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En anterior entrega hacíamos referencia de cómo los 41 mil millones de barriles de reservas de crudos convencionales le daban a Venezuela un colchón potencial de USD $400.000 millones a la hora de restructurar su deuda sin caer en las garras del FMI. Esa realidad se queda corta si tomamos en cuenta el inexplotado potencial gasífero del país. La abundancia de ese recurso en territorio nacional es tal que constituye el 67 % de todas las reservas de gas desde el Río Grande hasta la Patagonia. Medido en lo que se denomina “millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE)” para poder hacer comparaciones con ese otro recurso, estamos hablando de unos 30.000 MBPE, una gigantesca suma también potencialmente monetizarle en el orden de los USD $150.000 millones adicionales. Pero el gas natural, si bien tiene limitaciones en relación con el petróleo, también tiene algunas ventajas adicionales.
En primer lugar, tal como nos indica el ingeniero Diego González en su estudio sobre la materia:
“El gas natural tiene más futuro que el petróleo, porque es el combustible fósil que menos contamina, y del que hay muchos más recursos (principalmente el gas en las lutitas y el gas de los hidratos en los lechos marinos) y es el llamado a reemplazar el carbón para la generación de electricidad, y en muchos casos a los derivados del petróleo en el transporte. Como vimos, Venezuela tiene inmensos recursos de este hidrocarburo”.
En segundo lugar, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gasíferos (LOHG) aprobada por el Gobierno de Hugo Chávez en 1999, y aún vigente, no contempla que la actividad esté reservada al Estado, y permite la explotación privada, como de hecho ya está sucediendo de manera tímida en los campos costa afuera operados por Repsol y ENI. La limitante principal a un desarrollo más ambiciosos es el precio artificialmente bajo que se le pretende asignar al gas para el consumo interno, combinado con la obligación de servir ese consumo antes de poder poner el producto en el exterior.
Una de las grandes limitantes del gas para los fines de exportación es el alto costo de las instalaciones de compresión y licuefacción que se requiere para hacerlo un producto fácilmente exportable. En EE. UU., donde los hidrocarburos son un negocio privado y no una cuasi religión estatista, las empresas privadas han invertido una fortuna en puertos de exportación de gas licuado para aprovechar sus inmensas reservas de gas de lutitas. La más grande de estas se encuentra en Corpus Christi Texas, desde donde se exporta exitosamente a Asia, en competencia con Catar, el mayor exportador del mundo.
Nada impide que Venezuela pueda aprovechar estas substanciales ventajas comparativas si se permite la actividad privada desde la exploración a riesgo y producción de gas, permitiéndole a quienes inviertan, montar sus cadenas de suministro para exportación, asignando una parte de su producción al consumo doméstico a precios medianamente realistas.
Al igual que con el petróleo, la apertura de esta industria a la actividad privada va a requerir importantes inversiones de capital o CAPEX. Quienes no ven estas industrias y sus actividades conexas como palancas del recate de la economía venezolana, hacen caso omiso al importante contenido nacional, probablemente en exceso del 80 % que esas inversiones de capital tendrían. Gran parte de esa inversión es en válvulas, tubería, instalaciones industriales, etc., que la industria metalmecánica venezolana está en capacidad de suplir. Otra es en horas de ingeniería de diseño, y una parte no despreciable en infraestructura física como carreteas, escuelas y hasta urbanizaciones para los trabajadores de dichas industrias, todas actividades con altísimos porcentajes de componente local.
Esta realidad hace que los temores de que la industria energética genere otro caso de “enfermedad holandesa” propia de la Venezuela de principios del siglo XX en la que no existía una infraestructura industrial con capacidad de respuesta sea una visión errada de la situación.
