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El Estado vigilante al peor estilo estadounidense llega a Canadá

Por: Andrew Woodbury - @A_W10 - Abr 21, 2014, 6:00 am

EnglishPodemos dormir tranquilos. Nuestros líderes políticos no intentan darle poderes adicionales a la policía para acceder a información en línea sin orden judicial. Al menos eso es lo que Stockwell Day, exministro de Seguridad Pública de Canadá, dijo en el 2007 al primer ministro Stephen Harper, que para aquel entonces recién llegaba al poder.

En sus declaraciones para Jesse Brown de la revista Maclean, Day respondía a las críticas dirigidas a un proyecto de ley de “acceso legal” que le habría permitido a las fuerzas policiales acceder a la información personal en línea de Canadienses sin necesidad de aprobación judicial. El mero rumor de la propuesta provocó tal oleada de indignación que Day, reculando al respecto en declaraciones al Ottawa Citizen, calificó a la medida como una ofensa flagrante a los derechos de privacidad de los canadienses.

Pero eso era el 2007. En el 2014 las cosas han cambiado radicalmente.

A pesar las declaraciones que negaban rotundamente que la administración de Harper estuviese contemplando el proyecto de ley de “acceso legal”, dos años después, Peter Van Loan —que relevó a Day como Ministro de Seguridad Pública en el 2008— presentó un proyecto de ley con un título idéntico. En vista de como se ha desarrollado hasta hoy la capacidad del Estado para vigilarnos, los primeros días de la administración de Harper lucen ahora como el comienzo de lo que después se consolidaría como una fuerte tendencia.

Aparte de las violaciones de privacidad, la mayor parte de los reclamos que se hicieron hace siete años contra la ley se debieron a lo similar que resultaba a políticas implementadas en EE.UU. Hasta hace poco, cualquier sugerencia de que una decisión política en Canadá se asemejaba a cualquiera que viniese del sur de la frontera, era equivalente a declarar la guerra política. Pero con el crecimiento sistemático de la vigilancia estatal bajo el mando de Harper, esas mismas insinuaciones han perdido su capacidad de generar escándalo. Si bien alguna vez las acusaciones de que se estuviesen implementando políticas “al estilo estadounidense” despertaba la cólera generalizada, hoy en día muchos canadienses se han acostumbrado a aceptar dichas políticas de mala gana.

El lunes se vio reforzado el nuevo status quo cuando se dio a conocer otra flagrante violación de privacidad. Tras un año de investigaciones, Ann Cavoukian, la ministra de Información y Privacidad de Ontario, publicó un informe especial que reveló cómo la policía provincial y funcionarios estadounidenses intercambian información confidencial relacionada a la salud mental de los ontarianos. Cavoukian lanzó la investigación tras una serie de denuncias de residentes de Ontario que afirmaban que la Patrulla Fronteriza estadounidense les había impedido entrar al país vecino debido a sus historiales de salud mental.

Quizás el ejemplo más divulgado fue el de Ellen Richardson, una residente de Toronto a la que se le negó la entrada EE.UU. a finales del año pasado.

“Me dijeron que me impedían entrar porque estuve hospitalizada en el verano de 2012 por una depresión clínica”,  dijo Richardson al Toronto Star. “Estaba sumamente indignada. Les dije, ‘No entiendo. ¿Cuál es el problema?'”.

Richardson no fue la única que expresó su frustración, y el informe de Cavoukian arrojó luz sobre un problema constante e inquietante en la provincia de Ontario: La divulgación indiscriminada de información sumamente sensitiva y confidencial en materia de salud mental.

Richardson —que es parapléjica e intentó suicidarse en el 2001 debido a que sufría de delirios— fue hospitalizada en el 2012 por depresión clínica, cuando sufrió su primera recaída seria desde que comenzó a recibir tratamiento en el 2001. Los funcionarios de la aduana estadounidense usaron esta información como base para rechazar su intento de entrar al país vecino para abordar un crucero en el que pasaría 10 días de vacaciones navegando por el Caribe.

Al rechazarla, el agente de la patrulla fronteriza citó la sección 212 de la Ley Estadounidense de Inmigración y Nacionalidad, que le niega la entrada a personas que hayan tenido trastornos físicos o mentales que puedan representar un amenaza para el país. El colmo de la ironía fue que no se revelaron más detalles sobre la decisión, ya que la portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, Jenny Burke, dijo que hacerlo violaría sus leyes de privacidad.

La pregunta que Richardson y todos los canadienses se han estado haciendo desde entonces es cómo los funcionarios fronterizos de EE.UU. —o cualquier persona no vinculada al tratamiento médico de los pacientes— logran acceder a sus expedientes médicos.

Según Cavoukian, muchas fuerzas policiales suben automáticamente información sumamente sensible y personal sobre salud mental a la base de datos del Centro de Información de la Policía Canadiense (CPIC), dejándola a disposición de las agencias judiciales canadienses, e incluso del FBI y del Departamento de Seguridad Interior de EE.UU.

La revelación de que las autoridades pudiesen acceder tan fácilmente a información privada tan sensible conmocionó a toda la nación esta semana. “Me resultó sumamente desconcertante pensar en la humillación y la vergüenza que un individuo sentiría al llegar al aeropuerto y que se le negase entrar a EE.UU. porque… ellos tienen acceso a información sumamente sensible acerca de un intento previo de suicidio”, afirmó acertadamente Cavoukian, haciéndose eco de la indignación generalizada durante una rueda de prensa que se celebró el lunes pasado.

Si bien la violación es degradante, vergonzosa y atroz, esta noticia no debería sorprender a nadie. El informe del lunes es simplemente el último ejemplo de una larga lista de recientes violaciones a la privacidad. Aunque ésta haya repercutido fuertemente a nivel provincial, sería ingenuo pensar que no está sucediendo lo mismo en instancias nacionales superiores; es otro caso más de una tendencia general a la complacencia y adhesión a las políticas de EE.UU. bajo la administración actual.

Hace unos meses, Glenn Greenwald difundió un informe que detalla cómo el gobierno canadiense rastrea a los viajeros mediante el Wi-Fi de un aeropuerto no identificado. También está la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (FATCA), que una vez entre en vigor el 1 de Julio, exigirá que todas las instituciones financieras del mundo rindan información de sus clientes estadounidenses al Servicio de Impuestos Internos (IRS), y con la cual Canadá ha aceptado cumplir. El único aspecto que se asemeja a alguna forma de resistencia en este sentido, es una jugarreta burocrática por la que se utilizará a la autoridad tributaria de Canadá como intermediario, antes de reportar directamente al IRS.

Además, el informe de Cavoukian se dio a conocer justo después de un nuevo acuerdo entre los dos países, con fines de compilar una base de datos biográfica y compartida de los residentes que crucen la frontera a partir de junio. Publicitado bajo la consigna de “luchar contra el terrorismo”, el acuerdo representa como ninguno el creciente entusiasmo con el que Canadá otorga información de sus ciudadanos a un gobierno estadounidense cada vez más autoritario.

La idea de que hay que rastrear las acciones y monitorear las comunicaciones de los ciudadanos en todo momento es inherentemente estadounidense. Sin embargo, se ha filtrado cada vez más en la cultura canadiense. Tras este último episodio, uno no puede evitar preguntarse: ¿Cuándo llega el momento de decir basta?

Traducido por José Niño.

Andrew Woodbury Andrew Woodbury

Woodbury es de Toronto, Canadá. Es activista de Young Voices, editor y educador en la Academia Internacional de Idiomas de Canadá (ILAC). Síguelo por Twitter @A_W10 y lee más de su columna destacada "Uniendo los puntos" en el PanAm Post.