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EnglishEn Argentina, la escalada del tipo de cambio no oficial del dólar estadounidense —conocido como dólar blue— tiene en vilo al Gobierno de Cristina Kirchner. Del 29 de agosto al 29 de septiembre el dólar blue subió un 10,92%; hoy cotiza a a $15,75 por cada dólar, mientras que el dólar oficial se mantiene en $8,43. En un intento de acabar con los locales de venta ilegal de esta divisa, el Gobierno kirchnerista está elaborando un proyecto de ley para reformar la actual legislación penal cambiaria.
Con una brecha entre el dólar oficial y el libre cada más mas amplia (ronda el 90%) el proyecto pretende modificar la tipificación del delito, de tal manera que las fuerzas públicas puedan llevar a cabo allanamientos contra las “cuevas” de venta de divisas sin el pedido expreso del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Carlos Gonella, jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), aseguró que la decisión de profundizar los controles y facilitar la represión surge del descubrimiento de llamadas desde el interior del BCRA a los negocios financieros ilegales que, se presume, habrían advertido de posibles inspecciones.
Buscan impedir los avisos a los vendedores ilegales
Si bien el proyecto no está aún disponible para su análisis, puede estar relacionado con un plenario que juntó a fiscales y jueces a fines de agosto pasado para discutir por qué no han sido exitosos los allanamientos realizados a las “cuevas”.
Sobre esto, Gonella calificó a la ley actual como “vetusta” por dotar al BRCA la discrecionalidad para perpetrar los procedimientos contra los locales ilegales.
El funcionario considera que la ley penal cambiaria vigente desde 1971 es anacrónica puesto que “no contempla el dólar blue o paralelo”. Además cuestionó a los medios que buscan “naturalizar el dólar blue”.
En declaraciones a Radio América, Gonella afirmó que su organismo ha “detectado funcionarios públicos armados de distintas fuerzas brindando seguridad en cuevas”. En muchos casos se procede a allanar y se encuentran con policías abocados en la custodia de esos locales clandestinos, según relatan fiscales a La Nación.
Cuevas en la mira: reforma penal para combatir al dólar blue http://t.co/qtfnynsrwD pic.twitter.com/LLbnhxCTld
— LA NACION (@LANACION) September 29, 2014
Para muchas autoridades existe una presunta conexión entre funcionarios del BCRA, la policía federal y los grandes operadores cambiarios, y por esto buscan cortar la cadena de comunicación e impedir el llamado de advertencia.
Uno de los casos más resonantes fue la denuncia realizada por el juez federal Norberto Oyarbide que asegura haber frenado un operativo a una financiera ilegal el pasado 19 de diciembre, tras una llamada telefónica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
A pesar de lo expuesto por Gonella, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich desestimó tal iniciativa en su conferencia de prensa matutina. “Debido a mi rol debería estar en conocimiento de la misma [si existiera], pero no es así”, declaró. No obstante, el mismo día Gonella salió al paso de las declaraciones de Capitanich y en una entrevista a Radio América confirmó la iniciativa, dejando mal parado al jefe de Gabinete.
Qué dice la ley actual
La ley penal cambiaria 19.359, promulgada en 1971 durante la junta militar (1966-1973), establece sanciones para quien negocie u opere con el tipo de cambio sin intervención de alguna institución autorizada, incluida “toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor”.
Según el artículo 5, “el Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y la investigación de las infracciones previstas en esta ley”.
En el inciso E del mismo artículo se detalla que es potestad del BCRA pedir a los tribunales competentes “las órdenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora, bajo la responsabilidad del o de los funcionarios que las requieran”.
La normativa además indica que la entidad bancaria podrá “requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezare con inconvenientes o resistencia para practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas investigadas”.
La ley penal cambiaria establece asimismo una multa económica de hasta 10 veces el monto de la operación y fija hasta ocho años de cárcel por reincidencia.
Por esta ley fue penada con una multa económica una mujer jubilada de 70 años que compró US$200 en una heladería del barrio porteño de Floresta a principios del 2002, luego de la gran devaluación que sufrió el país.
Aldo Rubén Pignanelli, economista contador público y expresidente del BCRA (entre julio y diciembre de 2002, durante el Gobierno interino de Eduardo Duhalde), explicó al PanAm Post que a pesar de que aún no se conoce con profundidad la iniciativa, la brecha entre el dólar oficial y el blue se debe a las políticas macroeconómicas del Gobierno de Kirchner, y que una modificación de la ley cambiaria no detendrá la brecha entre los tipos de cambio.
“En un contexto de corrida del dólar, y de la nueva ley de abastecimiento, nada bueno va a salir de la modificación del código cambiario argentino. No se trata de buen o mal código penal, sino de una buena política macroeconómica”, expresó Pignanelli.
