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En el marco de la inauguración de la Copa del Mundo Brasil 2014, y en medio del paro de los trabajadores aeroportuarios en Río de Janeiro, la periodista Rebeca Mafra de Canal Brasil sufrió ayer al mediodía un allanamiento en su domicilio. La orden fue emitida por un juez que la investiga por ser parte de un grupo cuyo objetivo era difamar al senador opositor y precandidato a presidente Aécio Neves en las redes sociales. Ella niega estar involucrada y aseguró, además, que jamás dijo nada en relación al legislador en las redes sociales.
Según documentos a los que tuvo acceso Viomundo, el pedido del juez llega por orden del ministerio Público de Río de Janeiro, a pedido del mismo senador víctima de la supuesta operación mediática.
La periodista brasilera junto a cuatro otros acusados están en la mira de la Justicia, que los investiga por una presunta operación orquestada en las redes sociales contra el legislador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El Jefe del ministerio Público fue quien abrió el proceso de investigación, basándose en las afirmaciones del senador que dice que es víctima de delitos contra su honor mediante el posteo de mensajes en portales de noticias. Entre otras ofensas, los comentarios vinculan al precandidato con consumo abusivo de alcohol.
Los acusados serían culpables de escribir difamaciones contra el senador para generar mayor tráfico en esos portales y alterar de esta manera los resultados en los motores de búsqueda de Google.
“Qué locura”, expresó Mafra cuando se enteró que estaban los policías en la puerta de su domicilio y que estaba siendo acusada de pertenecer a una pandilla virtual. Manifestó asimismo que esta situación era “bizarra”.
Mafra, que aun no ha dado testimonio en la policía, aseguró no conocer a los otros implicados y comentó que los policías tenían orden de entrar e incautar todo lo relacionado al caso y que si no se los dejaba pasar, romperían la puerta.
Finalmente, la casa de la periodista terminó completamente revuelta y los encargados de llevar las pruebas al juez terminaron incautando dispositivos portátiles de almacenamiento de datos, dos discos rígidos externos, un teléfono celular iPhone sin uso, una computadora, CDs de fotos y un router, entre otras cosas.
Estas computadoras habrían sido usadas por presuntos miembros del grupo que intentaba difamar al senador, con el agravante de que en este caso se habría usado infraestructura pública para perpetrar estos ataques.
“Es extremadamente importante lo que pasó, porque ahora el Ministerio público asume la responsabilidad de investigar estas pandillas virtuales», declaró Carlos Sampaio, diputado federal y coordinador jurídico de la campaña de Neves.
Muchos de estos mismos perfiles falsos acusaban también al gobernador Sergio Cabral y al prefecto carioca Eduardo Paes con el consumo de drogas.
Contra Facebook y Twitter
El juez Nilson Wilfred Ivanhoe Pinheiro obligó el 18 de noviembre de 2013 a Twitter y a Facebook a entregar datos de IP (número que identifica cada computadora) con el objetivo de investigar sobre dos perfiles falsos.
En su afán por saber quién estaba detrás de las acusaciones, el senador Neves había demandado en diciembre de 2013 a 25 empresas proveedoras de servicios de Internet, quienes se vieron obligadas a revelar información privada de sus clientes frente a los pedidos de la Justicia.
La Justicia, como respuesta al pedido de los abogados de Neves, determinó que las compañías debían entregar los datos, pero sin avisar a sus clientes sobre esta acción.
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