Proceso penal contra Vicepresidente de Argentina en manos del Congreso
EnglishAmado Boudou se convirtió en el primer vicepresidente en ejercicio en ser acusado de corrupción por la justicia argentina. El vicepresidente fue citado por el juez federal Ariel Lijo a prestar declaración indagatoria el próximo 15 de julio, pero Boudou presentó ayer por la mañana un documento al juzgado pidiendo que se adelante su citación en el llamado “caso Ciccone” y aseguró ser víctima de un “linchamiento mediático”.
El exministro de Economía y actual vicepresidente en ejercicio está siendo investigado por enriquecimiento ilícito (su patrimonio personal se triplicó en los últimos seis años) y negociados incompatibles con la función publica. Por esta última causa, está siendo citado a indagatoria, instancia que implica un acto de defensa de parte del acusado frente a las pruebas en su contra.
https://twitter.com/BoudouAmado/status/472435120100884480
Lijo presume que Boudou quiso interceder mediante su poder político para que la empresa The Old Fund, perteneciente a Alejandro Vandenbroele —según el juez, conocido de Boudou y de su socio José María Nuñez Carmona— obtuviese el control de la imprenta Ciccone (que estaba en quiebra). El objetivo final, según el juez, sería que a través de una concesión del Estado, la empresa imprimiera papel moneda y boletas electorales.
En el documento que suscribe, Boudou acusó a al conglomerado mediático —Grupo Clarín y el diario La Nación— de estar estrechamente vinculados con el llamado a indagatoria.
“A estas alturas del devenir del proceso no puede dejar de soslayarse que la presente investigación ha tenido un profuso tratamiento mediático. Tampoco podría negarse ya la existencia de un verdadero linchamiento mediático, y posterior condena, a la que me han venido sometiendo desde el Grupo Clarín y el diario La Nación. Más aún en los últimos meses, y en particular desde el mes de diciembre de 2013, los citados medios han venido anticipando con ajustada certeza y copioso nivel de detalle las medidas o resoluciones que el juzgado ha venido ejecutando”, expresó.
Explicó asimismo en el escrito —donde se defiende por primera vez sin su abogado— que su pedido de anticipar la declaración se debe a que ese día él estará a cargo del poder Ejecutivo porque la Presidente Cristina Kirchner estará de viaje. Alegó que la lejanía de la fecha de su indagatoria (dos días después de finalizado el mundial de fútbol) ŕespondía a cuestiones políticas pues se genera, según sus palabras, un clima de incitación mediática.
La causa, para quien intente comprender, es un laberinto de contactos políticos, llamados telefónicos, y manejos financieros sospechosos. La imprenta Ciccone estaba en quiebra y uno de sus fundadores, Nicolás Ciccone, y su yerno, Guillermo Reinwick, querían salvarla. Para ello se reunieron con el vicepresidente y con su socio Carmona.
Según le consta al juez, el 29 de Julio y el primero de septiembre de 2010, el vicepresidente y Carmona se reunieron con los dueños de Ciccone para pactar que el salvataje de la imprenta sería realizado por The Old Fund, empresa que hasta el momento solo tenía un empleado (una secretaria).
The Old Fund, que pertenecía a Vandenbroele, compra Ciccone y le cede a Boudou y a su socio el 70% de la empresa a cambio de que solucionen el problema de la quiebra.
Boudou, entonces ministro de economía y candidato a vicepresidente, intercedió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con quien Ciccone mantenía la deuda fiscal que la llevó a la quiebra, para que se le otorgara un plan de pagos para saldarla. De esa manera, se levantó la quiebra de la empresa, y ya en noviembre de 2011 imprimió las boletas electorales del partido político Frente para la Victoria, al que pertenece Boudou.
Luego, el 6 de abril de 2012 Ciccone imprime 410 millones de billetes a través de un contrato con la Casa de la Moneda.
Juicio Político, una posibilidad muy lejana
Según la ley 25.320, sancionada en 2000, ciertos funcionarios públicos como el presidente, vicepresidente, miembros del senado y los ministros, tienen fueros (privilegios) que les impiden ser removidos del cargo sin un juicio político previo.
De esta manera, Boudou puede ser investigado por el juez Lijo, indagado y hasta procesado y condenado, pero no puede ser arrestado. Los fueros lo protegen de que se allanen sus casas u otras propiedades. El juez necesita primero separarlo de su cargo público.
Ricardo Rojas, jurista argentino, le explicó a PanAm Post: “El tiene inmunidad al arresto, lo que generaría un conflicto de poderes. En tal caso, el juez debería pedirle al Congreso que inicie un proceso para que suspenda sus fueros y para que el juez pueda avanzar”.
Pero Mario Serrafero, profesor universitario de Análisis Institucional e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), aseguró que el oficialismo puede proteger la inmunidad de Boudou con su mayoría parlamentaria.
“El vicepresidente puede obtener el procesamiento y con ello se abriría una crisis institucional. También podría no concurrir al Juzgado y, en ese caso, al ser amparado por la ley de fueros, el Congreso debería iniciar el trámite de destitución. Pero el oficialismo tiene los votos suficientes para que un pedido de impeachment no avance. Así las cosas, Boudou podría seguir en su cargo, amparado por el número de legisladores del oficialismo en el Congreso, aunque los costos políticos para el gobierno, sin duda, serán muy altos”, explicó el docente.
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