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English“La deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable”. Con esas palabras explicó el lunes 29 el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, el nivel de la crisis fiscal que atraviesa la isla. Sin embargo, 24 horas después de lo dicho por el funcionario, su Gobierno pagó a sus acreedores el monto correspondiente a los vencimientos de deuda de Puerto Rico.
En un mensaje transmitido en vivo, García Padilla le habló a la población sobre la crisis económica y fiscal que atraviesa su administración, y aprovechó la oportunidad para pedirle sacrificios a sus acreedores. La deuda pública asciende a US$73 mil millones. Además, solicitó al presidente Obama que declare a Puerto Rico en quiebra, tal como sucedió en 2013 con la ciudad de Detroit, Michigan.
“Es momento de que le reclamemos a Washington una acción concertada, en una sola voz. Acción para que acaben de aprobar cambios al capítulo 9 del Código de Bancarrota, y que Puerto Rico cuente con la misma protección que tienen otras jurisdicciones”, precisó el mandatario local.
El gobernador entiende que la deuda heredada es tan inmensa que no les permite tener acceso a los mercados financieros; y que, además, su economía no genera suficientes ingresos para repagar las obligaciones asumidas, según lo que dijo en su discurso.
En síntesis, Padilla insistió que si paga la deuda dejaría de cancelar los salarios a sus policías, maestros y enfermeras. “No vamos a permitir que la pesada carga de la deuda heredada nos arrodille”, precisó.
PanAm Post conversó con dos especialistas sobre las consecuencias de los anuncios del gobernador, y sobre y quiénes serán los acreedores más perjudicados.
El economista y profesor de Finanzas del MBA de la Universidad de Puerto Rico Carlos Colón de Armas explicó que en realidad, y a diferencia de lo que dijo el gobernador, “la deuda pública es perfectamente pagable”.
“La mejor evidencia de eso es que tan reciente como el martes 30, Puerto Rico le pagó a sus acreedores US$1.900 millones. Hizo el pago que nos correspondía hacer sin problema alguno”, precisó.
Lo que sucede advirtió el profesor, es que el Gobierno tiene una situación de estrechez de efectivo, por lo que el Gobierno no puede cumplir con sus acreedores y mantener el mismo ritmo de gasto que siempre ha tenido. “Lo que se requiere es que el Gobierno reduzca sus gastos”, añadió.
“El problema es que reducir los gastos genera un problema político en el que el Gobierno no quiere incurrir. Por lo tanto, están cometiendo el error financiero de buscar alivio por la deuda cuando deberían buscarlo en sus gastos”, expresó Colon de Armas.
Con respecto al nuevo año fiscal, que comenzó el 1 de julio el Gobierno aseguró que el compromiso que tiene con los bonistas este año es de $4.800 millones. El académico aseguró que hoy el presupuesto del Gobierno es de $28.800 millones, por lo que el pago a los acreedores es asequible.
“Eso quiere decir que este año, para cumplir con los acreedores, se requiere un pago que equivale al 17 por ciento de los ingresos. Claramente hay dinero para pagarles. Lo que tienen que tener es la voluntad de querer hacer el pago”, sintetizó.
Según el experto, entre los principales acreedores hay muchos fondos de inversión, muchas cooperativas y fondos de pensión portorriqueños y muchísimos inversionistas locales.
“Hay un numero significativo de instituciones puertorriqueñas y de puertorriqueños que tienen dinero invertido en esos bonos. Las cooperativas de ahorro y crédito, que son instituciones que en Puerto Rico se han considerado siempre muy sólidas y donde las personas que participan son de las clases más humildades de la sociedad, ahora mismo tienen mucho nerviosismo, por que han invertido mucho dinero en los bonos del Gobierno”.
Finalmente, sobre el mensaje de Padilla del lunes, Colón dijo que fue algo “totalmente bochornoso” y destacó que el mismo día que Grecia incumplía con el Fondo Monetario Internacional, Puerto Rico cumplió con el pago a sus acreedores.
Por su parte, Luis Dávila, abogado y analista político, indicó que solamente el 30 por ciento de la deuda pertenece a los denominados fondos buitre; el 70% son inversores regulares. “De esos, casi 45 por ciento son puertorriqueños. Pertenecen a personas puertorriqueñas que le han prestado su dinero al Gobierno de Puerto Rico para garantizar sus jubilaciones”, sostuvo.
Las consecuencias de esta crisis fiscal, informó Dávila, son el empobrecimiento de los ciudadanos, el aumento de las quiebras, un mayor desempleo y una mayor migración a Estados Unidos.
“Ya se nos han ido 5 millones de boricuas. En los últimos tres años migraron 177 mil residentes. Puerto Rico pierde 60 mil residentes por año. Es decir, al menos 164 personas por día”.
Aseguró que el “no pagar es un mito, porque el dinero sí está”.
Dávila explicó que el articulo VI (sección II) de la Constitución de Puerto Rico establece por Ley una relación de créditos. Así, antes que nada se pagan las obligaciones generales y las deudas de los bonos del Estado. Es decir, los acreedores tienen prioridad.
“De esta manera, todas las obligaciones generales deben pagarse antes que se paguen los enfermos, los maestros”, sostuvo.
En declaraciones a una radio local, el Secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza expresó que el dinero para pagar la “impagable” deuda existe, pero que se debe usar “para otras cosas”. Asimismo, sostuvo que se prevé una contracción del consumo en los primeros tres meses.
