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Guatemala: Activistas ambientales vs. Kappes, Cassiday & Associates

Por: Belén Marty - @belenmarty - May 26, 2014, 2:19 pm

EnglishLa Policía Nacional Civil de Guatemala fue el centro de atención el sábado tras desbloquear una manifestación de 300 vecinos y permitir el ingreso de maquinaria a la mina El Tambor, ubicada en La Puya, San José del Golfo, a unos 15 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala. El episodio llevó a incidentes violentos que dejaron 26 heridos, entre ellos 15 policías y 11 activistas.

El desalojo de los manifestantes, quienes rezaban y cantaban canciones católicas e impedían el acceso a la mina, sucedió a las 15:30 del mismo día, y fue luego de la utilización de gases lacrimógenos que la policía pudo permitir el acceso de la maquinaria pesada al predio minero.

Tras los actos violentos que ocurrieron el fin de semana, los manifestantes volvieron a montar un campamento frente a la mina, esta vez sin consecuencias trágicas. El movimiento activista lucha por evitar que la empresa estadounidense de ingeniería y maquinaria metalúrgica Kappes, Cassiday & Associates (KCA) realice excavaciones por temor a la contaminación de su territorio.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) participa ahora como nexo entre los líderes locales y los encargados de la policía. Además, agentes del Ministerio Público se hicieron presentes ayer para recabar evidencias del desalojo llevado a cabo el sábado por los agentes policiales.

Otto Pérez, presidente de Guatemala desde 2012, explicó que el Gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo con los vecinos para llegar a un acuerdo, pero recalcó que los líderes vecinales no asistieron a una mesa de diálogo organizada la semana pasada con especialistas para determinar si la mina causa, o no, contaminación.

La reunión que menciona el presidente y miembro del Partido Patriota tuvo lugar el lunes pasado y fue organizada por el director del Sistema Nacional de Diálogo. El objetivo era juntar a los representantes del movimiento Resistencia de La Puya y vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc con funcionarios del gobierno para mediar sobre el conflicto desatado a raíz de la licencia a Exmingua —la empresa propiedad de la firma norteamericanaKCA que opera en Guatemala— para explotar oro.

Pero aquella reunión no terminó bien. Los manifestantes condicionaron su entrada a la mesa de diálogo a la presencia de los medios de comunicación que los acompañaban y aquellos no estaban permitidos en el encuentro, por lo tanto, el objetivo de aquel día fracasó.

El experto en hidrogeología que acompañó a los vecinos de la zona expresó respecto al conflicto: “Durante más de 42 años que tengo de experiencia profesional en hidrogeología y geoquímica, en cientos de minas de todo el mundo, el estudio de evaluación de impacto ambiental de El Progreso VII Derivada es el de peor calidad que he revisado”.

Bajo el lema “No a la minería, sí a la vida”, los activistas ambientales mantienen vivo el espíritu de su lucha que vienen ejerciendo desde hace dos años y medio frente a las instalaciones mineras.

Con respecto al desalojo, Jorge Chinchilla, vocero policial, explicó que la policía tenía ordenes de resguardar el orden del lugar y custodiar la maquinaria, esto ultimo a petición de la empresa.

Además, Mauricio López Bonilla, ministro de gobernación, aseguró que las órdenes policiales tenían como objetivo “hacer accesible (el paso de) la maquinaria de la empresa”.

“Esperamos que no haya enfrentamientos porque ellos lo que hacen es utilizar a los niños y a las mujeres”, había expresado el ministro el sábado por la mañana. Además exhortó a hacer cumplir la ley en relación a la libre locomoción.

Kelsey Alford Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión de los Derechos Humanos de Guatemala/USA —organización humanitaria no partidista— expresó su solidaridad con los manifestantes a través de una carta de apoyo.

“El compromiso de [los vecinos por] garantizar un medio ambiente limpio y saludable para las generaciones futuras ha sido una inspiración para muchos en Guatemala y alrededor del mundo”, añadió.

Una de las defensoras del movimiento que alberga a campesinos, ambientalistas, jubilados e indígenas, es Yolanda Orquelí. Ella culpó al presidente Pérez y al ministro de Gobernación Mauricio López por los hechos de violencia, según el diario Prensa Libre

“Nosotros vamos a seguir en la resistencia, esta lucha no la hemos perdido. Aquí hubo mujeres y niños con sus labios rotos, vestidos quemados y un sinfín de heridos”, advirtió Orquelí.

El episodio de violencia sucede solo un día después de que Flavia Pansieri, alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresara después de cuatro días de visitas oficiales su preocupación por la violación de los derechos humanos en Guatemala.

“Me preocupa sobremanera constatar que el otorgamiento de licencias para proyectos extractivos y energéticos sigue generando tensión social”, afirmó Pansieri.

La empresa, por su parte, se pronunció fuertemente sobre el conflicto a través de un comunicado. Explicó que por más de dos años ha sido sometida constantemente a la violación de varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libre locomoción de las personas, a la integridad física de los empleados de Exmingua, al derecho a la propiedad privada y el derecho al libre ejercicio del comercio e industria.

“No es posible que un grupo minoritario de personas se organice con el propósito de impedirle a terceros el ejercicio de sus más elementales derechos y garantías constitucionales”, explicaron.

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.