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México elimina pena de prisión para periodistas en ley de protección a menores

Por: Belén Marty - @belenmarty - Sep 22, 2014, 4:02 pm
El proyecto de ley original presentado por el presidente Enrique Peña Nieto contemplaba penas de cuatro años de prisión a periodistas.
El proyecto de ley original presentado por el presidente Enrique Peña Nieto contemplaba penas de cuatro años de prisión a periodistas. (Simon Ruf)

EnglishEl Congreso Nacional de México informó ayer que decidió revocar el artículo 137 del proyecto de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que castigaba con prisión a los periodistas y editores de medios gráficos o digitales que publicasen o difundieran datos, imágenes o voces de niños sin el consentimiento de sus padres.

Las diferentes comisiones parlamentarias informaron que el proyecto de ley, presentado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto el 1 de septiembre, además cuenta con modificaciones en 80 de los 141 artículos originales.

Los encargados de analizar el proyecto y de proponer modificaciones son los presidentes de las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia (Martha Elena García); de Grupos Vulnerables (Linda Flores); de Derechos Humanos (Angélica de la Peña); de Igualdad de Género (Diva Gastélum); de los Derechos de la Niñez (Verónica Juárez); de Educación (Juan Carlos Romero Hicks) y de Estudios Legislativos (Alejandro Encinas).

Cambio de rostro

“Se ha realizado un número muy profundo de modificaciones, hasta el nombre de la ley se ha modificado. Se ha eliminado el nombre de Ley General de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes para avanzar en una ley garante de los derechos: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual no es un asunto menor porque cambia todo el enfoque del contenido de la ley. Con esto, pasamos de una ley proteccionista, paternalista, a una ley garante que reconozca a los niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos”, aseguró Encinas, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

Según informaron los presidentes de las comisiones encargadas de la revisión, entre los cambios que contemplan se incluyen la creación de un Sistema Nacional de Protección a los menores de edad, integrado por el presidente de la República, todos los gobernadores del país y jefe de Gobierno de la capital, y la extensión de la cobertura de derechos hacia los niños y adolescentes que pasan por territorio mexicano con la intención de migrar a Estados Unidos.

Pero el cambio más resonante es la voluntad del equipo técnico de modificar las sanciones para substituir las penas de encarcelamiento por castigos meramente administrativos.

El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, expresó: “Acordamos que si hay incumplimientos serán sancionados administrativamente, los detalles los estamos trabajando, fuimos muy sensibles de no atentar contra la libertad”.

Peligrosa herramienta para justificar restricciones a la labor de la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había expresado su preocupación a través de un comunicado el pasado 12 de septiembre por el hecho de que esta iniciativa pudiera ser utilizada para coartar la libertad de prensa y expresión.

Además mencionó que el proyecto original, que aún no fue debatido en el recinto legislativo, tiene como agravante la posibilidad de condenar a prisión a escritores, periodistas, editores y directores de medios de comunicación.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del SIP, Claudio Paolillo, le pidió a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, y al presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa Huerta, que más allá de las buenas intenciones que podría tener la iniciativa, se preserve la libertad de expresión y el derecho del público “a la información sin cortapisas”.

“Existe preocupación sobre las muchas ambigüedades del proyecto, a través del cual el Estado se toma la licencia para entrometerse en los contenidos de los medios, generándose un marco propicio para la censura previa”, añadió Paolillo.

Según la SIP, su preocupación radica en experiencias pasadas en Uruguay, Ecuador, Colombia y Venezuela que tuvieron como objeto la protección de los menores pero terminaron siendo “caballos de Troya” que justificaron restricciones en contra de ciertos contenidos periodísticos.

La asociación internacional señalaba como particularmente peligroso el artículo 82 de la versión sin modificaciones, que castigaba la publicación de informaciones “que tengan influencia nociva o perturbadora al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, o que promuevan en ellos la violencia, o hagan apología del delito”.

Los diarios digitales y otras revistas periodísticas quedarían a merced de la discrecionalidad de las autoridades luego de que estos publicaran información relacionada con hechos violentos derivados por ejemplo del narcotráfico, trata de personas y violencia domestica.

“Es claro, además que el Estado piensa en el principio de subsidiariedad, pretendiendo que los medios asuman un papel educativo, una tarea que le corresponde al Gobierno”, advirtió Paolillo que defendió el rol de los medios de informar libremente.

Las multas para los medios que irrespetasen la ley alcanzarían los US$600.000, e inclusive, el proyecto original contemplaba penas de prisión de hasta cuatro años, y el doble para los editores y directores de los medios de comunicación, según cita el artículo 137.

El cierre de medios y quita de licencias también estaría avalado por esta iniciativa en caso de que el medio reincidiera en estos delitos.

El experto en derecho a la información expresó a El Universal de México que esta ley impondría restricciones a los medios.

“Imagínate una multa de esa naturaleza [US$600.000] para un medio de comunicación pequeño o mediano; lo quiebras, acabas con él”, concluyó Paolillo.

La infancia, prioridad presidencial

Peña Nieto presentó la propuesta el pasado 1 de septiembre con carácter prioritario, lo que implica que debe tratarse en el recinto legislativo antes del 30 de septiembre. El presidente aseguró que este proyecto “incorpora las ideas y planteamientos de las y los legisladores de distintas expresiones políticas, quienes han venido trabajando durante meses en este tema fundamental”.

“Esta es la primera vez que hago uso de esta facultad que me confiere nuestra Constitución. Decidí hacerlo porque el bienestar de nuestra niñez es una prioridad. En la que, además, estoy seguro, coinciden los legisladores de las distintas fuerzas políticas”, destacó el mandatario.

Con las modificaciones al proyecto original, se prevé que el dictamen de la ley sea llevado al pleno del Senado entre el 25 y 27 de setiembre.

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.