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EnglishLa primera mandataria de Chile firmará esta mañana en una ceremonia prevista en el Palacio de la Moneda el primer proyecto de la reforma educativa, una de sus principales banderas políticas. La iniciativa tiene tres puntos clave: Establecer la gratuidad de la educación, terminar con el lucro en la prestación de los servicios educativos, y acabar con la selección y exámenes de admisión en las escuelas.
El proyecto, que será enviado mañana al Congreso a tratarse con urgencia simple, es una de las tres reformas principales que planea llevar a cabo la presidenta junto a la reforma tributaria y la nueva Constitución. Se enmarca, además, dentro de las 50 medidas prometidas por Bachelet que serán aprobadas dentro de los primeros 100 días de gestión.
“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, exhibía la invitación del gobierno a autoridades y especialistas del área educativa para el acto de hoy, según informó la agencia de noticias ANSA.
El ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, manifestó que la propuesta de reforma —de más de 50 páginas— invita a modificar el paradigma actual de la educación, reformar el sistema público de enseñanza, y entregarle el poder a las familias locales para que sean ellas las que elijan las escuelas para sus hijos, y no al revés.
El objetivo es, según el diario La Tercera, eliminar el “copago”, que es el pago adicional que hacen las familias al aporte inicial y principal que viene del Estado, y reemplazarlo por un subsidio estatal.
Son un total de 3.470 los establecimientos que hoy lucran con la actividad escolar en el marco de la vigente ley de educación, y que tendrán que terminar con ese sistema y transformarse en fundaciones sin fines de lucro cuando se apruebe la reforma. La meta es dejar de dar recursos públicos a establecimientos que generan beneficios.
Para ello, contarán con dos años para convertirse en organizaciones sin fines de lucro y con la posibilidad de solicitar al Estado que compre los inmuebles en donde funciona el establecimiento, el cual, a su vez, tendrá 12 años para pagarlos.
Para evitar el cierre masivo de escuelas con el nuevo régimen sin lucro, la iniciativa de Bachelet prevé crear una entidad que se ocupe de comprar las escuelas que hayan quedado sin nadie interesado en administrarlas.
También se eliminará el sistema que tiene cada escuela para la admisión de alumnos en su institución. Se buscará dejar atrás las admisiones mediante exámenes o entrevistas para permitir que sean los padres quienes elijan la escuela y no la escuela quien elija a los alumnos.
La reforma prohibirá la expulsión de los alumnos de primer a cuarto año y permitirá que los alumnos repitan por dos años. Además, los directivos de los colegios no podrán pedir un informe de rendimiento escolar a los nuevos alumnos.
Finalmente, plantea un cambio en cómo estará contemplada la educación en las leyes. Se buscará catalogar a la educación como un derecho social y entregarle a la sociedad la garantía para exigir, entre otras cosas, una educación de calidad.
Las reformas en la educación han sido el foco de varias protestas —especialmente en el mandato del expresidente Sebastián Piñera— protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios que vienen abogando por el fin del lucro y por la gratuidad universal de la educación en todos los niveles.
Hace cuatro días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma tributaria que permitirá financiar esta transformación educativa.
¿La educación es un derecho?
Axel Kaiser, abogado y director de la fundación chilena Libertad para el Progreso, indicó a PanAm Post que “la educación superior debe financiarla cada estudiante. Puede haber becas, como siempre hay, para alumnos talentosos y un sistema de créditos a tasas convenientes para otros”.
Además, sostuvo que “la educación también es un bien económico, aunque no de consumo, porque se paga por su valor”. El abogado había escrito en 2013 una columna en diario El Mercurio titulada “¡La Educación no es un derecho!”.
Este artículo generó fuerte polémica en los medios chilenos, y Kaiser fue invitado a debatir en varios programas de televisión. “Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades —como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder— son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los ‘derechos sociales’ solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático”, escribió.
Frente a la postura de Kaiser, Fernando Atria, constitucionalista quien formó parte de las comisiones de Nueva Mayoría del proyecto de la nueva Constitución, expresó que cuando se trata de derechos sociales, los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. “Hoy uno no puede entender el debate sobre educación sin entender el debate sobre los derechos sociales. Y creo que uno no puede entender de derechos sociales sin vincularlos a una noción fuerte, material, de ciudadanía”, manifestó.
Por último, la presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, expresó que no son suficientes las medidas que presenta este proyecto y que muchas de estas no recogen la demanda integral que ha planteado el movimiento social. “La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, concluyó la dirigente estudiantil, que informó que planean una marcha el próximo 21 de mayo para exigir cambios más profundos en la educación.
EnglishLa primera mandataria de Chile firmará esta mañana en una ceremonia prevista en el Palacio de la Moneda el primer proyecto de la reforma educativa, una de sus principales banderas políticas. La iniciativa tiene tres puntos clave: Establecer la gratuidad de la educación, terminar con el lucro en la prestación de los servicios educativos, y acabar con la selección y exámenes de admisión en las escuelas.
El proyecto, que será enviado mañana al Congreso a tratarse con urgencia simple, es una de las tres reformas principales que planea llevar a cabo la presidenta junto a la reforma tributaria y la nueva Constitución. Se enmarca, además, dentro de las 50 medidas prometidas por Bachelet que serán aprobadas dentro de los primeros 100 días de gestión.
“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, exhibía la invitación del gobierno a autoridades y especialistas del área educativa para el acto de hoy, según informó la agencia de noticias ANSA.
El ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, manifestó que la propuesta de reforma —de más de 50 páginas— invita a modificar el paradigma actual de la educación, reformar el sistema público de enseñanza, y entregarle el poder a las familias locales para que sean ellas las que elijan las escuelas para sus hijos, y no al revés.
El objetivo es, según el diario La Tercera, eliminar el “copago”, que es el pago adicional que hacen las familias al aporte inicial y principal que viene del Estado, y reemplazarlo por un subsidio estatal.
Son un total de 3.470 los establecimientos que hoy lucran con la actividad escolar en el marco de la vigente ley de educación, y que tendrán que terminar con ese sistema y transformarse en fundaciones sin fines de lucro cuando se apruebe la reforma. La meta es dejar de dar recursos públicos a establecimientos que generan beneficios.
Para ello, contarán con dos años para convertirse en organizaciones sin fines de lucro y con la posibilidad de solicitar al Estado que compre los inmuebles en donde funciona el establecimiento, el cual, a su vez, tendrá 12 años para pagarlos.
Para evitar el cierre masivo de escuelas con el nuevo régimen sin lucro, la iniciativa de Bachelet prevé crear una entidad que se ocupe de comprar las escuelas que hayan quedado sin nadie interesado en administrarlas.
También se eliminará el sistema que tiene cada escuela para la admisión de alumnos en su institución. Se buscará dejar atrás las admisiones mediante exámenes o entrevistas para permitir que sean los padres quienes elijan la escuela y no la escuela quien elija a los alumnos.
La reforma prohibirá la expulsión de los alumnos de primer a cuarto año y permitirá que los alumnos repitan por dos años. Además, los directivos de los colegios no podrán pedir un informe de rendimiento escolar a los nuevos alumnos.
Finalmente, plantea un cambio en cómo estará contemplada la educación en las leyes. Se buscará catalogar a la educación como un derecho social y entregarle a la sociedad la garantía para exigir, entre otras cosas, una educación de calidad.
Las reformas en la educación han sido el foco de varias protestas —especialmente en el mandato del expresidente Sebastián Piñera— protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios que vienen abogando por el fin del lucro y por la gratuidad universal de la educación en todos los niveles.
Hace cuatro días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma tributaria que permitirá financiar esta transformación educativa.
¿La educación es un derecho?
Axel Kaiser, abogado y director de la fundación chilena Libertad para el Progreso, indicó a PanAm Post que “la educación superior debe financiarla cada estudiante. Puede haber becas, como siempre hay, para alumnos talentosos y un sistema de créditos a tasas convenientes para otros”.
Además, sostuvo que “la educación también es un bien económico, aunque no de consumo, porque se paga por su valor”. El abogado había escrito en 2013 una columna en diario El Mercurio titulada “¡La Educación no es un derecho!”.
Este artículo generó fuerte polémica en los medios chilenos, y Kaiser fue invitado a debatir en varios programas de televisión. “Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades —como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder— son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los ‘derechos sociales’ solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático”, escribió.
Frente a la postura de Kaiser, Fernando Atria, constitucionalista quien formó parte de las comisiones de Nueva Mayoría del proyecto de la nueva Constitución, expresó que cuando se trata de derechos sociales, los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. “Hoy uno no puede entender el debate sobre educación sin entender el debate sobre los derechos sociales. Y creo que uno no puede entender de derechos sociales sin vincularlos a una noción fuerte, material, de ciudadanía”, manifestó.
Por último, la presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, expresó que no son suficientes las medidas que presenta este proyecto y que muchas de estas no recogen la demanda integral que ha planteado el movimiento social. “La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, concluyó la dirigente estudiantil, que informó que planean una marcha el próximo 21 de mayo para exigir cambios más profundos en la educación.
EnglishLa primera mandataria de Chile firmará esta mañana en una ceremonia prevista en el Palacio de la Moneda el primer proyecto de la reforma educativa, una de sus principales banderas políticas. La iniciativa tiene tres puntos clave: Establecer la gratuidad de la educación, terminar con el lucro en la prestación de los servicios educativos, y acabar con la selección y exámenes de admisión en las escuelas.
El proyecto, que será enviado mañana al Congreso a tratarse con urgencia simple, es una de las tres reformas principales que planea llevar a cabo la presidenta junto a la reforma tributaria y la nueva Constitución. Se enmarca, además, dentro de las 50 medidas prometidas por Bachelet que serán aprobadas dentro de los primeros 100 días de gestión.
“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, exhibía la invitación del gobierno a autoridades y especialistas del área educativa para el acto de hoy, según informó la agencia de noticias ANSA.
El ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, manifestó que la propuesta de reforma —de más de 50 páginas— invita a modificar el paradigma actual de la educación, reformar el sistema público de enseñanza, y entregarle el poder a las familias locales para que sean ellas las que elijan las escuelas para sus hijos, y no al revés.
El objetivo es, según el diario La Tercera, eliminar el “copago”, que es el pago adicional que hacen las familias al aporte inicial y principal que viene del Estado, y reemplazarlo por un subsidio estatal.
Son un total de 3.470 los establecimientos que hoy lucran con la actividad escolar en el marco de la vigente ley de educación, y que tendrán que terminar con ese sistema y transformarse en fundaciones sin fines de lucro cuando se apruebe la reforma. La meta es dejar de dar recursos públicos a establecimientos que generan beneficios.
Para ello, contarán con dos años para convertirse en organizaciones sin fines de lucro y con la posibilidad de solicitar al Estado que compre los inmuebles en donde funciona el establecimiento, el cual, a su vez, tendrá 12 años para pagarlos.
Para evitar el cierre masivo de escuelas con el nuevo régimen sin lucro, la iniciativa de Bachelet prevé crear una entidad que se ocupe de comprar las escuelas que hayan quedado sin nadie interesado en administrarlas.
También se eliminará el sistema que tiene cada escuela para la admisión de alumnos en su institución. Se buscará dejar atrás las admisiones mediante exámenes o entrevistas para permitir que sean los padres quienes elijan la escuela y no la escuela quien elija a los alumnos.
La reforma prohibirá la expulsión de los alumnos de primer a cuarto año y permitirá que los alumnos repitan por dos años. Además, los directivos de los colegios no podrán pedir un informe de rendimiento escolar a los nuevos alumnos.
Finalmente, plantea un cambio en cómo estará contemplada la educación en las leyes. Se buscará catalogar a la educación como un derecho social y entregarle a la sociedad la garantía para exigir, entre otras cosas, una educación de calidad.
Las reformas en la educación han sido el foco de varias protestas —especialmente en el mandato del expresidente Sebastián Piñera— protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios que vienen abogando por el fin del lucro y por la gratuidad universal de la educación en todos los niveles.
Hace cuatro días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma tributaria que permitirá financiar esta transformación educativa.
¿La educación es un derecho?
Axel Kaiser, abogado y director de la fundación chilena Libertad para el Progreso, indicó a PanAm Post que “la educación superior debe financiarla cada estudiante. Puede haber becas, como siempre hay, para alumnos talentosos y un sistema de créditos a tasas convenientes para otros”.
Además, sostuvo que “la educación también es un bien económico, aunque no de consumo, porque se paga por su valor”. El abogado había escrito en 2013 una columna en diario El Mercurio titulada “¡La Educación no es un derecho!”.
Este artículo generó fuerte polémica en los medios chilenos, y Kaiser fue invitado a debatir en varios programas de televisión. “Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades —como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder— son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los ‘derechos sociales’ solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático”, escribió.
Frente a la postura de Kaiser, Fernando Atria, constitucionalista quien formó parte de las comisiones de Nueva Mayoría del proyecto de la nueva Constitución, expresó que cuando se trata de derechos sociales, los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. “Hoy uno no puede entender el debate sobre educación sin entender el debate sobre los derechos sociales. Y creo que uno no puede entender de derechos sociales sin vincularlos a una noción fuerte, material, de ciudadanía”, manifestó.
Por último, la presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, expresó que no son suficientes las medidas que presenta este proyecto y que muchas de estas no recogen la demanda integral que ha planteado el movimiento social. “La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, concluyó la dirigente estudiantil, que informó que planean una marcha el próximo 21 de mayo para exigir cambios más profundos en la educación.
EnglishLa primera mandataria de Chile firmará esta mañana en una ceremonia prevista en el Palacio de la Moneda el primer proyecto de la reforma educativa, una de sus principales banderas políticas. La iniciativa tiene tres puntos clave: Establecer la gratuidad de la educación, terminar con el lucro en la prestación de los servicios educativos, y acabar con la selección y exámenes de admisión en las escuelas.
El proyecto, que será enviado mañana al Congreso a tratarse con urgencia simple, es una de las tres reformas principales que planea llevar a cabo la presidenta junto a la reforma tributaria y la nueva Constitución. Se enmarca, además, dentro de las 50 medidas prometidas por Bachelet que serán aprobadas dentro de los primeros 100 días de gestión.
“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, exhibía la invitación del gobierno a autoridades y especialistas del área educativa para el acto de hoy, según informó la agencia de noticias ANSA.
El ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, manifestó que la propuesta de reforma —de más de 50 páginas— invita a modificar el paradigma actual de la educación, reformar el sistema público de enseñanza, y entregarle el poder a las familias locales para que sean ellas las que elijan las escuelas para sus hijos, y no al revés.
El objetivo es, según el diario La Tercera, eliminar el “copago”, que es el pago adicional que hacen las familias al aporte inicial y principal que viene del Estado, y reemplazarlo por un subsidio estatal.
Son un total de 3.470 los establecimientos que hoy lucran con la actividad escolar en el marco de la vigente ley de educación, y que tendrán que terminar con ese sistema y transformarse en fundaciones sin fines de lucro cuando se apruebe la reforma. La meta es dejar de dar recursos públicos a establecimientos que generan beneficios.
Para ello, contarán con dos años para convertirse en organizaciones sin fines de lucro y con la posibilidad de solicitar al Estado que compre los inmuebles en donde funciona el establecimiento, el cual, a su vez, tendrá 12 años para pagarlos.
Para evitar el cierre masivo de escuelas con el nuevo régimen sin lucro, la iniciativa de Bachelet prevé crear una entidad que se ocupe de comprar las escuelas que hayan quedado sin nadie interesado en administrarlas.
También se eliminará el sistema que tiene cada escuela para la admisión de alumnos en su institución. Se buscará dejar atrás las admisiones mediante exámenes o entrevistas para permitir que sean los padres quienes elijan la escuela y no la escuela quien elija a los alumnos.
La reforma prohibirá la expulsión de los alumnos de primer a cuarto año y permitirá que los alumnos repitan por dos años. Además, los directivos de los colegios no podrán pedir un informe de rendimiento escolar a los nuevos alumnos.
Finalmente, plantea un cambio en cómo estará contemplada la educación en las leyes. Se buscará catalogar a la educación como un derecho social y entregarle a la sociedad la garantía para exigir, entre otras cosas, una educación de calidad.
Las reformas en la educación han sido el foco de varias protestas —especialmente en el mandato del expresidente Sebastián Piñera— protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios que vienen abogando por el fin del lucro y por la gratuidad universal de la educación en todos los niveles.
Hace cuatro días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma tributaria que permitirá financiar esta transformación educativa.
¿La educación es un derecho?
Axel Kaiser, abogado y director de la fundación chilena Libertad para el Progreso, indicó a PanAm Post que “la educación superior debe financiarla cada estudiante. Puede haber becas, como siempre hay, para alumnos talentosos y un sistema de créditos a tasas convenientes para otros”.
Además, sostuvo que “la educación también es un bien económico, aunque no de consumo, porque se paga por su valor”. El abogado había escrito en 2013 una columna en diario El Mercurio titulada “¡La Educación no es un derecho!”.
Este artículo generó fuerte polémica en los medios chilenos, y Kaiser fue invitado a debatir en varios programas de televisión. “Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades —como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder— son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los ‘derechos sociales’ solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático”, escribió.
Frente a la postura de Kaiser, Fernando Atria, constitucionalista quien formó parte de las comisiones de Nueva Mayoría del proyecto de la nueva Constitución, expresó que cuando se trata de derechos sociales, los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. “Hoy uno no puede entender el debate sobre educación sin entender el debate sobre los derechos sociales. Y creo que uno no puede entender de derechos sociales sin vincularlos a una noción fuerte, material, de ciudadanía”, manifestó.
Por último, la presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, expresó que no son suficientes las medidas que presenta este proyecto y que muchas de estas no recogen la demanda integral que ha planteado el movimiento social. “La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, concluyó la dirigente estudiantil, que informó que planean una marcha el próximo 21 de mayo para exigir cambios más profundos en la educación.
EnglishLa primera mandataria de Chile firmará esta mañana en una ceremonia prevista en el Palacio de la Moneda el primer proyecto de la reforma educativa, una de sus principales banderas políticas. La iniciativa tiene tres puntos clave: Establecer la gratuidad de la educación, terminar con el lucro en la prestación de los servicios educativos, y acabar con la selección y exámenes de admisión en las escuelas.
El proyecto, que será enviado mañana al Congreso a tratarse con urgencia simple, es una de las tres reformas principales que planea llevar a cabo la presidenta junto a la reforma tributaria y la nueva Constitución. Se enmarca, además, dentro de las 50 medidas prometidas por Bachelet que serán aprobadas dentro de los primeros 100 días de gestión.
“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, exhibía la invitación del gobierno a autoridades y especialistas del área educativa para el acto de hoy, según informó la agencia de noticias ANSA.
El ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, manifestó que la propuesta de reforma —de más de 50 páginas— invita a modificar el paradigma actual de la educación, reformar el sistema público de enseñanza, y entregarle el poder a las familias locales para que sean ellas las que elijan las escuelas para sus hijos, y no al revés.
El objetivo es, según el diario La Tercera, eliminar el “copago”, que es el pago adicional que hacen las familias al aporte inicial y principal que viene del Estado, y reemplazarlo por un subsidio estatal.
Son un total de 3.470 los establecimientos que hoy lucran con la actividad escolar en el marco de la vigente ley de educación, y que tendrán que terminar con ese sistema y transformarse en fundaciones sin fines de lucro cuando se apruebe la reforma. La meta es dejar de dar recursos públicos a establecimientos que generan beneficios.
Para ello, contarán con dos años para convertirse en organizaciones sin fines de lucro y con la posibilidad de solicitar al Estado que compre los inmuebles en donde funciona el establecimiento, el cual, a su vez, tendrá 12 años para pagarlos.
Para evitar el cierre masivo de escuelas con el nuevo régimen sin lucro, la iniciativa de Bachelet prevé crear una entidad que se ocupe de comprar las escuelas que hayan quedado sin nadie interesado en administrarlas.
También se eliminará el sistema que tiene cada escuela para la admisión de alumnos en su institución. Se buscará dejar atrás las admisiones mediante exámenes o entrevistas para permitir que sean los padres quienes elijan la escuela y no la escuela quien elija a los alumnos.
La reforma prohibirá la expulsión de los alumnos de primer a cuarto año y permitirá que los alumnos repitan por dos años. Además, los directivos de los colegios no podrán pedir un informe de rendimiento escolar a los nuevos alumnos.
Finalmente, plantea un cambio en cómo estará contemplada la educación en las leyes. Se buscará catalogar a la educación como un derecho social y entregarle a la sociedad la garantía para exigir, entre otras cosas, una educación de calidad.
Las reformas en la educación han sido el foco de varias protestas —especialmente en el mandato del expresidente Sebastián Piñera— protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios que vienen abogando por el fin del lucro y por la gratuidad universal de la educación en todos los niveles.
Hace cuatro días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma tributaria que permitirá financiar esta transformación educativa.
¿La educación es un derecho?
Axel Kaiser, abogado y director de la fundación chilena Libertad para el Progreso, indicó a PanAm Post que “la educación superior debe financiarla cada estudiante. Puede haber becas, como siempre hay, para alumnos talentosos y un sistema de créditos a tasas convenientes para otros”.
Además, sostuvo que “la educación también es un bien económico, aunque no de consumo, porque se paga por su valor”. El abogado había escrito en 2013 una columna en diario El Mercurio titulada “¡La Educación no es un derecho!”.
Este artículo generó fuerte polémica en los medios chilenos, y Kaiser fue invitado a debatir en varios programas de televisión. “Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades —como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder— son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los ‘derechos sociales’ solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático”, escribió.
Frente a la postura de Kaiser, Fernando Atria, constitucionalista quien formó parte de las comisiones de Nueva Mayoría del proyecto de la nueva Constitución, expresó que cuando se trata de derechos sociales, los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. “Hoy uno no puede entender el debate sobre educación sin entender el debate sobre los derechos sociales. Y creo que uno no puede entender de derechos sociales sin vincularlos a una noción fuerte, material, de ciudadanía”, manifestó.
Por último, la presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, expresó que no son suficientes las medidas que presenta este proyecto y que muchas de estas no recogen la demanda integral que ha planteado el movimiento social. “La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, concluyó la dirigente estudiantil, que informó que planean una marcha el próximo 21 de mayo para exigir cambios más profundos en la educación.
EnglishLa primera mandataria de Chile firmará esta mañana en una ceremonia prevista en el Palacio de la Moneda el primer proyecto de la reforma educativa, una de sus principales banderas políticas. La iniciativa tiene tres puntos clave: Establecer la gratuidad de la educación, terminar con el lucro en la prestación de los servicios educativos, y acabar con la selección y exámenes de admisión en las escuelas.
El proyecto, que será enviado mañana al Congreso a tratarse con urgencia simple, es una de las tres reformas principales que planea llevar a cabo la presidenta junto a la reforma tributaria y la nueva Constitución. Se enmarca, además, dentro de las 50 medidas prometidas por Bachelet que serán aprobadas dentro de los primeros 100 días de gestión.
“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, exhibía la invitación del gobierno a autoridades y especialistas del área educativa para el acto de hoy, según informó la agencia de noticias ANSA.
El ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, manifestó que la propuesta de reforma —de más de 50 páginas— invita a modificar el paradigma actual de la educación, reformar el sistema público de enseñanza, y entregarle el poder a las familias locales para que sean ellas las que elijan las escuelas para sus hijos, y no al revés.
El objetivo es, según el diario La Tercera, eliminar el “copago”, que es el pago adicional que hacen las familias al aporte inicial y principal que viene del Estado, y reemplazarlo por un subsidio estatal.
Son un total de 3.470 los establecimientos que hoy lucran con la actividad escolar en el marco de la vigente ley de educación, y que tendrán que terminar con ese sistema y transformarse en fundaciones sin fines de lucro cuando se apruebe la reforma. La meta es dejar de dar recursos públicos a establecimientos que generan beneficios.
Para ello, contarán con dos años para convertirse en organizaciones sin fines de lucro y con la posibilidad de solicitar al Estado que compre los inmuebles en donde funciona el establecimiento, el cual, a su vez, tendrá 12 años para pagarlos.
Para evitar el cierre masivo de escuelas con el nuevo régimen sin lucro, la iniciativa de Bachelet prevé crear una entidad que se ocupe de comprar las escuelas que hayan quedado sin nadie interesado en administrarlas.
También se eliminará el sistema que tiene cada escuela para la admisión de alumnos en su institución. Se buscará dejar atrás las admisiones mediante exámenes o entrevistas para permitir que sean los padres quienes elijan la escuela y no la escuela quien elija a los alumnos.
La reforma prohibirá la expulsión de los alumnos de primer a cuarto año y permitirá que los alumnos repitan por dos años. Además, los directivos de los colegios no podrán pedir un informe de rendimiento escolar a los nuevos alumnos.
Finalmente, plantea un cambio en cómo estará contemplada la educación en las leyes. Se buscará catalogar a la educación como un derecho social y entregarle a la sociedad la garantía para exigir, entre otras cosas, una educación de calidad.
Las reformas en la educación han sido el foco de varias protestas —especialmente en el mandato del expresidente Sebastián Piñera— protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios que vienen abogando por el fin del lucro y por la gratuidad universal de la educación en todos los niveles.
Hace cuatro días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma tributaria que permitirá financiar esta transformación educativa.
¿La educación es un derecho?
Axel Kaiser, abogado y director de la fundación chilena Libertad para el Progreso, indicó a PanAm Post que “la educación superior debe financiarla cada estudiante. Puede haber becas, como siempre hay, para alumnos talentosos y un sistema de créditos a tasas convenientes para otros”.
Además, sostuvo que “la educación también es un bien económico, aunque no de consumo, porque se paga por su valor”. El abogado había escrito en 2013 una columna en diario El Mercurio titulada “¡La Educación no es un derecho!”.
Este artículo generó fuerte polémica en los medios chilenos, y Kaiser fue invitado a debatir en varios programas de televisión. “Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades —como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder— son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los ‘derechos sociales’ solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático”, escribió.
Frente a la postura de Kaiser, Fernando Atria, constitucionalista quien formó parte de las comisiones de Nueva Mayoría del proyecto de la nueva Constitución, expresó que cuando se trata de derechos sociales, los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. “Hoy uno no puede entender el debate sobre educación sin entender el debate sobre los derechos sociales. Y creo que uno no puede entender de derechos sociales sin vincularlos a una noción fuerte, material, de ciudadanía”, manifestó.
Por último, la presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, expresó que no son suficientes las medidas que presenta este proyecto y que muchas de estas no recogen la demanda integral que ha planteado el movimiento social. “La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, concluyó la dirigente estudiantil, que informó que planean una marcha el próximo 21 de mayo para exigir cambios más profundos en la educación.
EnglishLa primera mandataria de Chile firmará esta mañana en una ceremonia prevista en el Palacio de la Moneda el primer proyecto de la reforma educativa, una de sus principales banderas políticas. La iniciativa tiene tres puntos clave: Establecer la gratuidad de la educación, terminar con el lucro en la prestación de los servicios educativos, y acabar con la selección y exámenes de admisión en las escuelas.
El proyecto, que será enviado mañana al Congreso a tratarse con urgencia simple, es una de las tres reformas principales que planea llevar a cabo la presidenta junto a la reforma tributaria y la nueva Constitución. Se enmarca, además, dentro de las 50 medidas prometidas por Bachelet que serán aprobadas dentro de los primeros 100 días de gestión.
“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, exhibía la invitación del gobierno a autoridades y especialistas del área educativa para el acto de hoy, según informó la agencia de noticias ANSA.
El ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, manifestó que la propuesta de reforma —de más de 50 páginas— invita a modificar el paradigma actual de la educación, reformar el sistema público de enseñanza, y entregarle el poder a las familias locales para que sean ellas las que elijan las escuelas para sus hijos, y no al revés.
El objetivo es, según el diario La Tercera, eliminar el “copago”, que es el pago adicional que hacen las familias al aporte inicial y principal que viene del Estado, y reemplazarlo por un subsidio estatal.
Son un total de 3.470 los establecimientos que hoy lucran con la actividad escolar en el marco de la vigente ley de educación, y que tendrán que terminar con ese sistema y transformarse en fundaciones sin fines de lucro cuando se apruebe la reforma. La meta es dejar de dar recursos públicos a establecimientos que generan beneficios.
Para ello, contarán con dos años para convertirse en organizaciones sin fines de lucro y con la posibilidad de solicitar al Estado que compre los inmuebles en donde funciona el establecimiento, el cual, a su vez, tendrá 12 años para pagarlos.
Para evitar el cierre masivo de escuelas con el nuevo régimen sin lucro, la iniciativa de Bachelet prevé crear una entidad que se ocupe de comprar las escuelas que hayan quedado sin nadie interesado en administrarlas.
También se eliminará el sistema que tiene cada escuela para la admisión de alumnos en su institución. Se buscará dejar atrás las admisiones mediante exámenes o entrevistas para permitir que sean los padres quienes elijan la escuela y no la escuela quien elija a los alumnos.
La reforma prohibirá la expulsión de los alumnos de primer a cuarto año y permitirá que los alumnos repitan por dos años. Además, los directivos de los colegios no podrán pedir un informe de rendimiento escolar a los nuevos alumnos.
Finalmente, plantea un cambio en cómo estará contemplada la educación en las leyes. Se buscará catalogar a la educación como un derecho social y entregarle a la sociedad la garantía para exigir, entre otras cosas, una educación de calidad.
Las reformas en la educación han sido el foco de varias protestas —especialmente en el mandato del expresidente Sebastián Piñera— protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios que vienen abogando por el fin del lucro y por la gratuidad universal de la educación en todos los niveles.
Hace cuatro días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma tributaria que permitirá financiar esta transformación educativa.
¿La educación es un derecho?
Axel Kaiser, abogado y director de la fundación chilena Libertad para el Progreso, indicó a PanAm Post que “la educación superior debe financiarla cada estudiante. Puede haber becas, como siempre hay, para alumnos talentosos y un sistema de créditos a tasas convenientes para otros”.
Además, sostuvo que “la educación también es un bien económico, aunque no de consumo, porque se paga por su valor”. El abogado había escrito en 2013 una columna en diario El Mercurio titulada “¡La Educación no es un derecho!”.
Este artículo generó fuerte polémica en los medios chilenos, y Kaiser fue invitado a debatir en varios programas de televisión. “Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades —como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder— son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los ‘derechos sociales’ solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático”, escribió.
Frente a la postura de Kaiser, Fernando Atria, constitucionalista quien formó parte de las comisiones de Nueva Mayoría del proyecto de la nueva Constitución, expresó que cuando se trata de derechos sociales, los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. “Hoy uno no puede entender el debate sobre educación sin entender el debate sobre los derechos sociales. Y creo que uno no puede entender de derechos sociales sin vincularlos a una noción fuerte, material, de ciudadanía”, manifestó.
Por último, la presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, expresó que no son suficientes las medidas que presenta este proyecto y que muchas de estas no recogen la demanda integral que ha planteado el movimiento social. “La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, concluyó la dirigente estudiantil, que informó que planean una marcha el próximo 21 de mayo para exigir cambios más profundos en la educación.
EnglishLa primera mandataria de Chile firmará esta mañana en una ceremonia prevista en el Palacio de la Moneda el primer proyecto de la reforma educativa, una de sus principales banderas políticas. La iniciativa tiene tres puntos clave: Establecer la gratuidad de la educación, terminar con el lucro en la prestación de los servicios educativos, y acabar con la selección y exámenes de admisión en las escuelas.
El proyecto, que será enviado mañana al Congreso a tratarse con urgencia simple, es una de las tres reformas principales que planea llevar a cabo la presidenta junto a la reforma tributaria y la nueva Constitución. Se enmarca, además, dentro de las 50 medidas prometidas por Bachelet que serán aprobadas dentro de los primeros 100 días de gestión.
“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, exhibía la invitación del gobierno a autoridades y especialistas del área educativa para el acto de hoy, según informó la agencia de noticias ANSA.
El ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, manifestó que la propuesta de reforma —de más de 50 páginas— invita a modificar el paradigma actual de la educación, reformar el sistema público de enseñanza, y entregarle el poder a las familias locales para que sean ellas las que elijan las escuelas para sus hijos, y no al revés.
El objetivo es, según el diario La Tercera, eliminar el “copago”, que es el pago adicional que hacen las familias al aporte inicial y principal que viene del Estado, y reemplazarlo por un subsidio estatal.
Son un total de 3.470 los establecimientos que hoy lucran con la actividad escolar en el marco de la vigente ley de educación, y que tendrán que terminar con ese sistema y transformarse en fundaciones sin fines de lucro cuando se apruebe la reforma. La meta es dejar de dar recursos públicos a establecimientos que generan beneficios.
Para ello, contarán con dos años para convertirse en organizaciones sin fines de lucro y con la posibilidad de solicitar al Estado que compre los inmuebles en donde funciona el establecimiento, el cual, a su vez, tendrá 12 años para pagarlos.
Para evitar el cierre masivo de escuelas con el nuevo régimen sin lucro, la iniciativa de Bachelet prevé crear una entidad que se ocupe de comprar las escuelas que hayan quedado sin nadie interesado en administrarlas.
También se eliminará el sistema que tiene cada escuela para la admisión de alumnos en su institución. Se buscará dejar atrás las admisiones mediante exámenes o entrevistas para permitir que sean los padres quienes elijan la escuela y no la escuela quien elija a los alumnos.
La reforma prohibirá la expulsión de los alumnos de primer a cuarto año y permitirá que los alumnos repitan por dos años. Además, los directivos de los colegios no podrán pedir un informe de rendimiento escolar a los nuevos alumnos.
Finalmente, plantea un cambio en cómo estará contemplada la educación en las leyes. Se buscará catalogar a la educación como un derecho social y entregarle a la sociedad la garantía para exigir, entre otras cosas, una educación de calidad.
Las reformas en la educación han sido el foco de varias protestas —especialmente en el mandato del expresidente Sebastián Piñera— protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios que vienen abogando por el fin del lucro y por la gratuidad universal de la educación en todos los niveles.
Hace cuatro días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma tributaria que permitirá financiar esta transformación educativa.
¿La educación es un derecho?
Axel Kaiser, abogado y director de la fundación chilena Libertad para el Progreso, indicó a PanAm Post que “la educación superior debe financiarla cada estudiante. Puede haber becas, como siempre hay, para alumnos talentosos y un sistema de créditos a tasas convenientes para otros”.
Además, sostuvo que “la educación también es un bien económico, aunque no de consumo, porque se paga por su valor”. El abogado había escrito en 2013 una columna en diario El Mercurio titulada “¡La Educación no es un derecho!”.
Este artículo generó fuerte polémica en los medios chilenos, y Kaiser fue invitado a debatir en varios programas de televisión. “Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades —como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder— son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los ‘derechos sociales’ solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático”, escribió.
Frente a la postura de Kaiser, Fernando Atria, constitucionalista quien formó parte de las comisiones de Nueva Mayoría del proyecto de la nueva Constitución, expresó que cuando se trata de derechos sociales, los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. “Hoy uno no puede entender el debate sobre educación sin entender el debate sobre los derechos sociales. Y creo que uno no puede entender de derechos sociales sin vincularlos a una noción fuerte, material, de ciudadanía”, manifestó.
Por último, la presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, expresó que no son suficientes las medidas que presenta este proyecto y que muchas de estas no recogen la demanda integral que ha planteado el movimiento social. “La reforma no satisface lo principal, la eliminación del lucro en la educación”, concluyó la dirigente estudiantil, que informó que planean una marcha el próximo 21 de mayo para exigir cambios más profundos en la educación.
