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EnglishBajo la presión de organizaciones ambientalistas y campesinas, y de la prensa internacional, el Congreso de Guatemala derogó el pasado jueves la Ley para la protección de obtenciones vegetales, también denominada Ley Monsanto, sancionada el pasado 10 de junio.
El instrumento promovía los derechos de propiedad intelectual de las nuevas variedades de semillas vegetales, que a juicio de las organizaciones y activistas de la sociedad civil, favorecían a grandes empresas en detrimento de las libertades individuales.
El decreto 19-2014 que aprobaba la ley, firmado por el presidente de la República Otto Pérez Molina, el presidente del Congreso Arístides Crespo Villegas y por los ministros de Agricultura y Finanzas Públicas, fue revocado en su totalidad por los legisladores con carácter de “urgencia nacional”. De los 158 diputados, 117 votaron a favor de derogación.
El pasado 1 de septiembre 120.000 guatemaltecos de 82 comunidades indígenas diferentes, junto con alcaldes, campesinos y pobladores locales, mostraron su repudió a la aplicación de la llamada Ley Monsanto, y exigieron al Congreso su inmediata derogación. Para ello, bloquearon varios kilómetros de la ruta Interamericana.
La derogación entrará oficialmente en vigor el 26 de septiembre; el mismo día que hubiese entrado en vigencia la Ley Monsanto.
Además de las organizaciones indígenas, otras asociaciones sociales que se manifestaron en contra de la normativa fueron la Red Nacional para la Protección de la Biodiversidad, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Universidad San Carlos de Guatemala, la Plataforma Agraria y la Universidad Rafael Landívar.
“De acuerdo a esta ley los derechos de obtentor [autor] son prioritarios al derecho de los pueblos al uso libre de las semillas […] Es un ataque directo a los conocimientos ancestrales, a la biodiversidad, a la vida, a la cultura, a la economía campesina, a la cosmovisión de los pueblos y a la soberanía alimentaria”, expresó la Alianza para la Protección de la Biodiversidad.
Una ley para adecuarse a los tratados de libre comercio
En el artículo uno de la normativa se establecía el amparo bajo el “título de protección vegetal” a los derechos de propiedad de una variedad vegetal nueva.
Justamente la denominación de Ley Monsanto surge por el hecho de que esta empresa es, junto a otras como Bayer o Dupont, la encargada de fabricar muchas de las semillas genéticamente modificadas que se encuentran a la venta en el mercado.
Vecinos de Patzún exigen que se publique derogación de Ley Monsanto. http://t.co/4UDMeAHhi7 pic.twitter.com/jgMrsBAxgl
— Roberto J Morales (@RmoralesJe) September 7, 2014
En un comunicado al respecto, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) indicó que esta ley “concede las patentes a personas individuales o jurídicas nacionales e internacionales, de cualquier país miembro del convenio Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), las cuales podrán apropiarse del patrimonio genético tangible e intangible del país […]”.
Antonio González de esta misma organización advirtió a Voxxi que la ley “afecta a la biodiversidad, a semillas locales que llevan 7.000 años cultivándose y que no requieren patentes ni manipulaciones en laboratorio, y que han alimentado a los habitantes de Guatemala desde hace siglos”.
Bajo la ley, cualquier variedad de semilla nueva modificada o alterada genéticamente por selección artificial podría haber sido patentada y protegida por 25 años para los árboles y vides, y por 20 años para el resto de los vegetales.
En su artículo 50 expresaba que sería sancionado “con prisión de uno a cuatro años y una multa de GUA$1.000 a $10.000 (de unos US$130 a $1.300) quienes produzcan material de una variedad protegida […] sin autorización del titular de la misma; quienes comercien con material de una variedad protegida con el conocimiento de que esta ha sido obtenida con violación de los derechos del titular del derecho de obtentor; y quienes contraten transporte del material de multiplicación de una variedad protegida a un territorio fuera del ámbito de la presente ley sin autorización especial del titular del derecho”.
Asimismo, la ley distinguía en su artículo 16 como casos aptos de excepción al pago de patentes a aquellos casos experimentales o a “los actos realizados en un marco privado con fines no comerciables”.
La promulgación de esta ley fue parte del acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2005 entre Guatemala, República Dominicana, América Central y Estados Unidos.
Monsanto responde
Según un comunicado oficial que dio a conocer la multinacional el pasado lunes, fue Guatemala quien, en 2006, pidió unirse al Acuerdo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y quien aprobó el 10 de junio pasado la polémica ley.
La empresa se desvinculó completamente de los dichos de “diversos grupos” que manifestaban que Monsanto había sido el principal promotor y beneficiario de su promulgación.
“Monsanto rechaza cualquier acusación referente a la interferencia en la elaboración y aprobación de dicha ley. Nuestra empresa ha sido siempre respetuosa de la independencia y el proceso legislativo del Congreso de la República de Guatemala”, manifestó.
La multinacional ha tenido problemas legales en varios países, como Argentina, Colombia, Chile, Canadá y Brasil. En Chile, una ley similar fue presentada en el Congreso y luego retirada este año por el Gobierno de Michelle Bachelet. En Brasil una acción colectiva de agricultores que demandó a la empresa por querer cobrarles royalties de la utilización de sus semillas terminó con un acuerdo en 2013.
Denuncian que ley es proteccionismo encubierto
Stephan Kinsella, abogado estadounidense especializado en propiedad intelectual, considera que el caso de esta ley es una muestra del “imperialismo estadounidense”.
“No estoy a favor de la propiedad intelectual ni de la situación de Monsanto”, remarcó a PanAm Post Kinsella, quien desde hace 20 años se opone tanto a las patentes como a los derechos de autor y registro de marcas.
Resaltó que el caso guatemalteco “es un ejemplo de por qué los llamados acuerdos de ‘libre comercio’ —tanto bilaterales como multilaterales— casi siempre esconden medidas proteccionistas, como las normas de Estados Unidos de propiedad intelectual para el beneficio de las empresas estadounidenses o multinacionales como Monsanto, o para Hollywood, la industria de la música, la industria farmacéutica, entre otras”.
“Las patentes y los derechos de autor deben ser abolidos en Estados Unidos y no deben ser aceptados por otros países. Los otros países deben resistir la presión de Estados Unidos y salirse de estos acuerdos y tratados”, sostuvo el experto.
