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EnglishAdemás de las protestar contra la Ley de Herencia y la Ley de Plusvalía, los habitantes de las islas Galápagos, en Ecuador, están, desde el pasado 12 de junio, en su propia resistencia, por la Ley de Régimen Especial. Esta norma, aprobada por la Asamblea Legislativa el 9 de junio, es, según los pobladores locales y activistas ambientalistas un perjuicio; pues implicaría entre otras cosas una reducción de sus salarios y la posibilidad de permitir capital extranjero para la creación de nuevos complejos hoteleros.
Ambientalistas crearon, bajo la etiqueta #SOSGALAPAGOS en las redes sociales, una petición abierta al público internacional para buscar frenar y derogar esta normativa que implicaría, según ellos, un peligro para para el medioambiente y la biodiversidad.
“El Gobierno de Ecuador está llevando a cabo un intento de venta de las islas Galápagos al mejor postor, sin importar el impacto en el ecosistema y con independencia de los derechos de los habitantes del archipiélago”, alegaron los activistas sociales.
En este sentido también se manifestó el Frente Insular, que protege la autonomía del Parque Nacional y las áreas protegidas. “La ley permitirá el ingreso de los grandes capitales y relegará a los ciudadanos residentes de las islas”, precisó Gusqui, un guía de Santa Cruz, la segunda isla más grande.
Las protestas se vienen llevando a cabo desde el 12 de junio en una plaza de la Isla San Cristobal –la isla mas oriental del conjunto de 13 que formas las Galapagos. Entre sus reclamos está el nuevo sistema para calcular los salarios de los trabajadores privados y públicos de las islas, ya que por su ubicación geográfica, los bienes y servicios son más caros que en el Ecuador continental.
La nueva legislación establece que los salarios se aumenten en concordancia con el Indice de Precios al Consumidor (IPC), que se mide anualmente. Hasta entonces, el salario de un trabajador de Galápagos era 75% (para trabajadores privados) o 100% (para trabajadores del sector público) más que el sueldo de un trabajador en el resto de Ecuador.
Gusqui dijo que el “poder adquisitivo [de un trabajador] va a bajar”.
Ángel Vilema, legislador por Galapagos del partido oficialista Alianza Pais, renunció a su banca por estar en desacuerdo con la Ley, y creerla inconstitucional. Por esto, recibió la calificación de “demagogo” y “mediocre” por parte del presidente Rafael Correa.
Las Galapagos, ubicadas en el Océano Pacifico, a 972 kilómetros de la costa ecuatoriana, tienen un costo de vida más alto que el resto del país. Su abastecimiento de productos se realiza por vía marítima y aérea.
Además de estos problemas, los pobladores locales, como Michael Bliemsrieder, creen que esta ley tiene fines recaudatorios. El dinero que pagan los turistas (nacionales e internacionales) por entrar a la Reserva, antes de esta polémica ley se lo quedaba el Parque Nacional Galápagos; ahora irá a parar a las arcas del Estado y desde el Estado se les asignará un presupuesto.
Entre los puntos destacados de esta nueva legislación, el principio que disponía estudios previos a la construcción de nuevos establecimientos no sería ahora obligatorio. “Esto relaja la norma y queda a discreción si se aplica o no”, expresó Bliemsrieder.
También precisó que habrían intenciones de construir complejos hoteleros en la playa Punta Carola.
#Galápagos: ¿a la venta para los super ricos?
Proyectos hoteleros,
con inversiones millonarias tendrían luz verde…http://t.co/l8gTEtr0To— Alberto Acosta (@AlbertoAcostaE) June 20, 2015
Otra cuestión que causó malestar entre los 25 mil habitantes de las islas fue el fin de la gratuidad para los pasajes aéreos de los residentes locales desde y hacia Galápagos.
https://twitter.com/epalacios/status/609764857584447489
Arianna Tanca, investigadora en la consultora Inteligencia Estratégica y miembro de Estudiantes por la Libertad en Ecuador, le comentó a PanAm Post que, con la nueva ley, se propone hacer un “cálculo técnico” para establecer los salarios que deben recibir los trabajadores de las islas. “Se propone recalcular los salarios del sector público y privado a partir del cálculo del Índice de Precios del Consumidor (IPC). Esto termina reduciendo el poder de compra de los locales, porque los precios contemplados en este índice son los de Ecuador continental, que son más bajos que en Galápagos”, señala.
Pero explica la investigadora que las protestas no solo son por el reajuste en el salario, sino por todos los impuestos que les impuso el Gobierno, en relación al resto de las leyes aprobadas por la Asamblea, que cuenta con amplia mayoría oficialista.
Finalmente, Tanca indicó que se opone a que “el Estado saquee a los ciudadanos por problemas fiscales y que lo haga en nombre de la redistribución de la riqueza”. “No hay prosperidad si hay un Estado que quiere empobrecer a los ciudadanos decretando impuestos cada 15 días”, concluyó.
Actualizado el 25 de junio de 2015 a las 12:50 p.m.
