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(Foto: EFE)
De acuerdo a la base de datos de Transparencia Venezuela, al inicio de 2109, el país tiene 576 EPE (empresas propiedad del estado), operando a distintos niveles de ineficiencia, si es que todavía permanecen abiertas. Afortunadamente, el «Plan País» aprobado por la Asamblea Nacional y presentado por el presidente (e) Juan Guaidó, contempla sin titubeos esa realidad cuando propone “dar apertura a la inversión privada en las empresas públicas y las medidas que sean necesarias para recuperar su capacidad de operación, especialmente en la gestión de servicios públicos”.
Para la inmensa mayoría de los venezolanos lo ahí expresado podrá parecer una perogrullada, porque veinte años de creciente estatización de los medios de producción los ha convencido de que lo que el Estado toca en materia de producción de bienes y servicios, lo destruye; o por lo menos, lo lleva a niveles de ineficiencia que terminamos pagando todos. Todos salvo los burócratas que se benefician de gerenciar esos cascarones medio vacíos subsidiados con dinero virtual y sin respaldo, claro está.
Es admirable que ese enunciado cuente con el consenso de todos los partidos de la Asamblea Nacional que lo aprobaron como hoja de ruta, pues algunos de ellos conservan en su ADN vestigios del estatismo que tanto daño le ha hecho al país; no solo en el derrumbe producido durante el sexenio madurista, sino por las experiencias pasadas con los resultados de estatizar actividades de producción. No obstante, esta no es la única razón por la cual el «Plan País» es una buena idea; hay otras razones poderosas para ello entre las cuales las no menos importantes son las que se analizarán a continuación.
En una primera instancia, la atracción de capital privado nacional y extranjero que colabore en la reconstrucción del país, reduciendo así las necesidades de fondos multilaterales de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, que normalmente están sujetos a ser dispensados a través de burocracias estatales, en vez de por quienes asumen los riesgos del mercado. Esto de por sí contribuirá a un fortalecimiento real de la balanza de cuenta de capital, lo que contribuye a reducir el riesgo país.
Hay quienes dicen que el dinero que prestan los multilaterales es “más barato” que la inversión privada a la hora de de recapitalizar al país, porque exige una mayor tasa de rendimiento para invertirse. Esa aseveración es totalmente falsa: si bien la tasa nominal de préstamos multilaterales es menor, el costo e ineficiencia del despliegue de estos recursos por burocracias que los canalizan al salvamento de empresas estatizadas ineficientes y no el traspaso de las mismas a sector privado, termina haciendo estos préstamos más costosos para el país.
Segundo, la actualización tecnológica que la participación de esos capitales traerá. Esa actualización no es una caja disponible en estanterías de supermercados. Las empresas con pericia en su especialidad (sea esta producción de cemento, metalurgia, telecomunicaciones, o exploración petrolera) han tenido avances espectaculares en esa materia durante estos 20 años en que nos hemos rezagado, y estos avances seguramente vendrán como parte del paquete de inversión.
Luego, el estímulo al universo de empresas pequeñas y medianas que proveerán servicios conexos a estas empresas, compitiendo por proveerlos según las reglas del mercado y no como cortesanos de una élite político-burocrática, signo característico de las EPE. De por sí, esta medida producirá una explosión de inversión y empleo en miles de empresas proveedoras, que permitirá absorber una parte importante del personal supernumerario de las EPE.
Y por último, pero no menos importante, los ingresos a las arcas públicas por la venta de las EPE, en los inicios de la transición, contribuirá a equilibrar el flujo de caja del estado, permitiendo un ajuste monetario que no tenga que recurrir a la producción de dinero inorgánico que esconde las ineptitudes estatales.
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