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Una facultad de Derecho en Canadá litiga por sus valores cristianos

By: Belén Marty - @belenmarty - Jun 3, 2015, 12:31 pm
British Columbia, Ontario, and Novia Scotia have banned Trinity Western University law graduates from practicing due to their Christian enrollment pledge.
Columbia Británica, Ontario, y Nueva Escocia han prohibido a los graduados de Derecho de la Universidad Trinity Western ejercer su profesión debido a su acuerdo cristiano de inscripción. (Prince Arthur Herald)

EnglishLos principios religiosos y seculares nuevamente son motivo de disputa en Canadá, pues una universidad evangélica protestante se prepara para apelar una sentencia que prohibió a los graduados de su facultad de Derecho —todavía no abierta— ejercer su profesión en Ontario.

La Universidad Trinity Western (TWU), ubicada en Columbia Británica, disputará la sentencia ante la Corte Superior de Justicia en Toronto, Ontario, mañana, 4 de junio.

La prohibición, emitida por el Colegio de Abogados del Alto Canadá (LSUC), se basa en el Pacto Comunitario firmado por todos los estudiantes de Trinity Western, que incluye la prohibición de intimidad y matrimonio entre personas del mismo sexo.

Mientras que el LSUC afirma que el pacto viola los derechos civiles, Trinity Western ha respondido que la prohibición a sus graduandos de trabajar a causa de sus creencias constituye una violación de la libertad religiosa.

“Es una reacción exagerada al extremo negarle a los cristianos evangélicos su sustento en la provincia de Ontario, basándose en una suposición intolerante y discriminatoria de cómo los estudiantes practicarán la ley”, dijeron los abogados de la Universidad, en un comunicado previo a la corte.

La TWU, ubicada en Langley, Vancouver, requiere que los estudiantes que decidan inscribirse en sus programas firmen un compromiso con la persona y la obra de Jesucristo, “como se establece en la Biblia”.

“Es vital que cada persona que acepta la invitación para convertirse en un miembro de la comunidad de la TWU considere cuidadosamente y adopte sinceramente este pacto de la comunidad”, sostuvo la universidad.

El acuerdo también prohíbe otras actividades como “chismear”, ver pornografía, el uso de “lenguaje obsceno”, y la embriaguez, entre otros.


“Staley: el único derecho de la Carta involucrado en este caso son los derechos religiosos de Trinity Western y de sus graduados”.

“Obligar al Colegio de Abogados a acreditar a TWU daría lugar a la discriminación contra los que desean postularse a la Escuela de Leyes, pero no son capaces de comportarse como lo exige el pacto de la comunidad”, dice el documento presentado el lunes a la corte de Toronto por los abogados de LSUC.

“Que el Colegio de Abogados acredite una facultad de Derecho sabiendo que tiene una política de admisión discriminatoria, pondría en peligro la confianza del público en la profesión legal”, añadió LSUC.

Ontario no es el único lugar donde la TWU está luchando para obtener la acreditación para su incipiente escuela de Derecho. La universidad también está tomando acciones legales contra Nueva Escocia y su provincia de origen, Columbia Británica.

En los tres casos, los respectivos colegios de abogados de las provincias no han encontrado deficiencias académicas o profesionales en el posible programa de Derecho de TWU, pero han argumentado que la promesa de inscripción discrimina a la comunidad gay y lesbiana.

Sin embargo, la Federación de Colegios de Abogados de Canadá ya aprobó el curso de Derecho de TWU.

Una lucha en tres frentes

El Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales (JCCF), una ONG que busca defender las libertades constitucionales de los canadienses a través de litigios y educación, ha recibido la condición de coadyuvante en las tres acciones judiciales en apoyo a la TWU.

Programado para el 25 de agosto, el JCCF intervendrá en el litigio Trinity Western University v. Colegio de Abogados de Columbia Británica en la Corte Suprema de la provincia.

En enero, la intervención de JCCF ayudó a la Corte Suprema de Nueva Escocia a llegar a un fallo a favor de la TWU, citando la libertad de asociación y religión. Sin embargo, la Sociedad Barristers de la provincia está llevando el caso ante el Tribunal de Apelación.

El JCCF sostiene que la Constitución establece el derecho de todos los canadienses a la libertad de asociación, “incluyendo el derecho de toda caridad, templo, iglesia, asociación étnica y cultural, club deportivo y grupo político para establecer sus propias normas y requisitos de membresía”.

El presidente del JCCF, John Carpay, dijo que un fallo judicial contra la libertad de asociación universitaria socavaría este derecho para otros grupos no religiosos en Canadá.

“La tolerancia para grupos impopulares, prácticas y creencias —no los populares— es lo que separa a la sociedad libre del estado totalitario. La Corte Suprema de Canadá dictaminó que la opinión de la mayoría no tiene necesidad de protección constitucional, ya que se tolera en cualquier caso”, añadió Carpay.

El experto legal sostuvo que para que una sociedad libre permanezca libre, sus ciudadanos deben aceptar que otros tendrán creencias radicalmente diferentes, “incluyendo ideas impopulares sobre la sexualidad”.

El JCCF deberá presentar un alegato oral ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario el 4 de junio a las 10 a.m.

La Universidad Trinity Western, que ofrece a los estudiantes 42 licenciaturas y 17 cursos de posgrado, se encuentra entre las mejores universidades de Canadá por su “experiencia educativa”, según la Encuesta Nacional de Participación Estudiantil.

Actualización: 8 a.m. EDT, 3 de junio de 2015.

Traducido por Rebeca Morla.

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.

Director de diario venezolano denuncia al Gobierno ante la CIDH

By: Staff de PanAm Post - Jun 3, 2015, 12:08 pm
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue acusado de liderar una campaña de acoso contra los medios. (Wikimedia)

Miguel Henrique  Otero, director del diario venezolano El Nacional, denunció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en Washington, que el Gobierno de Nicolás Maduro montó una campaña de "acoso" en su contra. Otero se reunió con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Eidson Lanza; y con el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez, a quienes entregó un informe en el que denuncia una "irreparable" violación de sus derechos humanos. "Las agresiones y amenazas por parte de procuradores del Gobierno venezolano, así como de la acción judicial y las medidas restrictivas acordadas en contra de medios de comunicación, buscan amedrentar a quienes trabajamos en ellos, a fin de llevarnos a la autocensura", señaló Otero en el informe que entregó a los funcionarios. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció a Otero, y a otros 21 ejecutivos de medios, luego de que reprodujeron el pasado 27 de enero, una investigación difundida por el diario español ABC,  en el que se vincula al presidente de la Asamble Nacional venezolana con un cártel de narcotráfico. Desde ese momento, el titular de El Nacional no ha regresado a Venezuela y ha emprendido una campaña para "lograr la solidaridad internacional". Otero, alerta en su informe, que los procesos administrativos y penales en curso contra su periódico y contra los diarios Tal Cual y La Patilla pretenden "inhibir" a los periodistas para que dejen de publicar información que pueda ser "incómoda" para el Gobierno y sus representantes. "Las agresiones y amenazas por parte de procuradores del Gobierno venezolano, así como de la acción judicial y las medidas restrictivas acordadas en contra de medios de comunicación, busca amedrentar a quienes trabajamos en ellos a fin de llevarlos a la autocensura", denunció Otero en el documento entregado a la CIDH. Asimismo, se mostró preocupado por la posición que adoptó el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que la semana pasada respaldó a Cabello, al tildar las informaciones difundidas en medios internacionales sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico de "agresiones conspirativas". La situación de la prensa en Cuba llamó la atención del directorio de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) que representa a editores de más de 180.000 publicaciones y 15.000 sitios de noticias en más de 120 países. La organización exhortó al presidente Maduro, y a su par ecuatoriano Rafael Correa, a "detener toda toda forma de hostigamiento, violencia y presión judicial para garantizar un ambiente de debate público independiente, en el que se puedan expresar libremente y sin miedo alguno las opiniones críticas y disidentes". Fuentes: El Nacional, El Carabobeño.

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