English El Foro Económico Mundial le sacó tarjeta roja a America Latina, al menos en lo que concierne a una justicia independiente. El Informe Global de Competitividad 2013-2014, publicado por la organización basada en Suiza, describe un escenario preocupante para esta región del mundo. Declara que los sistemas judiciales de Venezuela, Paraguay y Argentina, están entre los peores del planeta.
El ranking fue realizado a partir de una encuesta formal a ejecutivos y gerentes sobre su percepción del nivel de independencia que tiene el sistema judicial de sus países en cuanto a la influencia del gobierno, empresas y otros actores ajenos al sistema judicial. Está realizado en una escala del uno (1) al siete (7), siendo 1 países con sistemas judiciales muy influenciados, y 7 aquellos con sistemas judiciales totalmente independientes de los poderes del gobierno y las corporaciones.
El índice de independencia judicial se encuentra dentro de un macro-índice que mide la competitividad global de los países. Para esto, el Foro Económico Global analiza diez pilares de la competitividad: Instituciones públicas y privadas (donde encontramos el índice de independencia judicial), infraestructura, ambiente macroeconómico, educación de la mano de obra, educación superior, mercados eficientes, desarrollo de mercados financieros, capacidad de aprovechar los beneficios de las tecnologías existentes, y por último, el tamaño del mercado doméstico.
Venezuela se encuentra en el último puesto del ranking de 148 países encuestados, con un puntaje de 1.1. Es el país con la justicia menos confiable del mundo.
Además, el informe establece graves problemas económicos en este país dados principalmente por tres factores: La regulación de la moneda extranjera, la regulaciones restrictivas al trabajo y la ineficiencia de la burocracia gubernamental.
Paraguay sigue a Venezuela como el segundo país con la justicia más corrupta de América Latina en el puesto 146 con un puntaje de 1.7. Justo después están Haití (2.0) y Argentina (2.4).
Mientras tanto, el mejor país de la región en cuanto a independencia judicial es Uruguay (5.4) en el puesto 25, seguido de Chile (5.3) y Costa Rica (4.8).
Mario Serrafero, docente universitario de Análisis Institucional e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) en Argentina, expresó que la justicia en América Latina tiene poca independencia comparada con otros países donde existen democracias desarrolladas y consolidadas.
“El problema ha sido la persistente politización de la justicia y, por otro lado, el predominio del Poder Ejecutivo sobre el resto de las ramas del gobierno. Por otra parte, hay una diferencia notable entre los distintos países latinoamericanos, por ejemplo entre la mayor independencia de los tribunales en Chile y la dependencia de la justicia en Venezuela. La inestabilidad institucional del siglo XX y de la propia justicia han atentado contra la independencia que se logra solo en instituciones estables y sólidas”, explicó el experto.
Desde abril, la Asamblea Nacional de Venezuela adelanta el proceso de elección de 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un proceso que depende en su mayoría de la decisión de los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría Chavista.
La politización de la justicia: El caso paraguayo
El informe, publicado a finales de 2013, describe una situación alarmante en relación con la justicia en ciertos países de la región. En Paraguay, entre los últimos tres países del ranking mundial (solo superado por Venezuela y Burundi), José Altamirano, exjuez de la Corte Suprema de ese país, denuncia que los mandatos de los jueces de este máximo tribunal ya no están vigentes, y también cuestionó la politización de la justicia.
“Estoy seguro de que en el país existen personas con suficiente idoneidad y con honorabilidad suficiente que podrían acceder a los mejores cargos. Lo que pasa es que estas personas no quieren concursar porque los mecanismos de selección no son precisamente los que se ajustan a la ley, sino que se acomodan a los intereses particulares de cada grupo”, señaló el juez.
Argentina, otro caso emblemático de justicia dependiente del poder ejecutivo
Ezequiel Spector, abogado, doctorando en Filosofía del Derecho y profesor de Teoría General del Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, le señaló a PanAm Post que existe incumplimiento de fallos de la Corte Suprema a causa de la influencia del Poder Ejecutivo nacional.
“En un comunicado, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial se refirió a campañas difamatorias contra jueces, recusaciones y denuncias penales utilizadas excesivamente solo para separar a un juez de su causa, e intentos de modificar legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los jueces en el contexto del caso sobre la llamada Ley de Medios”, explicó el docente.
En relación a la causa contra el fiscal de más de 20 años de experiencia José María Campagnoli —que está siendo enjuiciado por investigar a un empresario kirchnerista por lavado de dinero—, Spector manifestó: “Lo quieren destituir con una serie de acusaciones vagas y poco claras, un tribunal que casi la mitad tiene evidentes contactos con la presidenta, sin contar la procuradora general de la nación, que es un títere de Cristina [Kirchner]”.
Por último, la editorial del diario argentino La Nación del sábado resume la situación actual de este país.
“Cada vez resulta más evidente que nos encontramos ante una persecución manifiesta que se lleva adelante en un trámite irregular pocas veces visto en nuestro país. La víctima es un probo y honesto funcionario judicial, víctima de un hecho que reviste una gravedad inusitada. Durante esta década se han observado numerosos actos que afectaron directamente la independencia judicial en nuestro país, pero nunca se había visto algo tan extremadamente burdo”, concluyó el editorial.
