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Si la “justicia social” rige la acción política el resultado es totalitarismo

Por: Andrea Rondón García - @arondon75 - Oct 30, 2015, 9:53 am
Los controles de precio, de cambio y de producción en Venezuela, han llevado a la población a situaciones críticas de desabastecimiento de productos básicos. (Camarón Informativo)
Los controles de precio, de cambio y de producción en Venezuela, han llevado a la población a situaciones críticas de desabastecimiento de productos básicos. (Camarón Informativo)

“La dominación totalitaria, empero, se orienta a la abolición de la libertad, incluso a la eliminación de la espontaneidad humana en general, y en forma alguna a una restricción de la libertad, por tiránica que sea”.—Hannah Arendt, Los Orígenes del Totalitarismo

EnglishCuando la “justicia social” rige la acción política, el resultado es totalitarismo. Esta es una advertencia que hizo Friedrich von Hayek y que países como Venezuela viven, o mejor dicho, padecen. Por el término “justicia social”, y otros similares, como interés general, bienestar social o función social de la propiedad privada, el Estado ha redistribuido la riqueza que no produce, sino que producen otros; el Estado, con sus privilegios, actúa en el mercado como otro agente del mismo; el Estado se adueña de los medios de producción.

Como resultado de lo anterior, las personas tienen menos espacios para ejercer sus derechos y libertades, porque lógicamente en la medida en que el Estado actúa, aumenta sus competencias y tamaño, en ese misma medida se reducen nuestros espacios.

La intervención intensa, arbitraria e injustificada del Estado venezolano en nuestros espacios, ha ocurrido desde hace más de 16 años, pero en los últimos tiempos, si es que ello era posible, ha aumentado.

En este sentido, recordemos las recientes medidas económicas que anunció el presidente Maduro:

1) Reforma de la Ley de Precios Justos, a través de la cual cambiarán todos los mecanismos de cálculo de precios y ordenó la publicación de Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) para todos los productos y servicios que se comercializan en el país.  Recordemos que existe control de precios desde el año 2003. Para ese entonces era sólo para determinados productos y cuando se dictó, en 2011, la Ley de Costos y Precios Justos se estableció de forma general, pero sería el ente regulador el encargado de implementar el control de precios.  Con la Ley de 2011 se evidencia la seria pretensión del Gobierno de controlar todas las actividades económicas, desde una gran empresa hasta un humilde el kiosco.

2) Creación del Comando Nacional de Precios Justos, dirigido por el vicepresidente Jorge Arreaza e integrado además por el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y el comandante de la Milicia Nacional Bolivariana.  Por favor, no olvidemos el detalle del uso de la Fuerza Armada Nacional para verificar el respeto a los precios máximos.

3) Aumento de sanciones por remarcaje de productos con las siguientes advertencias: “Guerra avisada no mata soldado”; “Vamos a una nueva ofensiva. No nos vamos a cansar hasta que ganemos esta batalla por el pueblo. Igualmente estamos elevando las penas de cárcel, porque la ley tiene que volverse implacable”.  No podemos dejar de comentar que desde la sanción de la Ley en 2011 ya existían gravosas sanciones y aún así, nos atreveríamos afirmar que desde 2011 se ha agravado la escasez y la inflación en el país.

4) Nueva normativa contra ilícitos cambiarios, porque “todo aquel que fije precios en dólar fantasma o paralelo, que diga utilizar ese dólar sin ningún tipo de respaldo legal, caerá en la nueva normativa”.  No cabe duda que con las medidas económicas anunciadas se da un paso más de la fuerte intervención del Estado, que se ampara en frases sin contenido como “por el pueblo”, “justicia social”, “interés general”, etc.
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No tengo temor en afirmar que vivimos en un régimen totalitario. Basta con que hagamos un sencillo ejercicio. Repasemos los primeros minutos de todo venezolano cada vez que se levanta para empezar su día.

Tomemos mi caso por ejemplo.  Me levanto temprano y como vivo en Caracas es factible que la empresa pública que provee electricidad no falle, pero esto no lo puede decir gran parte del país. Me cepillo los dientes con uno de los varios tubos de pasta de dientes (más de los que normalmente compraba) que compré para estar preparada en caso de escasez, porque ya ha pasado con este producto y con el propio cepillo de dientes. Me baño y me lavo el cabello con un champú que cuesta más de 100% que el champú regulado, que no compro porque no tengo tiempo de hacer cola, no consigo los lugares donde los venden o es de pésima calidad.

Mi desayuno, por ejemplo, que es el mismo desde hace años, y si lo consigo todo, gracias a la inflación de tres dígitos en el país, representa un porcentaje importante de mi sueldo. Este es un ejercicio de los primeros 30 minutos de mi vida, en los que se evidencia la intervención del Estado de forma directa o indirecta en todos los aspectos de esos 30 minutos.

Puedo continuar el ejercicio, y tengan por seguro que aparecerán nuevas manifestaciones del Estado en mi vida. El ejercicio es triste y doloroso, pero lo es aún más si se considera que todavía tengo la apariencia de “decidir”, pero la gran mayoría del país no la tiene.

No cabe duda de que cuando la “justicia social” rige la acción política, el resultado es totalitarismo y comenzamos a padecer las advertencias que leemos en las obras de Hayek.

Andrea Rondón García Andrea Rondón García

Andrea Rondón García es doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Es directora del Comité de Derecho de Propiedad de Cedice Libertad y directora académica del Instituto Ludwig von Mises Venezuela. Rondón se desempeña además como profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Síguela en @arondon75.