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EnglishCinco premios Nobel de Economía y otras personalidades políticas y académicas instaron a poner fin a la guerra contra las drogas, según un informe publicado ayer y presentando hoy por la London School of Economics. Según la institución educativa, el documento es el análisis económico independiente más completo sobre la actual estrategia de control de drogas que se haya realizado hasta el momento.
“Es hora de poner fin a la ‘guerra contra las drogas’ y encauzar masivamente los recursos hacia políticas efectivas basadas en la evidencia y apoyadas en análisis económicos rigurosos”, manifiesta el prólogo del documento, que tiene por nombre Acabar con la guerra contra las drogas (“Ending the Drug Wars”). Añade: “La insistencia en la estrategia militarizada y policial (…) ha dado resultados muy negativos y ocasionado daños colaterales”.
El infome de 84 páginas fue realizado por un grupo de 13 analistas de fuertes credenciales y trayectoria de investigación en economía y políticas de drogas, y fue firmado en su prólogo por cinco Premios Nobel de Economía: Kenneth Arrow (1972), Christopher Pissarides (2010), Thomas Schelling (2005), Vernon Smith (2002) y Oliver Williamson (2009).
Además de ellos, acompañaron con su firma políticos de alto rango como George Shultz (jefe de la diplomacia estadounidense entre 1982 y 1989), el español Javier Solana (exjefe de la diplomacia europea de 1999 a 2009), Aleksander Kwasniewski, presidente de Polonia, Nick Clegg, viceprimer ministro británico, Alejandro Gaviria, ministro de Sanidad de Colombia, y Luis Fernando Carrera Castro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.
It's time to end the war on drugs. The question is how? #LSEDrugPolicy Read Ending the Drug Wars: http://t.co/XjFp1FmRIz
— LSE IDEAS (@lseideas) May 7, 2014
El informe insta a las Naciones Unidas (ONU) a que abandone su “enfoque represivo y unidimensional” contra las drogas. Remarcan la importancia de una nueva estrategia mundial que en lugar de prohibir el consumo y la comercialización de las drogas, se base en “principios de sanidad pública, contención de los daños, reducción del impacto del mercado ilegal, acceso ampliado a medidas preventivas esenciales, minimización del consumo problemático, experimentación regulatoria rigurosamente monitorizada, y un compromiso inquebrantable con los principios de los derechos humanos”.
Además, el prólogo describe el nuevo rol que debería tomar la ONU: “Ahora debe asumir el liderazgo para abogar por un nuevo marco internacional cooperativo basado en la aceptación fundamental de que diferentes políticas van a funcionar mejor o peor en diferentes países y regiones”.
El sustento del informe se basa en que el sistema actual fue construido bajo la suposición de que la oferta de drogas podía controlarse y de esa manera erradicar el uso recreativo de estas sustancias.
Daniel Mejía —profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de los Andes y Director del Centro de Investigación sobre Drogas y Seguridad en Colombia— y Pascual Restrepo —candidato a doctorado en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)— explican en el documento que “Al igual que cualquier política, [las políticas antidrogas] deben ser juzgadas por sus resultados y no por sus intenciones”. Advierten que la evidencia es clara: La ineficiencia y los costos de muchas de las políticas prohibicionistas son muy altos.
Por su parte, Ernest Drucker, Profesor Adjunto de Epidemiología de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia, explica en su contribución al informe que se debe identificar y liberar a los segmentos de las poblaciones carcelarias que representan poco o ningún riesgo para la seguridad pública. “Estos incluyen a los infractores por crímenes de drogas no violentos”.
Joanne Csete, Directora adjunta del Programa Global de Políticas de Drogas de Open Society Foundations entiende que los gobiernos deben redireccionar recursos para dar acceso a la salud pública a los consumidores de drogas.
“Los gobiernos deben garantizar que el acceso a los servicios de salud por parte de los usuarios de drogas (a escala adecuada) sea una prioridad en la asignación de recursos públicos. Estos servicios están actualmente muy poco disponibles en relación con las necesidades”, afirmó la directora.
El informe de la LSE será presentado hoy a las 18.30 hora local en el viejo edificio de la universidad británica con entrada libre y podrá seguirse en vivo por internet. Los oradores serán Mauricio López Bonilla (ministro del Interior de Guatemala), el profesor de políticas publicas de UCLA Mark Kleiman y el doctor Kasia Malinowska-Sempruch, director de la Open Society Global Drug Policy Program.
América Latina, un paso adelante
El congreso uruguayo aprobó en diciembre pasado –efectiva desde ayer— la legalización del consumo y cultivo de la marihuana en todo el país. Además, se podrá comprar legalmente la droga en clubes de membresía o farmacias autorizadas.
El presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, en varias oportunidades ha expresado la opinión de que la prohibición es la causa fundamental del narcotráfico, ya que crea un mercado en el que sólo unos pocos están dispuestos a incursionar haciendo caso omiso de la ley, lo cual elimina la competencia y permite cobrar precios sumamente altos. Por ejemplo, en una entrevista con la cadena CNN dijo: “Creemos que le estropeamos el mercado [al narcotraficante] porque vamos a vender prolijamente mucho más barato que lo está vendiendo el mercado clandestino”.
También, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha expresado la necesidad de un debate sobre otras opciones para el problema de las drogas en ese país. En una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, el mandatario había expresado: “¿Cómo le explico a un campesino en Colombia que tengo que ponerlo en la cárcel por cultivar marihuana cuando en Colorado o en el estado de Washington es legal la compra de la misma marihuana? El mundo necesita un enfoque más efectivo, fresco y creativo para ganar esta guerra, porque hasta ahora no hemos ganado y el costo ha sido enorme”.
Por último, Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, ha expresado en entrevistas televisivas que su país podría legalizar la producción de marihuana y adormideras de opio este año, y que está a favor de un debate en las Naciones Unidas sobre la regularización de sustancias como la cocaína o la heroína.
