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El Ministerio de Agricultura de Cuba contará cada vaca de la isla

By: Belén Marty - @belenmarty - Ago 4, 2015, 4:47 pm
cuba
¿Cuántas vacas hay en la isla? El Ministerio de Agricultura intentará dar con el número exacto. (Vice)

Matar a una res que está bajo tu cuidado es ilegal en Cuba y por ese “delito” el artículo 282 del Código Penal cubano establece una pena de cuatro a diez años de prisión. En el régimen de los Castro, en el cual toda propiedad es colectiva, el Ministerio de Agricultura anunció recientemente un “conteo nacional de ganado vacuno” para que las autoridades actualicen el inventario del rebaño nacional.

Esta iniciativa prevé realizar un ceso a cooperativas, fincas y empresas estatales bajo las categorías de sexo, raza y edad. De esta manera, el Estado cubano busca comparar la evidencia en el terreno con la información brindada por los campesinos.

“Una ternera no declarada es una mina de oro”, le dijo un ganadero al medio cubano 14yMedio, en el sentido que si nadie sabe si existe ese animal, entonces no sabrán de sus crías; y la leche que produzca podría venderse en el mercado negro.

“El que (…) sacrifique ganado mayor es sancionado con privación de libertad de cuatro a diez años”, establece el artículo 241.1 del Código Penal.

Ovidio Martin, miembro del grupo de coordinadores del disidente partido político Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), le explicó irónicamente a PanAm Post que las reses en Cuba son sagradas, como en la India, “por que es imposible que un cubano tenga acceso a una res y mucho menos para comer”.

Indicó asimismo que los campesinos son complemente supervisados por el Gobierno, en los nacimientos y en general en todos los conteos que realicen. Precisó que a los ganaderos los monitorean constantemente.

“El campesino si tiene hambre no la puede matar. Sino solo las cuidan y les pueden sacar solamente un poco de leche. Cuando ya no les sirve o no la pueden cuidar deben vendérsela a otro campesino por medio de una cooperativa o deben vendérsela al régimen a precios puestos por el régimen mismo”, sostuvo.

Aseguró que conoce varios campesinos que están intentando “sacarse de encima” las reses, ya que en el caso de que ella se pierda o algún bandido las robe ellos mismos deben hacerse responsables y pagar una multa por su desaparición.

Asimismo, indicó que la carne de res no se ve tampoco en la cartilla de racionamiento que tiene cada cubano: “Llega solo el picadillo o la mortadela, pero lo que es la carne de res llega solo en ocasiones a los niños, solo unas onzas a los niños pequeños”.

¿Para qué esta el ganado entonces? Martín explica que están para abastecer a los hoteles donde tiene acceso el turismo internacional, para exportación, para el Ejército o para los ministerios.

En el mercado negro, un kilogramo de res puede costar no menos de US$9, apenas menos que un salario mínimo.

“Es imposible que un cubano compre carne con un salario ganado honradamente”, destacó.

Finalmente, exhortó que “a quien cojan con una vaca puede obtener una condena en prisión de 15 o 20 años de privación de libertad por consumir o sacrificar reses”.

Por esto, aseguró que conoce varias personas que han tenido que sufrir penas de prisión y multas por simplemente haber comprado res en momentos determinados.

En perspectiva, antes de la revolución comandada por Fidel Castro, en Cuba había seis millones de cabezas de ganado. Algo así como un animal por cada habitante. Tampoco se necesitaba una autorización especial para criar ganado ni se establecían límites a la cantidad de animales por persona. De igual manera, no se limitaba la cantidad de kilogramos de carne de res que podía comer un individuo.

La proporción es hoy, en cambio, de cuatro millones de reses para 11 millones de cubanos, según estimaciones extraoficiales de la disidencia antillana.

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.

Gobierno se desliga de polémica ley de periodismo en Panamá

By: Thabata Molina - @Thabatica - Ago 4, 2015, 3:49 pm
La polémica ley del ejercicio del periodismo fue propuesta por el diputado Juan Moya, del partido Panameñista, pero el Gobierno se pronunció en contra de la iniciativa. (Notiminuto.com)

El Leitmotiv del proyecto de ley que busca reglamentar la carrera profesional del periodista y del reportero gráfico en Panamá, es supuestamente la necesidad de reivindicar los derechos económicos y sociales de los comunicadores locales, pero de retruque se cuela la posibilidad de que se implemente una restricción para los profesionales de la comunicación que sean extranjeros, quienes, en caso de aprobarse el texto legal, podrán ejercer su profesión en el país centroamericano solo por dos años. El proyecto fue promovido por el diputado del partido Panameñista Juan Moya. Sin embargo, entre las reacciones adversas que generó la iniciativa, se cuenta precisamente la del Gobierno del presidente Juan Carlos Varela (también del partido Panameñista), pues el pasado lunes 3 agosto, desde el Ministerio de la Presidencia, el ministro Álvaro Alemán emitió un comunicado en el cual señaló que cualquier iniciativa orientada a regular libertades de información y expresión debe someterse a una cuidadosa revisión y debate de toda la sociedad. “Nuestra posición como Gobierno es que cualquier ley sobre periodismo debe redundar en un fortalecimiento de las libertades que plantea proteger, en ningún caso debe restringirlas", señaló Alemán a través del comunicado. ¿Dónde está el detalle? El proyecto de ley de periodismo en Panamá consta de 22 artículos, pero es específicamente el número 5 el que ha generado la controversia, pues tiene varios elementos que constituyen una afrenta directa al ejercicio del periodismo por parte de foráneos, en un país que solo durante los últimos cinco años aprobó 17.981 permisos de residencias definitivas o permanentes a extranjeros, más 33.396 visas de inmigrantes, y permisos provisionales y temporales para residir en el territorio panameño. De entrada, el artículo señala que: “El extranjero que desee ejercer en territorio nacional como Periodista, Reportero Gráfico, o en alguna posición dentro de un medio de comunicación, deberá contar con la acreditación profesional transitoria, otorgada por la Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP)”. Hasta allí no parece haber ningún inconveniente, pues según lo que declaró el diputado Juan Moya a PanAmPost, la idea es, supuestamente, saber cuántos periodistas de otras nacionalidades ejercen en su país. Sin embargo, más adelante el mismo artículo contemplado en el proyecto legal hace la advertencia clara de que esa acreditación, que otorgará la CTAP a discrecionalidad, “será válida por un año, con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año”.  Después que se venza tal permiso, el extranjero simplemente no podrá volver a ejercer el periodismo en ese país, según lo señalado en el texto. El periodista Luis Blanco, presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (Acopep), advirtió que el pronunciamiento del Gobierno panameño reconoció los riesgos que supondría para la libertad de expresión la aprobación del proyecto de ley promovido por Moya. “Lamentamos que los gremios locales (Colegio de Periodistas de Panamá y el Sindicato Nacional de Periodistas) mantengan esa posición que respalda la iniciativa del diputado Moya. Muchos periodistas panameños entienden nuestro punto de vista, y entienden el enfoque que hemos manifestado. Nosotros apoyamos las reivindicaciones sociales y económicas para nuestros colegas, pero Panamá necesita una ley que sea un avance para el país, no un retroceso”, dijo Blanco a PanAmPost. El proyecto de ley no solo limita al periodista extranjero a poder ejercer solo durante dos años en Panamá, sino que además, en el artículo 21 del texto sanciona una pena de entre dos y cinco años de prisión a todo aquel profesional que ejerza el periodismo de manera ilegal en el país, basándose en lo que dice el artículo 377 de su Código Penal. “Hay una confusión de objetivos, que se quiere hacer ver que son por reivindicaciones salariales, pero en nombre de esa reivindicación para los periodistas locales, se han invocado principios de protección que son ofensivos, como categorizar a persona por su origen. Eso es muy lamentable. Poner en un texto todo en blanco y negro, con el uso de palabras como corresponsales y extranjeros nos tiene que llamar la atención, porque no sabemos cómo pueden terminar las cosas”, acotó Blanco. Días atrás el presidente de la Acopep indicó que además el texto constituye una violación al artículo 37 de la Constitución panameña y atropella varios principios básicos sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, Moya indicó que más allá de la restricción para ejercer el periodismo para los extranjeros, lo importante para ellos es saber cuántos hay en el país. Al ser consultado directamente sobre la imposibilidad de ejercer para los periodistas extranjeros después de dos años, ambiguamente señaló: “Después que venza la prórroga que dará la CTAP se buscarán fórmulas para resolver la situación, pero después de los dos años. Las empresas podrían contratarlos de nuevo, pero lo importante es que deben afiliarse a la comisión”. De momento el proyecto será sometido a un proceso de consulta, en el cual participarán los gremios, periodistas y dueños de medios de comunicación. Este martes se celebró la primera reunión en la que participaron representantes del Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Panamá, según lo informó a través de su cuenta de Twitter Filemón Medina, quien se desempeña como secretario general del sindicato. Reunión de los gremios periodísticos con el sector empresarial en el CNP, reivindicando a los periodistas @FIP_AL pic.twitter.com/glK5Mmz4eU — filemon medina (@fimera) agosto 4, 2015 Después de la consulta, el texto legal será asignado a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional para que comience la primera etapa de su discusión. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo podría tomar este proceso.

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