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Abogada. Profesora. Transgénero. Opositora. La venezolana Tamara Adrián Hernández es todo eso y más. Es la primera candidata transgénero a diputada nacional para las próximas elecciones en diciembre de este año y una reconocida activista de los derechos de la comunidad Lgbti en el país.
Adrián es doctora en Derecho y profesora en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y en la Universidad Metropolitana (Unimet). Insiste en aclarar que no quiere que su candidatura se encasille solamente en el tema Lgbti.
“Yo soy defensora de las personas Lgbti pero soy también doctora en Derecho, profesora universitaria y soy especialista en el área económica y financiera”, advierte entusiasmada.
En diálogo con PanAm Post asevera que más allá de la defensa de los derechos de gays, lesbianas y transexuales, tiene propuestas para sacar a Venezuela de la profunda crisis económica en la que se encuentra.
Si bien Tamara se viste y se siente mujer, su documento de identidad tiene otro nombre: Tomás Mariano Adrián Hernández. Conversamos con ella sobre el limbo legal que salpica a cientos de venezolanos que viven bajo estas mismas condiciones.
Usted va como candidata mujer en la lista de diputados nacionales mientras que su documento de identidad figura como hombre. ¿Cómo se explica?
Desafortunadamente, Venezuela es uno de los poquísimos países de la región donde no ha habido ningún avance. Es más, ha habido un retroceso con relación al reconocimiento de la identidad de las personas trans.
A diferencia de Argentina, Uruguay, Colombia, México y ahora Chile —que está con un proyecto de ley de identidad de género que permite el reconocimiento de la identidad—, Venezuela, que desde 1977 hasta 1998 había reconocido la identidad de personas trans después de operaciones genitales por vía judicial, retrocedió a etapas anteriores a 1977. Desde 1998 hasta ahora no se ha permitido el reconocimiento de identidad de ninguna persona transgénero.
Además, la Ley Orgánica de Registro Civil permite el cambio de nombre simple, sin cambio de género en la documentación. Básicamente las personas trans se encuentran en una terrible situación, en la que la identidad legal no corresponde con su identidad física, psíquica ni social, exponiéndoles a terribles situaciones de injusticias de todo tipo.
Tenemos noticias de dos chicas trans que fueron ajusticiadas este pasado fin de semana [15 y 16 de agosto] en Caracas con tiros en la cabeza. Acabo de recibir noticias que al parecer habría cuatro chicas más. Parece haber un programa de “limpieza social” de mujeres trans. Son situaciones lamentables que deben llamar la atención de las autoridades.
¿Existe cierta expresa omisión por parte del Gobierno venezolano de no incluir estos temas en su agenda?
El Gobierno venezolano se había manejado con una excelente propaganda que hacía ver que había supuestos avances en la inclusión de las personas Lgbti en la sociedad venezolana.
La realidad es que ningún avance tiene lugar cuando se mantiene la discriminación legal. En Venezuela no hay leyes integrales contra la discriminación que protejan a las personas Lgbti. Hay algunas, pero de muy limitada aplicación; y en segundo lugar no existe reconocimiento de derechos de pareja de ningún tipo. En tercer lugar, no existe ningún tipo de reconocimiento de identidad de las personas trans.
Yo hice un sondeo de opinión hace dos años que mostró que de 450 personas transexuales encuestadas, casi 13 por ciento habían abandonado los estudios debido al bulling.
¿Cuál es su opinión de las cuotas parlamentarias para las minorías?
Venezuela despreció y eliminó totalmente las cuotas a las minorías. Algo poco conocido en el exterior. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de 2007 eliminó las elecciones de un tipo de representación minoritaria. Por lo que se creó un sistema de sobrerrepresentación de cualquier mayoría política y exclusión de cualquier otra “minoría política”.
Eso explica —lo que poca gente entiende— que para la actual Asamblea Nacional el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 47 por ciento de los votos, la Unidad Democrática 46 por ciento y otros factores políticos obtuvieron la diferencia. Lo que resultó fue que el PSUV obtuvo con ese resultado casi las dos terceras partes de la Asamblea. En este sistema no hay ningún tipo de representación de las minorías.
Entonces, Venezuela está retrasado en cuanto a derechos de esta minoría Lgbti. ¿Qué propone usted para superar ese retraso?
Todos los grupos de la sociedad civil de todos los partidos, de manera muy transversal, recogimos firmas en 2013 para presentar una iniciativa de matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional. De acuerdo con la Constitución si hay una iniciativa popular firmada por el 0,5 por ciento del padrón electoral debe ser discutida en la Asamblea Nacional en el primer período de sesiones ordinarias siguiente a la consignación de las firmas. Si no se hace, hay mora constitucional.
Las firmas se consignaron en enero de 2014 y el primer período de sesiones ordinarias fue entre agosto y el 15 diciembre; y el PSUV, que controla la agenda legislativa, nunca incluyó esta ley en el debate.
¿Ha recibido alguna vez una amenaza para evitar que se presente como candidata?
Siempre hay alguna que otra cosa por ahí, sobre todo en las redes sociales. Sabemos de la responsabilidad que representa esta iniciativa sobre todo contra un Gobierno que se ha dicho de apertura pero que siempre se ha negado a tomar políticas publicas en relación a la población Lgbti.
Para concluir, ¿cuál sería para usted el rol del Estado?
Controlar solo aquello que sea estrictamente necesario y permitir que efectivamente haya inversión suficiente para crear puestos de trabajo. No puede haber crecimiento económico sin respeto a los derechos humanos; pero tampoco puede haber respeto a los derechos humanos sin crecimiento económico. Esto último es lo que estamos viviendo en esto momento.
Los venezolanos enfrentan hoy colas de seis, siente y ocho horas para comprar dos pollos o comprar leche.
La racionalidad económica hace que todos los agentes económicos puedan desarrollar su actividad con un control del Estado. Pero el Estado no se convierte en una traba para el desarrollo económico sino en un promotor del desarrollo económico con justicia. Inclusión con desarrollo.
