Esta semana el gobierno de los Estados Unidos impuso una serie de sanciones a PDVSA que reduce la capacidad de maniobra de los inquilinos de Miraflores, y cuyas consecuencias se sentirán en las próximas semanas.
La primera de las mencionadas medidas (y quizás la más severa) es la congelación de los activos de la empresa, así como los del régimen y cualquier otro ente propiedad de este que se encuentren en los EE UU (y quedan, además, a disposición del Gobierno Interino al que EE UU acaba de extenderle su reconocimiento). Corolario de esta medida es que también aplica a los flujos de caja futuros de esos entes producto de ventas en territorio estadounidense, que también queda a disposición del Interinato.
Una incógnita que se desprende de esas acciones (pero que no está contemplada de manera explícita) es quién tendrá el control de las operaciones de la empresa Citgo, una corporación registrada en el estado de Delaware con sede en Houston, y propietaria del 5% de la capacidad refinadora estadounidense. Es concebible que el Gobierno Interino nombre nuevos miembros a la directiva de Citgo y que los tribunales del Norte aprueben esos nombramientos, en cuyo caso la empresa podría seguir operando. Esto también puede hacerse con crudos venezolanos (si llegan) o si no con crudos comprados en el mercado spot. Citgo es una empresa solvente y las cargas que pesan sobre ella son las hipotecas con la que las cargo PDVSA para usos distintos al de su actividad.
La segunda arista es la prohibición de pagarle a Miraflores por los crudos que se exporten, pues esos ingresos irían a las cuentas antes mencionadas. En este caso el problema es complejo: EE UU no es el mayor cliente venezolano por accidente, sino porque sus crudos más apetecibles tienen especificaciones que cuadran con las necesidades de las refinerías de la Costa del Golfo. Buscar compradores alterativos como Reliance en India es una opción que toma tiempo, porque el comprador no va a darle la espalda a sus proveedores tradicionales de la noche a la mañana. Esto quiere decir que la capacidad de almacenamiento nacional corre el riesgo de coparse en el cortísimo plazo, requiriendo el cierre de pozos productivos. Irónicamente, otra opción sería seguir despachando crudos a EE UU (así el pago lo reciba en sus cuentas el Gobierno Interino) reduciendo de esta manera el riesgo de daño a los pozos por una parada abrupta mal ejecutada.
La tercera sanción tiene dos aristas: la prohibición de envío de gasolina y diluyentes desde EE UU a Venezuela. En el caso de la gasolina, hay un mercado mundial y proveedores como Argelia podrían tal vez cubrir esa demanda, pero en el caso de los diluyentes el mercado de oferta no es tan claro ni amplio.
Los diluyentes se requieren para mezclarlos con los crudos extra-pesados de la Faja para así poderlos transportar por los oleoductos. El diseño logístico original era que el diluyente (extraído de pozos de crudo convencional nacionales) se mezclaba a boca de pozo, llegaba a los mejoradores de Joséc y se devolvía a los campos para repetir la operación en un proceso continuo. Pero, como todo lo de este régimen, surgieron dos contratiempos. Primero, al declinar la producción no había diluyente nacional suficiente y se empezó a importar. Segundo, al tomar control de los mejoradores por la vía de la confiscación, estos dejaron de funcionar (salvo en los contados casos en que los opera un socio extranjero), por lo que el diluyente se re-exporta (junto con el crudo extra-pesado), una operación extremadamente costosa que reduce los ingresos de PDVSA, pero que también tiene le inconveniente de requerir la compra de muchísimo más diluyente.
No hay que olvidar que el destino de esos crudos es nada más y nada menos China. Lo cual tal vez explica la cara de circunstancia de sus representantes cuando el tema Venezuela se toca en instancias multilaterales.