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Argentina: Periodista podría pasar años en la cárcel por Ley Antiterrorista

Por: Belén Marty - @belenmarty - May 13, 2014, 2:08 pm

La Justicia Federal de la provincia argentina de Santiago del Estero podría aplicar por primera vez en el país la Ley Antiterrorista, promulgada en diciembre de 2011, contra el periodista Juan Pablo Suárez, imputado por “incitación a la violencia colectiva” y “aterrorizar a la población”, por lo cual podría ser condenado con hasta 12 años de prisión. Su imputación ya genera polémica en las redes sociales y en los medios de todo el país.

Juan Pablo Suárez
Juan Pablo Suárez. Fuente: Infobae.

El periodista del portal Última Hora es acusado de haber filmado la detención del policía Nelson Villagrán cuando este se intentaba encadenar en la plaza central de la capital provincial para protestar por un aumento salarial el diciembre pasado.

El reclamo por aumentos de salarios de la policía tuvo en vilo al país a finales de 2013, debido a que a los policías, al acuartelarse como modo de reclamo, se desencadenaron saqueos y violencia callejera en algunas provincias argentinas.

Minutos después de la publicación del vídeo de la aprehensión se procedió al allanamiento de las oficinas de Última Hora y arrestaron a Suárez, quien estuvo detenido más de una semana en una cárcel común acusado de sedición e incitación a la violencia.

Sin embargo, el fiscal de la causa, Pedro Simón, explicó a Cadena 3 en la mañana de este martes que Suárez no fue detenido por la publicación del vídeo, sino por “difundir información falsa” sobre los saqueos.

“La Presidenta habla de que hubo un estado de terrorismo en sus tiempos de juventud (por la dictadura militar), pero debería saber que vivir en la época que ella gobierna, también da miedo”, sentenció el periodista acusado.

El fiscal Simón elevó la causa al Juez Federal y sumó el delito de “Incitación a la violencia colectiva” (art. 212, C.P.) al agravado de querer “aterrorizar a la Población” (art. 41 quinquies, C.P.).

De esta manera, se lo acusa de terrorismo bajo el articulo 41 antes mencionado: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas Nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

Cuando le avisaron que hubo un cambio en su causa, el periodista explicó: “Me avisaron desde la Justicia Federal que si bien no cambiaba la carátula enmarcada en el artículo 212 del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 6 años, lo que sí cambió fue la tipificación del presunto delito, el cual ahora era reglamentado y modificado por el artículo 41 de la Ley Antiterrorista, el cual agrava la condena de 6 a 12 años, es decir, las duplica”.

El periodista, que ya fue citado a indagatoria por la justicia, advirtió: “Hay medios que son fuertes, y están los demás que son lo suficientemente endebles como para tener miedo. Este es un caso que se quiere dejar como testigo: A aquél que ose enfrentar al gobierno provincial podría pasarle lo mismo”, manifestó.

Además, Suárez dijo al diario Perfil que “Zamora (gobernador de Santiago del Estero) y su mujer tienen a la prensa amordazada”. También relató lo que sucedió después de su detención: “Luego de mi liberación, la causa continuó. Pero en ese lapso destruyeron todo nuestro material de trabajo. Rompieron todas las garantías que tiene un periodista para hacer su trabajo, dos notebooks, un CPU de una computadora de escritorio, el celular, una filmadora…”, dijo.

La Ley antiterrorista —decreto de la presidente Kirchner, luego aprobada en el Congreso Nacional— fue promulgada en diciembre de 2011 para incrementar los castigos de los delitos que pudieran aterrorizar a la población.

Aníbal Fernandez, ex jefe de gabinete y actual senador, había declarado a una radio local en diciembre de 2011: “Es un disparate pensar que esa ley fue hecha pensando en reclamos sociales o en el periodismo. Esa ley fue hecha pensando en el terrorismo que muy claramente sabemos los argentinos de qué se trata”, aseveró.

El funcionario kirchnerista defendió en su momento la aprobación de esta ley con la idea de proteger al Estado frente a chantajes terroristas. “Lo que se aprobó habla de las duras realidades de lo que sucede cuando actúa el terrorismo, y con el terrorismo no se negocia”.

Otro que defendió la promulgación del decreto fue Florencio Randazzo, ministro del Interior. “Está precisamente explícito en la ley que no se afecta el ejercicio de los Derechos Humanos, sociales y del resto de los derechos constitucionales —como el derecho a la información y muchos menos los vinculados a la protesta social”, aseguró el funcionario.

Miguel Pichetto, presidente del bloque oficialista en ese momento, explicó que la norma obedece al objetivo de alinear a Argentina a los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que combate el lavado de dinero y sus posibilidades de financiamiento a grupos terroristas.

“Se trata de una norma fundamental para cumplir con los requisitos del GAFI y todas las interpretaciones que se hicieron en contra de ella carecen de sustento y de realismo político”, expresó Pichetto.

Críticas a la Ley Antiterrorista

La primera organización que salió en defensa de Suárez fue el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que reúne a más de 300 periodistas de este país. Fopea informó a través de un comunicado que rechaza la aplicación de esta ley “como limitante de los derechos de libertad de expresión y condicionante del ejercicio del periodismo”.

Para la organización “la ley no debe ser usada en contra de Derechos Humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones”.

La legisladora opositora y parte del bloque Unión Pro, Laura Alonso, repudió la aplicación de esta ley y recordó que ella presentó un proyecto de ley en 2012 para derogarla porque “viola libertades individuales”.

En su pedido de derogación, que comparte la firma de otras 80 organizaciones sociales, explica que “El documento [por la ley] pone en evidencia que el proyecto de legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: En la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.

En sus declaraciones a la prensa, Suárez denunció una situación de acoso a la libertad de comunicación en su provincia, una de las más pobres de Argentina. “La opresión y la mordaza a la prensa es absoluta. El único medio que no está alineado con el Gobierno provincial es el mío. Y eso que solo somos un sitio web. Pero claro, por ser un medio opositor, tenemos un cierto nivel alto de lectura. El resto de la prensa está absolutamente amordazada”.

Según el último informe de libertad de prensa de Freedom House, Argentina está catalogada como un país con libertad de prensa “parcial”. Obtuvo un puntaje de 52 sobre 100, siendo 100 el peor de los índices (una prensa totalmente controlada).

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.