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EnglishLas cosas en Chile siguen convulsionadas. El acuerdo en materia tributaria –que no es del gusto ni dejó contento a nadie— no trajo calma al clima de enfrentamiento que se ha ido incubando en la opinión pública chilena. Lo que pudo ser un respiro para el Gobierno de la presidente Bachelet, no lo fue, ya que al menos dos episodios han mantenido un clima de tensión en el país.
En primer lugar, una serie de atentados con “bombazos” han preocupado a toda la ciudadanía. Y si bien el Gobierno se niega a denominarlos como “actos terroristas”, una encuesta recientemente publicada por la Universidad del Desarrollo señala que el 67% de las personas opina que poner una bomba en un espacio público es un acto terrorista, frente a un 30% que lo identifica como acto delictivo. Al parecer, el Gobierno en esto no está con la mayoría, y se inclina por esta segunda opción.
Por otro lado, un 75% de las personas indican que la actual legislación antiterrorista no ha sido efectiva en proteger a los chilenos. Un 19% cree que sí, en tanto que en una escala de 1 a 7, donde 1 es pésimo, 4 el mínimo para aprobar y 7 excelente, el gobierno obtiene un 4,1, la policía un 4,8 y los jueces reprueban con un lamentable 2,68.
La educación es el segundo tema que sigue sin dar respiro al Gobierno de Bachelet. Inmediatamente alcanzado el acuerdo tributario, cobró más fuerza la discusión sobre la reforma educativa que sigue siendo poco clara; sus contenidos no se conocen del todo y –lo más complejo— ha creado un gran clima de incertidumbre especialmente en los padres, que en el último tiempo han tomado un papel más protagónico.
Quizás estos sean parte de los factores para que, teniendo a la vista los resultados de la encuesta realizada por la Universidad del Desarrollo, la educación —paradójicamente— esté al borde de reprobar la asignatura.
El estudio citado demostró que la opinión pública está profundamente dividida frente a este tema, pero respecto del ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre no hay duda que está pésimamente evaluado.
Efectivamente, ante la pregunta “frente a la reforma educacional propuesta por el Gobierno, ¿su sentimiento general es de aprobación o rechazo?”, un 44% de los encuestados lo aprueba y un 42% la rechaza. Ante una pregunta sobre los atributos del ministro y en una escala de 1 a 7, Eyzaguirre es evaluado con 3,97 en credibilidad, 4,3 en capacidad y 3,68 en cercanía —es decir, un promedio que apenas llega a un 4,0.
Los otros temas de la reforma educacional también son interesantes de comentar, a la luz de la encuesta.
La idea del fin de la selección de alumnos a cargo de los colegios, al contrario de lo que podría creerse, es más bien rechazado que aceptado. Las personas quieren que sus hijos se relacionen con los mejores y no que estén expuestos a influencias negativas.
El fin al lucro en la educación es aceptado en un 56% y hay un rechazo mayoritario a la idea de universidad gratis para todos.
Respecto al término del financiamiento compartido también hay bastante división, y sobre todo duda; frente al consenso de que la educación pública es de mala calidad, muchos padres ya comienzan a hacerse el ánimo de tener que optar por una educación completamente privada con el consiguiente impacto en su presupuesto familiar.
En síntesis, este segundo semestre el Gobierno de Michelle Bachelet tendrá que hacer un esfuerzo adicional para mejorar sus calificaciones. Mantenerse con apenas un promedio 4,0 no es sólo sinónimo de mediocridad, sino que implica mantenerse en una línea frágil donde el más mínimo error se paga caro. Afortunadamente la opinión pública es cada vez más exigente y seguirá demandando resultados de calidad.
