Hace poco en otra columna (El proyecto estrella de Sebastián Piñera) pude explicar lo que son las compras de tercer orden y con ello dar a entender las razones que confirman que el Estado es el menos eficiente en manejar los recursos, pues todos los servicios llamados públicos, no son otra cosa que bienes y servicios que el Estado no utiliza, pagados con dinero ajeno, por lo tanto todas las transacciones del Estado son compras de tercer orden y por ende destilan ineficiencia e ineficacia.
Cuando se habla del Estado, entiéndase cualquiera de sus poderes, sobre todo el ejecutivo y legislativo, que con afán de mantenerse en el poder, siempre tenderán a aumentar su rango de acción.
Muchas veces, ese poder no es utilizado para beneficiar a las personas, sino que la potestad es vista como un instrumento político. En este caso, es el legislativo, dominado por la izquierda, el que muestra y ejemplifica plenamente lo que significan las compras de tercer orden y revelan cuán grande es su desdén por la verdadera democracia, la armonía social y el desarrollo. Mientras estos no les signifiquen poder, serán desdeñados constantemente.
La educación hace tiempo tiene serios problemas de calidad, pero como si esto no fuera poco, hoy Chile se enfrenta a un sistema escolar vandalizado, que justifica la violencia como medio para comunicar descontento en un país donde hay más que suficientes conductos regulares y donde se victimiza al agresor.
El peligro de sostener esta realidad sin intervenirla es que la gran mayoría de estudiantes que sí quieren educarse en paz y seguridad, quedan desprovistos de toda protección cuando los líderes de su establecimiento no tienen herramientas para imponer disciplina. De hecho la izquierda ve la palabra disciplina y huye despavorida pues la confunde con opresión.
El proyecto Aula, tal como salió de las manos del ejecutivo, proponía alejar del establecimiento a aquellos “estudiantes” que en vez de conversar y expresar como personas civilizadas su descontento, recurrían a la violencia y destrucción y le daba un plazo de 5 días para presentar su legítima defensa y descargos. Al fin de dicho plazo, se podría llegar a la expulsión, esto sobre todo en personajes captados en violencia flagrante.
La izquierda acusó al proyecto de criminalizador, de estigmatizador de los pobres e incomprendidos delincuentes que destruyen sus colegios e intentan quemar a sus profesores. Según la bancada izquierdista, aula segura es un ataque a los DD.HH los estudiantes que solo quieren expresarse libremente. Nunca consideraron los DD.HH de los alumnos y apoderados que sí quieren y necesitan educarse, no perder clases y hacerlo en un ambiente no violento.
Se podría decir que solo es revanchismo por haber perdido las presidenciales y haber tenido que salir del poder, por lo tanto han decidido bloquear cada movimiento del gobierno sin considerar el bien común. Se han dedicado a defender vándalos, pues claro, seguro coincide más con su ideología el no asumir las consecuencias justas de los actos sino que achacárselos a terceros.
La forma en que el parlamento transformó el proyecto presentado por el gobierno, deja a los establecimientos educacionales sin las herramientas necesarias para proteger a sus verdaderos estudiantes quedando desprovistos de sanciones necesarias para cuidar la paz y la seguridad de quienes sí se quieren educar. Es un pase libre para los violentistas y más que un traspié para el gobierno, es un traspié para los más vulnerables que necesitan la educación para generar movilidad social. Ya no se llamaría “Aula Segura” sino “Aula Democrática
De convertirse en ley, Aula Democrática “faculta al director del colegio a suspender al estudiante, estableciendo la suspensión como una medida cautelar para separar al alumno mientras dura el procedimiento”, esto en establecimientos municipales y particulares.
El alumno tendrá 10 días para “defenderse”, con Aula Segura tenía solo cuatro. El tiempo de reposición, en tanto, pasa de 2 a 5 días, “tal como lo señala la ley actual para todos los casos”.
Las reformas al proyecto, prácticamente rechazan la expulsión como medida de sanción y aquella “separación” de la que se habla, no es más que una suave suspensión de 10 días en la que no hay argumento posible para justificar la expulsión mientras el “estudiante” no quiera asumir su culpa. Expulsarlo sin reconocimiento de su falta aunque este haya sido captado en el acto, no se podría justificar, por lo tanto las cosas quedan como estaban, los delincuentes seguirán en absoluta impunidad.
El obstruccionismo y revanchismo se entiende, pero la ciudadanía no está interesada en las heridas políticas de la izquierda, sino que solo ve como un sector político quiere eternizarlos en la pobreza al condenarlos a un sistema educacional inseguro, inconstante y de pésima calidad. El 76% de la población, apoya aula segura tal y como Salió de las manos del gobierno y el 83% de los estratos más bajos le da un respaldo rotundo.
A la izquierda no le importa, prefirió rechazar el proyecto y transformarlo a su imagen y semejanza. Esto porque sus hijos no estudian en colegios públicos, así que no usan el servicio. Se dan el lujo de aprobar presupuestos suculentos para un sistema que no está funcionando, porque lo pagamos los contribuyentes, no ellos, entonces no les importa ni el costo ni la calidad. Ejemplo perfecto de compras de tercer orden. Esto los desconecta de lo que la gran mayoría silenciosa, esa que se esfuerza por superarse gracias al mérito y trabajo duro y que no quiere depender de las limosnas del Estado para levantarse de la pobreza.
Esa desconexión, esa mezquindad política y cinismo irresponsable en el que quieren mostrarse como los conciliadores y pacificadores entre un duro gobierno y los pobres manifestantes que solo quieren quemar a sus profesores para expresarse libremente, no solo les va a costar electoralmente, sino que quizá sirva para revelar los verdaderos colores de esa izquierda obstruccionista que no se interesa por las personas sino que solo busca causarle molestias al gobierno y eso, esperemos, tenga el potencial de cambiar la percepción de los chilenos de esa izquierda experta en victimizarse.
Que al menos esta tragedia legislativa sirva para abrirle los ojos a un Chile acostumbrado a callarse ante una izquierda avasalladora que por un poco de poder es capaz de sacrificar el desarrollo. Que sirva para cambiar la cultura política de manera más permanente.