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English El Gobierno de Cristina Kirchner anunció el 4 de agosto que expandirá el plan de Precios Cuidados a los planes de telefonía prepaga. Ahora la iniciativa no solo contemplará controles de precios a las comidas, bebidas, materiales de construcción y a las motocicletas, sino que incluirá a partir del 15 de este mes el Plan Prepago Nacional (PPN) para celulares.
El PPN incluirá a todas las empresas de telefonía móvil que operan en Argentina (Claro, Personal, Movistar y Nextel) y aplicará control de precios a todos los servicios: SMS (mensajes de texto), MMS (mensajes multimedia), Internet móvil, llamadas de voz, con el agregado de que contemplará, además, un número gratis para llamadas y otro para envío de SMS.
Este plan, presentado por el secretario de Comercio Augusto Costa y el secretario de Telecomunicaciones Norberto Berner, busca establecer una tarifa de referencia y crear competencia entre las cuatro empresas de telefonía móvil que operan en Argentina.
“Se pondrá en marcha una alternativa de consumo que servirá de referencia para que los consumidores argentinos estén informados de los costos de la telefonía y puedan comparar y elegir qué plan se adapta mejor a sus necesidades,” afirmó Berner.
Además aseguró que los precios de este plan serán “sensiblemente menores” a los que ofrecen hoy las compañías. Los usuarios de celulares con planes prepagos podrán “de manera libre y gratuita cambiarse al plan prepago nacional, optando por mantener la portabilidad numérica”, puntualizó Berner.
https://twitter.com/PreciosOficial/status/496388555523235840
Por su parte, el secretario de Comercio indicó que “con más elementos, el consumidor puede tomar decisiones informadas, y eso es sinónimo de un ejercicio efectivo de los derechos”.
Esta propuesta del Gobierno se aplica solo a los planes prepagos, que representan el 70% del total de la facturación de las empresas. Buscan “evitar abusos por la multiplicidad de planes ofrecidos y la falta de información sobre los costos del servicio”, según informó el comunicado del Palacio de Hacienda.
Los precios establecidos por el ministerio de Economía incluyen un valor de AR$0,74 (US$0,06) por el envío de un SMS (frente a los AR$0,99 que está ofreciendo hoy Claro Argentina) y AR$1,47 (US$0,11) por el bloque de los primeros 30 segundos de llamada (contra AR$1,65). Además ofrece un precio diario de envío y recepción de datos de internet a AR$2,50 (US$0,2), contra los AR$3 de Claro.
En cuanto a la magnitud de la industria, Berner precisó que el consumo en Argentina aumentó “de 4,5 millones de celulares en 2003 a 63 millones” en la actualidad, y sostuvo que así se pasó “de un servicio para una élite, a uno de todos los argentinos con celular, es decir, acceso universal”.
También sostuvo que ahora lo importante es que las empresas de telefonía sigan invirtiendo cada vez más en el país, pero que esa inversión esté “mejor destinada”. Justificó la medida diciendo que desde el Estado se cumple con regular y controlar.
https://twitter.com/SeCom_Oficial/status/496690933883478016
La contracara
Jose Luis Espert, economista argentino, le expresó a PanAm Post que esto terminará perjudicando aún más a la industria de la telefonía móvil argentina. Aseguró que pasará exactamente lo opuesto a lo que dice el Gobierno que sucederá.
“Tenemos el parque tecnológico más viejo de América Latina en materia de telefonía móvil. Hoy ya casi no se puede hablar por celular por la interferencia y la mala calidad de la señal de cobertura, y este plan es un desincentivo para la inversión. Los empresarios deberían poder poner los precios que deseen”.
Ademas, señaló que cada vez que el Estado interviene en una industria en particular la destruye. “Esto ocurrió con el mercado de la carne, de las frutas y verduras, hoy ya no hay más trigo y estamos sin energía”, indicó Espert.
Finalmente aseguró que hoy Argentina es el segundo país del mundo con mayor inflación. “Están cuidando los precios para que sean los más altos posibles”, ironizó.
¿Inflación cuidada?
Bajo el lema de “a los precios los cuidamos entre todos”, el Gobierno nacional obligó a empresas comercializadoras, distribuidoras y otros proveedores a mantener una administración de precios controlados, determinados por las autoridades según el análisis de las cadenas de valor.
Según la página web oficial del programa, “son precios que permiten asegurar condiciones de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de los argentinos y que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado”.
Actualmente esta iniciativa del Gobierno se aplica a productos de supermercados y autoservicios, materiales de la construcción, mayoristas y distribuidoras y hasta acuerdo de precios de 23 modelos de motos.
A pesar de la intención del Gobierno nacional de mantener un nivel de precios estable, la inflación de Argentina solo en el mes de julio fue del 2,55%, según los datos del Índice de Precios de elaborado por el Congreso. El Instituto Cato calcula que Argentina ya está con una inflación anual implícita del 56%.
