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Tribunal Supremo de Brasil revoca censura previa a revista IstoÉ

Por: Belén Marty - @belenmarty - Sep 18, 2014, 3:37 pm

EnglishA menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, Brasil vive momentos candentes en la política, la economía y ahora también en los medios de comunicación.

El Supremo Tribunal Federal (STF) revocó ayer la decisión de una jueza de la ciudad de Fortaleza que había prohibido la publicación y el cese de circulación de la revista IstoÉ por contener información que vinculaba al gobernador de Ceará, Cid Gómes, con un caso de corrupción en la empresa estatal Petrobras.

La revista anunciaba su reportaje para la edición semanal: "Cómo" (Istoé)
La revista anunciaba su edición semanal: “Cómo la corrupción en Petrobras financió las campañas de aliados al Gobierno”. (Istoé)

El ministro del STF Luís Roberto Barroso, que se encontraba en la Universidad de Yale en Estados Unidos al momento de dictar sentencia, respondió a la apelación de los abogados de la Editorial Tres (casa que publica la revista) y expresó que la Constitución prohíbe expresamente los actos de censura previa, y que la publicación no puede ni debe ser detenida.

Con esta decisión, el juez del tribunal superior dejó sin efecto la sentencia de la jueza María Maciel Queiroz, a quien la justicia le asignó el caso durante el fin de semana. Maciel había ordenado impedir la difusión del medio brasileño, y en el caso de que ya se hubiera distribuido la revista, se debía retirar los ejemplares de los puntos de venta.

Fue el gobernador Cid Gómes quien acudió a la justicia brasileña con el objeto de impedir la publicación del articulo de IstoÉ que salpicaba al político en acusaciones de tráfico de influencia y malversación de fondos. Periodistas de la revista le habían contactado para pedirle sus comentarios sobre su vinculación con el escándalo de Petrobras, un caso de corrupción política que tiene en vilo al Brasil.

El fallo de la jueza Queiroz establecía, además de la prohibición de la circulación de la revista, una multa de R$5 millones (US$2.118.000) en caso de desconocer la sentencia y continuar con la difusión.

En defensa del honor

Queiroz con su sentencia buscó defender el honor del funcionario público que se encuentra en “peligro inminente” en relación a una investigación que aún se encuentra abierta.

El gobernador Cid Gómes (Wikipedia)
El gobernador de Ceará Cid Gómes estaría implicado en un caso de malversación de fondos de Petrobras. (Wikipedia)

La magistrada falló diciendo “que la editorial Tres debe abstenerse de revelar en su interior cualquier noticia relacionada con la persona solicitante en relación con el testimonio de Paulo Roberto Costa [exdirector de Petrobras] o cualquier otro hecho que se refiere a la operación de lavado de dinero y que puede implicar, directa o indirectamente, el solicitante, Cid Gómes”.

En su petición de censura, los abogados de Gómes señalaban que el proceso de investigación del caso Petrobras está en la fase de secreto procesal y que “además de violar el honor personal del solicitante, causan daños irreversibles a su carrera política”.

Por su parte, el abogado que defiende a la revista, Alexandre Fidalgo de la firma EGSF Abogados, expresó que este caso involucra figuras públicas y es el caso “más relevante en la escena política nacional”.

“La libertad de expresión es inmanente al sistema político que hemos adoptado, por lo que cualquier tipo de censura debe ser eliminado de inmediato”, advirtió Fidalgo.

Además expresó que la solución no consiste en prohibir la difusión de noticias, sino que podría solicitarse el derecho a réplica para reparar el daño.

El caso Petrobras y su conexión con las elecciones

La policía federal y fiscales trabajan hace dos semanas en el esclarecimiento del caso de corrupción más importante del año en Brasil. Paulo Roberto Costa, un exdirector de Petrobras, se encuentra en prisión desde junio pasado (sin sentencia aún) acusado de participar en un caso de lavado de dinero y de tener un total de US$23 millones en cuentas en Suiza.

Con el objetivo de reducir su potencial condena de 40 años en prisión, el exfuncionario accedió a nombrar personas involucradas en un esquema de corrupción entre 2004 y 2013 cuando Costa fue director de Abastecimiento de Petrobrás.

Costa dio entonces nombres de políticos y empresas que cobraron sobornos de hasta el 3% del valor de los contratos que se firmaban entre Petrobras y las empresas contratistas.

Algunos de los implicados por Costa son ministros (el caso de Edison Lobao, ministro de Minas y Energía) o exgobernadores (Sergio Cabras y Roseanna Sarney) o líderes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) que postula a la actual presidente Dilma Rousseff para la reelección el 5 de octubre.

Petrobras, en silencio

Petrobras asegura colaborar con la investigación. (Petrobras)
Petrobras asegura colaborar con la investigación. (Petrobras)

A través de una nota de aclaración publicada en su sitio web el 8 de septiembre, la petrolera se abstuvo de comentar sobre las publicaciones hechas en los medios de comunicación sobre el caso de corrupción.

“La empresa cumple estrictamente con su deber y ha proporcionado toda la información solicitada por la Policía Federal, Tribunal de Cuentas, la Contraloría General y fiscales”, explicó la petrolera.

Por último, añadió que “la Junta informa a sus accionistas y empleados que la compañía continúa trabajando con normalidad en todas sus unidades para cumplir con sus objetivos de negocios, dado que los actos irregulares que pueden haber sido cometidos por una persona o grupo de personas, empleados o no de la empresa, no representan el comportamiento de la institución Petrobras y su fuerza de trabajo compuesta de miles de empleados”.

Condena internacional de la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización compuesta por mas de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, se pronunció en contra de la sentencia de Queiroz y condenó el fallo que responde a la demanda por calumnia y difamación de Gómes.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, condenó en un comunicado la “frecuencia con la que en Brasil los jueces protegen a los funcionarios públicos en desmedro de los medios de comunicación y, en especial, en contra de la garantía constitucional que permite a todo brasileño gozar de su derecho a recibir y divulgar información libremente”.

Paolillo rebatió el argumento del político brasileño, asegurando que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.