EnglishNo puedes cobrarnos impuestos si ya no somos ciudadanos.
Esta es la mentalidad de cada vez más ciudadanos norteamericanos, que están tomando la aparentemente drástica decisión de renunciar a su ciudadanía. Con el impuesto a las ganancias presionando cada vez más a aquellos que viven fuera del territorio de Estados Unidos, muchos han decidido tener obligaciones fiscales con un gobierno menos.
Estados Unidos, la única nación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que grava a sus ciudadanos independientemente del lugar donde residen, ha siempre recaudado a partir de las ganancias de los norteamericanos viviendo fuera del territorio nacional; este fenómeno no es nuevo. Lo que es nuevo es FATCA, la última legislación impositiva — que tendrá efecto a partir de Julio del año 2014 — que requerirá a todas las organizaciones financieras internacionales, informar directamente al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (Internal Revenue Service – IRS) de todos los bienes e ingresos de los ciudadanos estadounidenses en el exterior que poseen registrados en los libros de estas organizaciones US$50.000 o más.
Entendiendo FATCA, se comprende la verdadera razón del incremento de las renuncias. Siendo la reducción del déficit el verdadero motivo detrás de la ley, el gobierno de Estados Unidos está realizando una presión “patriótica” a sus propios ciudadanos. Como respuesta, los estadounidenses están reflexionando sobre qué pasaporte les conviene llevar. Y los números son evidentes.
Los expatriados renunciando a su nacionalidad en las Embajadas de Estados Unidos crecieron en el segundo trimestre de 2013, a 1.131 personas, en comparación con los 189 del mismo período en 2012. Al cerrar el segundo trimestre, el total era de 1.810 — marcando así el récord en 2013 como el año con mayor deserción.
Se conocen los beneficios de tener más de un pasaporte, y uno emitido particularmente por Estados Unidos ha siempre tenido un gran valor. De hecho, renunciar a la ciudadanía no es una decisión fácil de tomar. Pero con el gobierno de Estados Unidos usando FATCA para monitorear cada vez más aspectos de las vidas de las personas, los ciudadanos comienzan a defenderse y dan el paso en números sin precedentes.
Y no es solo la riqueza. En algunos círculos, el incremento de este número se atribuye a los expatriados con más dinero, escapando a sus obligaciones impositivas. Pero no es el caso. Con el aumento en la declaración de impuestos – y el aumento del papeleo y riesgo de equivocación consecuentes – los asalariados están siendo arrastrados hacia una costosa pesadilla burocrática en materia de tiempo y dinero, que habitualmente cuesta más de US$2.000 en gastos anuales de contabilidad.
“No conozco ningún estadounidense viviendo en el exterior que no esté pensando en renunciar a su pasaporte,” dice Victoria Ferauge, que actualmente vive en Francia. Otro norteamericano con sentimientos similares, que no se identificó, declaró a la BBC que “Al final, duermo mejor sabiendo que ya no debo preocuparme por las solicitudes del gobierno de Estados Unidos. Nunca seré libre de vivir o poseer propiedades en Estados Unidos, pero puedo ir de visita y eso es suficiente para mi”.
Renunciar a la ciudadanía tampoco es gratuito. El gobierno de Estados Unidos grava a muchos ciudadanos queriendo renunciar a la ciudadanía con un “impuesto de salida” por el privilegio de la renuncia.
El impuesto de salida se aplica a aquellas personas clasificadas como “expatriados cubiertos”. Para calificar así, hay tres criterios: haber pagado altos impuestos federales previamente, tener una ganancia neta de US$2 millones o superior, o ser una persona incapaz de asegurar, bajo juramento, que se ha estado en regla con las obligaciones fiscales en los cinco años precedentes a la expatriación.
La tercera opción constituye un criterio muy vago que da lugar a la creatividad al momento de determinar quién constituye un “expatriado cubierto”. Y los costos no terminan ahí.
Como señala el abogado de inmigraciones Eugene Chow, los activos, tanto los domésticos como los internacionales, también se gravan con una cuota del 15% — una tasa de apreciación de las ganancias de capital, independientemente de si los activos se vendieron o no.
Los ciudadanos norteamericanos no son los únicos peleando contra estas regulaciones. También las instituciones financieras, y con la presión que ejercen para retroceder en el tema, muchos ciudadanos se encuentran bloqueados en términos de actividad bancaria.
Con el IRS solicitando los reportes de activos financieros de clientes de Estados Unidos, las instituciones se están distanciando. Los bancos, además de fuertes multas, también podrían estar sujetos a una retención del 30 por ciento de las fuentes de ingresos de origen estadounidense de sus clientes si no cumplen con esta solicitud.
“Esencialmente, el IRS está tercerizando la aplicación de sus normas a compañías no-estadounidenses… [Las compañías extranjeras] están sencillamente diciendo a los norteamericanos ‘nosotros no queremos sus negocios’,” declara Chow.
Se desestima el hecho de que este tema constituye otra acción por parte del gobierno de Estados Unidos que apunta a la reducción del déficit. En lugar de considerar nuevas formas de frenar el propio gasto, leyes como FATCA— a pesar de su objetivo minoritario y elitista — obliga a los ciudadanos a vérselas negras para cumplir con sus obligaciones cotidianas.
Traducido por Sofía Ramirez Fionda.