia, le aportó el 4,5% del PIB, superando incluso sus dos industrias principales: el café y las flores.
Chile es el país de la región con mejores ingresos, con mayor poder adquisitivo y tenemos tratados de libre comercio que deben ser aprovechados, gravar un sector que apenas está emergiendo retrasaría nuestra aparente ventaja y utilizando la célebre frase del exministro Eizaguirre, nos estaríamos bajando nosotros mismos de los patines.
La tercera razón apunta a una decisión política; Piñera a pocos días de cumplir los primeros 6 meses de gobierno, debe responder si quiere propiciar competitividad en el país o quiere acercarse al otro lado del espectro político y buscar más, un Estado de Bienestar.
La elección debería ser simple a todas luces; sin embargo, debe tener presente que son dos variables mutuamente excluyente, que no importa cuántos guiños haga (incluso, traicionando a sus votantes) para congraciarse con los partidos de izquierda, el siempre será para ellos “un empresario millonario” y por lo tanto, enemigo del país al que hay que oponersele.
Un impuesto a las industrias creativas/plataformas digitales reduciría la competitividad de las mismas, pero también significaría, disminuiría la posibilidad a muchos chilenos, con ingresos que no superan los 2 salarios mínimos de gozar de los mismos servicios que “la elite” o la “clase media”, si puede costear y eso, aumentaría la brecha de la desigualdad que tanto quieren combatir.
Ahora bien, ¿qué puede hacer para suplir todas las responsabilidades que tiene el Estado con las finanzas actuales? Reducir el gasto público, incentivar la inversión y la instalación de empresas de diversos sectores en Chile (incluyendo la industria creativa, la tecnológica y la sostenible con el medio ambiente) y sobre todo y lo más importante, darle “dientes” a la contraloría, eso implica:
- Exigirle en un plazo, no mayor a 30 días, dar cuenta a los funcionarios de la anterior administración de las cuentas por cobrar, transferencias que se le adeudan al Estado.
- Solicitar una investigación económica de carácter urgente a las más de 1.534 cuentas corrientes que presentan descuadre y exigir que el Ministro de Hacienda, sus secretarios y todo el personal encargado de la administración de recursos en las diferentes instituciones públicas den cuenta de los $811.863.000 de pesos que están “extraviados”.
- Recaudar los 4.2 billones de pesos que se le debe al Estado Chileno.
- Ofrecer incentivos tributarios y penales a aquellas empresas, que teniendo pruebas de soborno por parte de alguna autoridad, la denuncien.
El liberalismo tendrá que aprender a anticiparse, desde la moral, a todas las objeciones de la izquierda, pues no hay mayor injusticia que la segregación arbitraria de la sociedad y hacer prohibitivo aquello que la libertad hizo accesible es del más profundo clasismo antidemocrático. Una vez más, se invita al gobierno a recordar que quienes votaron por ellos, también lo hicieron por la justicia, la eficiencia y la libertad.