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Argentina propone débiles incentivos para fomentar el empleo formal

Por: Belén Marty - @belenmarty - Abr 15, 2014, 11:51 am

EnglishCon el objetivo de atacar la precarización y el fraude laboral, la Presidenta Kirchner presentó ayer en un acto en la Casa de Gobierno un proyecto de ley de combate del trabajo en negro. El objetivo es insertar en el mercado formal a unos 650 mil trabajadores en el plazo de dos años.

La iniciativa que llevará el Gobierno al Congreso prevé disminuir el trabajo no registrado y llevarlo, en el primer año de aplicación, del 33,5% al 30%. Como parte de una política de fiscalización más dura, la propuesta incrementará los poderes del Ministerio del Trabajo liderado por Carlos Tomada.

Según Kirchner, este proyecto de ley solucionará el “segundo problema que tienen los trabajadores” (el primero, añadió, es no tener trabajo), y según explicó, los que más se beneficien serán las micro empresas de hasta 5 trabajadores, pues se creará un régimen permanente para no pagar contribuciones patronales, reduciendo un 6% el costo laboral por empleado.

El objetivo principal es incentivar a los empleadores a que registren a sus empleados disminuyendo el costo por concepto de cargas sociales. Por esto, a las empresas que tengan entre 6 y 80 trabajadores les propondrán un sistema para fomentar un blanqueo progresivo de las contrataciones laborales.

Según Cristina Kirchner, “la precarización del trabajo crea un disciplinamiento porque se acepta cualquier salario”, y manifestó su deseo de que la propuesta “sea aprobada” en el Congreso. Aprovechó la oportunidad para explicar que bajo su administración creció el empleo al crearse “más de 6 millones de puestos de trabajo”, y que gracias a ello el último trimestre del año pasado el índice de desocupación llegó al 6,4%, que “es el índice más bajo del que tengamos memoria”.

La primer mandataria de Argentina exhortó a los sindicatos a que colaboren en este tema: “Esta tarea tiene que ser una tarea en la que ayuden mucho los sindicatos”. Agregó que “es bueno que nunca, nunca, nunca nos olvidemos de los que tienen precarizado su trabajo y todavía no consiguieron trabajo, sobre todo porque el trabajo no se ha caracterizado por ser permanente sino que tiene volatilidad”.

Este proyecto, que sale menos de una semana después del paro general organizado por sindicatos opositores, contó con el apoyo explícito de algunos gremialistas oficialistas como Claudio Marín, secretario de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Para él esto “es un avance contra la precarización porque promociona el trabajo registrado”.

Trabajadores argentinos. Fuente: Conciencia y Trabajo.
Trabajadores argentinos. Fuente: Conciencia y Trabajo.

Sin embargo, el gremialista manifestó: “Lo más importante será complementarlo o combinarlo con una limitación del tercerismo, que es una forma de precarización. Ello debe hacerse evitando los pases de mano de una empresa principal a otra secundaria e impidiendo la posibilidad de que se tercerice la actividad principal de las grandes compañías”.

Otro que apoyó la moción fue el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Mario Almirón, que explicó que la relación clandestina significa menos derechos para el trabajador “ya que supone que no tiene obra social, aportes a la seguridad y jubilatorios y protección laboral. Porque no solo se trata del salario mensual de bolsillo sino del diferido”.

Qué contempla el proyecto

La propuesta, que según palabras de Kirchner contempla un costo fiscal de 4.150 millones de pesos, se destinará en un 65% a micro empresas, unos 290,000 micro empleadores.

“Habrá un descuento del 100% a cada empleo nuevo que tomen; durante el primer año no van a tener que pagar contribuciones patronales” y se creará un registro público para prevenir el fraude laboral. De esta manera, explicó la mandataria, “cuando un empleador ha violado las normas y tiene empleo en negro, va a perder todos los beneficios que recibe del Estado”.

Otros objetivos del proyecto son: sancionar a empleadores a través del registro público de empleadores; ampliar la Ley 26.476 que da beneficios para la contratación de nuevos trabajadores, incluyendo beneficios a las pequeñas empresas, y buscar convenios con los gremios para registrar actividades agrarias o forestales de gran estacionalidad.

El problema de las cargas y regulaciones laborales

El jurista argentino Ricardo Rojas ahondó en los problemas que generará el proyecto que propone disminuir la economía informal. Para él, “las cargas sociales y regulaciones son la principal causa de desocupación, especialmente si se combate el trabajo en negro. Lo que propondría el gobierno es disminuir esas cargas para las pequeñas empresas, eso no está mal, pero en realidad si hace una distinción entre pequeñas empresas y grandes, lo que generará es distorsión, y pondrá en peligro a las grandes empresas, que son las que mueven la economía”.

A diferencia de lo que explicó Kirchner sobre una disminución de la tasa de desempleo durante su gestión, un artículo publicado por la Fundación argentina Libertad y Progreso explica que hay que matizar la disminución de la economía informal del 69% al 64% porque parte de los trabajadores que salieron de la economía informal fueron absorbidos por la administración pública. “El problema adicional para la productividad de la economía es que para financiar a los nuevos empleados públicos se debe incrementar la presión tributaria sobre el sector privado. Es decir, que se tienen hoy más empleos de baja productividad financiados con mayores impuestos que paga el sector de mayor productividad. Cuando los impuestos legislados no alcanzan, el empleo improductivo se financia con emisión monetaria. Para 2014, la presión tributaria probablemente supere el 49% del PIB, tomando en cuenta el financiamiento inflacionario”.

Para Enrique Ghersi, político y abogado peruano, “el origen de la informalidad no se encuentra en una tarea cultural, en un problema religioso o un origen étnico; se encuentra en la ineficiencia de la ley. En términos técnicos, somos informales por el llamado coste de la legalidad”. El abogado se pregunta “¿Cuál es el costo de la ley, entonces? La cantidad de tiempo y de información que se necesita para cumplir con ella”.

Por su parte, Hernando de Soto concluye que el mayor problema está en la misma ley que crea el Congreso: “Los sitios donde nosotros deberíamos investigar con mayor asiduidad los problemas de la informalidad y los problemas que se refieren a nuestro subdesarrollo, son en las instituciones legales. Creemos que la ley peruana, y de muchos otros países latinoamericanos, es evidentemente una ley que estorba en lugar de facilitar la vida productiva de la gente”.

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.