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EnglishLas tensiones entre los dos países caribeños que comparten la isla La Española se han recrudecido después de que el pasado lunes 1 de diciembre una turba atacara con piedras y botellas al consulado de República Dominicana en la ciudad del nordeste de Haití Juana Méndez. Por razones de seguridad, los diplomáticos dominicanos regresaron a su país, según informó el vicecónsul dominicano Marciano Mateo Espinosa.
Los hechos de violencia surgieron tras conocerse que el pasado domingo 30 de noviembre un conductor de camiones de nacionalidad dominicana, Carlos de León, embistió y mató a una niña de seis años en territorio haitiano, luego de perder el control del vehículo por el impacto de una piedra.
Los manifestantes del consulado pedían que el conductor fuera llevado a juicio en Haití, ya que este había sido transferido al país vecino el lunes para recibir atención médica. Las fuerzas policiales, por su parte, buscaron disuadirlos con gases lacrimógenos.
La ciudad de Juana Méndez está paralizada desde la semana pasada por una serie de protestas callejeras. Los ciudadanos haitianos vienen reclamando mejores condiciones de vida (agua potable, electricidad y obras públicas) y una baja en los impuestos de los productos importados de la zona dominicana de Dajabón.
Si bien ninguno de los empleados diplomáticos resultó herido tras los incidentes, el cónsul dominicano Francisco Gustavo Lembert dijo que la situación en ese momento estaba fuera de control y que no están dadas las condiciones para que realicen un servicio eficaz.
“Hasta que esa situación no cambie, no volveremos a trabajar, ya que no hay garantías para nadie”, añadió el diplomático.
Este martes, los embajadores de la Unión Europea (UE) y de las Naciones Unidas se reunieron con el presidente dominicano Danilo Medina con el objetivo de apoyar los esfuerzos de diálogo entre República Dominicana y Haití.
“Queremos ayudar a este diálogo que están sosteniendo ambos Gobiernos porque creemos que la estabilidad política es la condición necesaria para el desarrollo económico, y que esto no hace más que contribuir al bienestar de ambos pueblos”, aseguró Alberto Navarro, embajador de la UE en República Dominicana tras su reunión con Medina.
Cuestión de papeles
La problemática migratoria de los haitianos refugiados en República Dominicana es el tema que ha causado mayor aspereza entre ambas naciones en los últimos años.
En mayo pasado, el Senado dominicano garantizó la regulación y naturalización de aquellas personas nacidas en el país pero que no tenían la nacionalidad por ser hijos de inmigrantes ilegales. La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados de República Dominicana (MENAMIRD) —una coalición de 37 ONG— calcula que al menos 200.000 personas se pueden ver afectadas por este vacío legal.
Antes de mayo, aquellos nacidos en territorio dominicano y cuyos padres no tenían los papeles en regla no podían ser registrados con nacionalidad dominicana, medida que había sido ratificada por una resolución del Tribunal Constitucional en 2013.
La nueva ley reconoció la problemática y el error generado por el Estado dominicano, pero la legislación no se ha aplicado en su totalidad. William Charpentier, coordinador de MENAMIRD y presidente de la Fundación Étnica Integral, asegura que los beneficiarios de la ley siguen enfrentando problemas para formalizar su estatus migratorio o nacionalidad.
“La junta central Electoral es el organismo del Estado que tiene que aplicar esta parte de Ley, sin embargo hasta la fecha la gran mayoría de las personas que deberían beneficiarse no han podido hacerlo; siguen poniendo trabas para impedir que estas personas accedan a sus documentos. La vida de los jóvenes está paralizada a pesar de la existencia de la norma porque no han podido sacar sus documentos y eso hace que no pueden estudiar, ni trabajar”, manifestó el experto al PanAm Post.
República Dominicana se retira de la CIDH
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida el pasado 28 de agosto estableció que el país gobernado por Danilo Medina es responsable de “privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití”, entre 1999 y 2000.
Aseguraron así que República Dominicana expulsó del país a haitianos y a personas de ascendencia haitiana obedeciendo a una concepción discriminatoria.
“Los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros casos, las víctimas nacidas en República Dominicana no se encontraban registradas ni contaban con documentación que acreditara su nacionalidad”, dice la sentencia.
El Gobierno de este país decidió entonces desligarse de la Corte de la OEA después de que el pasado 4 de noviembre el Tribunal Constitucional declarase como “inconstitucional” la adhesión de Santo Domingo al sistema judicial interamericano y alegara que la decisión de pertenecer no fue avalada por el Congreso.
Si bien la CIDH condenó la decisión, las autoridades locales indicaron que “cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana”.
Según un documento emitido por 39 organizaciones de derechos humanos tras conocerse la resolución del Tribunal Constitucional, el reconocimiento de República Dominicana de la CIDH en 1999 por parte del presidente Leonel Fernandez fue absolutamente legal, por estar enmarcado en los procedimientos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) previamente suscrita por el país en 1978.
El grupo de las ONG denunció en este comunicado que el Tribunal Constitucional haya colocado a la República Dominicana como un Estado que no cumple con sus compromisos internacionales, e incoherente con su propia conducta ante la Convención, “particularmente cuando las decisiones de la Corte le han sido desfavorables y han criticado al propio Tribunal”.
“Ante la decisión del Tribunal Constitucional, los derechos humanos se encuentran amenazados en vez de ser protegidos, y cualquier manifestación del Estado dominicano de no acatar las sentencias de la Corte o de separarse de la Convención, surtiría un efecto negativo para la garantía y protección de los derechos humanos, muy en particular cuando no contamos con un sistema de justicia independiente, [tenemos] un Congreso Nacional intervenido y un Tribunal Constitucional alejado de su misión para la defensa y protección de los derechos fundamentales”, advirtió la coalición de ONG.
Con la contribución de Elisa Vásquez
