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Cambios en Canadá: Un revés para los inmigrantes

Por: Andrew Woodbury - @A_W10 - Mar 14, 2014, 1:42 pm

EnglishLa ciudadanía canadiense ha sido altamente valorada y deseada por inmigrantes, pero estas cualidades tan apreciadas están a punto de recibir un golpe bajo con el nuevo proyecto del gobierno federal.

Con la propuesta de revisión exhaustiva de las leyes de ciudadanía, la primera que se realiza en una generación, el gobierno conservador encabezado por Stephen Harper intenta convertir la ciudadanía canadiense en algo más exclusivo, al tiempo que minimiza su valor, y vuelve a los ciudadanos más vulnerable a los abusos de poder del Estado.

Chris Alexander
Chris Alexander, Ministro de Inmigración y Ciudadanía Canadiense discute los cambios. Fuente: National Post.

El tema se deriva de la propuesta del 7 de febrero con el proyecto de ley C-24, que solicita reformas legislativas para la Ley de Ciudadanía.

Mientras revelaba las enmiendas, el Ministro de Inmigración y Ciudadanía Canadiense, Chris Alexander calificó la ciudadanía como “nuestro bien más preciado”; al mismo tiempo que alegaba que los cambios deseados eran para “fortalecer el valor de la ciudadanía”.

Capaz un fin admirable, los cambios propuestos causarían el efecto contrario a lo que Alexander sugiere, y aumentarían la capacidad del gobierno de escoger “a dedo” aquellos que cumplan con sus cambiantes estándares de aceptación cultural.

Desarmando los cambios

A pesar de los argumentos que sostienen que la ciudadanía sería “más rápida y eficiente”, la legislación triplicaría el costo de aplicación, y exigiría mayores estándares del dominio del inglés. No solo va a exigirle a los inmigrantes residir en el país mucho más tiempo previo al momento de aplicar para la ciudadanía, sino que los inmigrantes ahora tendrán que jurar  — hasta con una declaración firmada — que residirán en Canadá reside in Canada a partir de ese momento. El tiempo habitado en el país antes de obtener la residencia ya no valdría para las aplicaciones de ciudadanía, y aceptar un trabajo fuera de Canadá después podría arriesgar al individuo a que su ciudadanía sea revocada.

Las enmiendas del proyecto de ley C-24 también eliminaría el derecho a apelar ante la revocación de la ciudadanía. Actualmente, el proceso de apelación es un derecho automático; bajo las nuevas disposiciones en la ley, el gobierno le concedería a los individuos apenas la oportunidad para aplicar en la Corte Federal el permiso para apelar.

Los arreglos de este proyecto de ley es una evidente reacción exagerada a las investigaciones sobre fraudes de residencia. Recientemente ha salido a la luz casos sobre personas que han mantenido una presencia ficticia en Canadá, y la nueva legislación apunta a estos individuos. Pero, al hacer esto, el gobierno de Harper está condenando a justos por pecadores, tal y como lo ha hecho desde que inició su período en 2006.

Un estudio publicado en julio de 2013 reveló que sólo 12 revocaciones de ciudadanía estaban vinculadas a fraude, desde que el inicial programa de medidas severas se implementó en 2011. A diferencia de lo que se podría esperar, desde que Harper fue elegido por primera vez hace ya ocho años, el número de personas que han recibido la ciudadanía bajo el gobierno de Harper ha disminuido drásticamente, a pesar del creciente número de aplicaciones.

El Instituto para la Investigación en Políticas Públicas (Institute for Research on Public Policy) estudió las otras enmiendas referentes a la ciudadanía comprendidas en el proyecto de ley C-24. A través de un estudio publicado en enero, demostró cómo estos cambios son, en realidad, contraproducentes para la integración de los inmigrantes, e implican un retroceso, enalteciendo la cultura angloparlante por encima de las otras.

Un poder sin precedentes

Con respecto a este tema, el ministro de inmigración reiteró que “la ciudadanía [canadiense] no es un derecho, es un privilegio”. Esta declaración aclara la disposición menos discutida, y más preocupante, de esta reforma: por primera vez en la historia canadiense, el gobierno estaría en la capacidad de retirar la ciudadanía hasta de los mismos canadienses nacidos en Canadá.

El gobierno podría revocar la ciudadanía de cualquiera — nacionalizado o no — si es condenado en cualquier otro país por crímenes de terrorismo y sentenciado hasta cinco años a prisión. Otros crímenes que conllevan la misma penalidad incluye traición y espionaje. Como no está permitido dejar a nadie sin ciudadanía, este aspecto naturalmente aplica a aquellos que tengan doble ciudadanía. Esto en particular es especialmente preocupante por las tantas personas que tienen doble ciudadanía y no lo saben, o que desean tenerla.

Muchas naciones consideran a los descendientes de sus nacionales como ciudadanos, sin importar donde nacieron. En este sentido, expertos locales han señalado el caso del niño soldado Omar Khadr como el motivo oculto detrás de este proyecto de ley.

CBC
Khadr a los 15 años fue transferido a Alberta después de muchos años en la Bahía de Guantanamo.

En 2010 una corte estadounidense condenó, bajo dudosas circunstancias a Khadr, nacido en Toronto, por crímenes relacionados con terrorismo, por acciones que había cometido en 2002 a los 15 años. Tras haber sido detenido en la Bahía de Guantanamo desde 2002, Khadr, quien ahora tiene 27 años, fue transferido a una prisión en Edmonton el año pasado para cumplir el resto de su sentencia.

A pesar de que le padre de Khadr era egipcio, y no se considera a sí mismo como tal, conserva la ciudadanía egipcia; por lo tanto, el gobierno de Canadá puede utilizar estas acusaciones como justificación para retirarle la ciudadanía canadiense.

Mientras que el tema de Khadr ha surgido en varias discusiones sobre esta reforma — y muchos han aplaudido la revocación de su ciudadanía — los canadienses no deberían estar tan dispuestos a apoyar esta medida. Representa una pendiente resbaladiza al conceder a este gobierno, o cualquiera que venga en el futuro, el poder para rescindir la ciudadanía, basándose en limbos jurídicos de los estándares de otro gobierno. En la sección 10 de este nuevo proyecto de ley también asigna a los culpables la carga de demostrar que no tienen doble nacionalidad, y dándole al gobierno mayor autonomía para declaraciones subjetivas.

Además de esto, hay un aspecto de esta reforma que no ha sido muy discutido: ser un ciudadano canadiense ha sido un derecho fundamental que este país ha otorgado a todos los nacidos dentro de sus fronteras, desde que la ciudadanía canadiense se adoptó por primera vez en 1947. Las malas conductas o las convicciones legales no han sido, y no deben nunca ser, una justificación para que el gobierno arrebate este derecho.

Alexander argumentaba,“la ciudadanía canadience es un valor único en el mundo, un privilegio de gran peso, que conlleva a deberes y derechos, oportunidades y responsabilidades”. Sin embargo, con esta legislación a ser aprobada a finales de este año, se promueve todo lo contrario.

Dejando la ciudadanía de muchos en un permanente período de prueba, la primera reforma de este tipo en una generación le otorgaría al Estado un control para diseñar su propio linaje cultural, sometiendo a los ciudadanos actuales como víctimas, y devaluando nuestra ciudadanía que en una época fue tan prestigiosa.

Traducido por el staff de PanAm Post.

Andrew Woodbury Andrew Woodbury

Woodbury es de Toronto, Canadá. Es activista de Young Voices, editor y educador en la Academia Internacional de Idiomas de Canadá (ILAC). Síguelo por Twitter @A_W10 y lee más de su columna destacada "Uniendo los puntos" en el PanAm Post.