El legado del gobierno de Michelle Bachelet, incluye una pesada mochila escolar de gratuidad para un buen porcentaje de jóvenes que ingresan a la educación superior. Lamentablemente esta mochila no viene sin especificaciones tediosas y contraproducentes para la calidad educacional.
Esta fue una reforma mal hecha, lisa y llanamente de carácter populista cuyos efectos en la economía serán ciertamente devastadores.
Citando a Mathias Klotz, arquitecto, docente y decano de arquitectura de la universidad Diego Portales: “la autoridad formuló una ley que, en su efecto, obliga a los planteles adscritos al sistema a entregar la mayor cantidad de títulos a la mayor cantidad de alumnos, con la menor cantidad de profesores, en el menor tiempo posible”.
¿Qué significa esto en términos prácticos para la academia? Simplemente que el Estado ha impuesto una especie de control de precios de las tuiciones, por lo tanto asume basado en estimados subjetivos, que los costos de formación de un individuo son x cuando en realidad es 3x. Esto generará un descuadre en las instituciones adscritas a gratuidad, porque en chile a diferencia de otros países que han tenido la pésima idea de regalar educación superior, el dinero va a las instituciones y no al estudiante en forma de vouchers.
Los controles de precios bajo cualquier lupa económica, son nefastos. Distorsionan la realidad y generan burbujas artificiales muy perjudiciales para todos quienes participan en el mercado y podemos enumerar los odiosos efectos económicos de tan mala política pública.
- Las obligaciones bajo costo que asumen las casas de estudio al recibir a individuos financiados por el estado, implican reducir el plantel académico, pues se está recibiendo menos dinero de lo que realmente cuesta formar un profesional. Esto afecta directamente al empleo y a la diversidad de influencias académicas que el estudiante puede recibir.
- Al exigir que estos estudiantes salgan en los tiempos previstos de duración de la carrera, lo que se pide no es necesariamente que se agoten los recursos para nivelarlos hacia arriba en conocimientos y técnicas, ni reforzarlos hasta que superen satisfactoriamente las asignaturas a cursar, pues esto significaría una mayor inversión por estudiante y ya desde un principio este último ya entra a la educación financiado casi a valor de costo o menos. Entonces, lo que realmente la exigencia invita a hacer es a pasar a los estudiantes de nivel sin importar que estos hayan logrado los objetivos de aprendizaje. La obligación de la casa de estudios es sacar a ese estudiante sin retrasos aunque este los necesite por no contar ni con el trasfondo o capital cultural, conocimientos mínimos obligatorios o incluso con la disciplina para mejorar, por lo tanto la solución será rebajar a estándares mínimos la exigencia.
- Las universidades no solo reciben alumnos financiados por la “gratuidad” sino que también cuentan con una buena cantidad de estudiantes que pagan por sus cursos, muchos de ellos con sacrificio, con ahorro, con trabajo duro, logrando juntar el capital necesario para invertir en habilidades y un títulos que los dejará en una posición ventajosa para acceder a la movilidad social. Es injusto, infinitamente injusto, que frente al resultado de tener que bajar la exigencia, la calidad de aquellos que sí quieren superarse en destreza, conocimiento y práctica, la peguen o no, también se vea afectada, pues en ningún caso harán cursos separados para aquellos que sí quieren una exigencia mayor con el fin de ser los mejores y otro para aquellos que solo quieren pasar y básicamente llegar lo más rápido posible al título sin importar si hay aptitud o no.
- La gratuidad otorgada sin mérito académico sino basándose exclusivamente en la condición económica, está destinada a reforzar la idea de que el esfuerzo escolar es fútil. Las becas por mérito, los créditos blandos y gratuidad condicional son mejores incentivos para quienes tienen metas claras y buscan realmente transformar sus vocaciones en aportes serios. Cuando la gratuidad no se acompaña con mérito, esta muchas veces se da por sentado, no se aprecia y simplemente se desperdicia.
- La economía se rige básicamente por la ley de la oferta y demanda. La producción masiva de titulados, la mayoría sin las competencias necesarias para ejercer, hará que sus títulos se desvaloricen rápidamente. Es simple, mientras más escaso es un bien o un servicio y mayor sea su demanda, más aumentará su precio. No sería ideal tener una larga fila de profesionales con poca o nula experiencia copando el mercado laboral, muchos de ellos sin la formación adecuada. Esto se agravaría frente a una realidad laboral latente, se necesitan personas con habilidades prácticas para el trabajo y no necesariamente profesionales de campos laborales saturados. Son necesarios en estos momentos y a mediano y largo plazo, ciertos tipos de profesionales y muchos más técnicos. El haber empezado con gratuidad en la universidad y no en los centros de formación técnica e institutos técnico profesionales, fue un error de grandes proporciones.
- Profesionales sin mercado laboral que los pueda recibir, sin las competencias adecuadas porque no se les exigió como se debía y por lo tanto profesionales menos productivos, pues son menos eficaces y eficientes, son una pésima noticia para nuestra economía, la productividad será la más afectada y trabajadores sobrecargados y estrados que no son capaces de ir al ritmo de la economía.
El paternalismo estatal está llenando de regalos al hijo (pueblo) sin exigirle lo mínimo y como pésimo padre, cosechará la banca rota y además un pésimo hijo que tampoco podrá devolver la mano con su prosperidad.