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EnglishEl Gobierno de Cristina Kirchner publicó el martes 7 de julio en el boletín oficial un decreto que determina la nueva doctrina de inteligencia nacional en la cual le da tareas a la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre las que se incluye las de prevenir posibles “golpes de mercado”, y corridas bancarias y cambiarias.
El anexo al decreto 1311/2015 dicta que la nueva organización es “un cuerpo doctrinario tendiente a sentar las bases de un profundo proceso de reforma y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional”.
El decreto establece que desde la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no hay que “espiar” a los ciudadanos argentinos, sino que la “inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado” las personas.
Entre lo más destacado del documento de 408 páginas, resalta el cambio de competencia para realizar escuchas telefónicas, del Poder Judicial al Ministerio Público. Además, menciona las diferentes formas en las que el Gobierno argentino considera que se puede atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.
La inteligencia nacional, entonces, velará por la protección y el cuidado de los argentinos en la gestión de problemáticas como “riesgos o conflictos generados por orden externo”, el terrorismo y atentados contra el orden constitucional.
Entre la tipificación de los atentados al orden constitucional, se consideran como tales los alzamientos militares, el narcotráfico, y la trata de personas.
Otro atentado al orden constitucional que explica el anexo del decreto, son las acciones de los grupos económicos o financieros (empresas, bancos, financieras), que impliquen “corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos o golpes de mercado”.
Usualmente se entiende como “golpe de mercado” a las operaciones de grandes grupos económicos, que a través de la toma de ciertas decisiones, logran desestabilizar la economía, y por tanto, afectan la estabilidad política democrática.
Ellos están íntimamente asociadas en el imaginario colectivo argentino a corridas bancarias, devaluaciones, brotes inflacionarios (o hiperinflacionarios) y desabastecimientos.
La nueva KGV Argentina hará Inteligencia interna para para evitar "corridas y golpes de mercado". Es decir, meter… http://t.co/Cj1pehrZXC
— Agustín Etchebarne (56% Juntos por la Libertad) (@aetchebarne) July 7, 2015
El Sistema de Inteligencia Nacional está conformado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyo máximo cargo político es el Presidente de la Nación argentina, quien contará con el apoyo y asistencia del Ministro de Defensa y el Ministro de Seguridad.
Por su parte, el artículo 6 del anexo prohíbe a la inteligencia nacional la producción de conocimientos de carácter políticos, institucional, social, económico, cultural o de cualquier otra índole, “ajenos a las problemáticas defensiva-militares o delictivas”.
Una “brutalidad keynesiana”
El economista argentino Javier Milei le explicó a PanAm Post que esto es “un efecto colateral de la brutalidad keynesiana”. Concretamente, explicó que los seguidores de Keynes no tienen teoría del valor, es decir, que para ellos los precios se determinan por el retorno de las empresas, el costo laboral y la productividad.
“Cuando los precios empiezan a subir responsabilizan a los sindicatos y conjuntamente a los empresarios. Tienen una idea marxista de que los precios se determinan como una ecuación de markups sobre costos”, precisó.
El economista aseguró que lo que propusieron es “un acto de ignorancia”, pues la inflación está dada por el Gobierno. “La emisión monetaria de Argentina excede la demanda real de dinero y como contrapartida se traduce en subida de precios”, sostuvo.
Para Milei, esta doctrina de inteligencia se asocia con un diagnóstico equivocado fruto de una concepción keynesiana del valor. Lo calificó como una “payasada”.
“Creen que Newton cabeceó la manzana en vez de que se le haya caído en la cabeza. Tienen una versión deformada de cómo funciona el sistema. El Gobierno acuña controles de precios pero este tipo de políticas nunca son efectivas y entonces cuando un gobernante ve los resultados, ve que naturalmente son malos”, dijo el experto.
El problema, según Milei, es que el gobernante asimila esos malos resultados como una conspiración y entonces recrudece los controles. Considera que la consecuencia de esto es “una represión de las libertades individuales”.
