Las mujeres chilenas están un paso más cerca de poder conseguir la píldora del día después sin prescripción médica, pues recientemente Juan Luis Castro, diputado socialista y presidente de la Comisión de Salud del Congreso indicó que el Gobierno de Bachelet respalda esta iniciativa.
La propuesta legislativa presentada por la Comisión de Salud, solicita al poder Ejecutivo que libere la venta de la pastilla del día después, a través de un decreto . Actualmente en Chile solo pueden conseguirse con una receta médica.
“He recibido una señal positiva del gabinete de la ministra de Salud [Carmen Castillo], y será acogida durante las próximas semanas la disposición de poder liberar de la receta médica la píldora anticonceptiva de emergencia”, le expresó Castro a El Mercurio el jueves 3 agosto.
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El legislador del Partido Socialista sostuvo que la idea principal de impulsar esta iniciativa es eliminar la barrera económica que existe cuando las mujeres deben ir a una consulta médica para conseguir la receta para comprar el medicamento.
“Me alegro que el Ministerio esté acogiendo de buena manera esta solicitud, espero que pronto tengamos el anuncio formal al respecto”, añadió el funcionario.
El respaldo por parte del Ejecutivo viene tras tres semanas de análisis en las que, finalmente, concluyeron desde el ministerio de Salud de Chile que la droga no tiene efecto abortivo.
El documento difundido desde el Parlamento, explica que con esta resolución será “más expedito el acceso de las mujeres que tienen una vida sexual no protegida, al momento de concurrir y requerir la entrega de este medicamento”, dice el texto.
Los legisladores promotores de este proyecto buscarán que el ministerio de Salud promueva programas de educación sexual en las escuelas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a esta píldora como no abortiva, pues no interrumpe la gestación del embarazo, sino que evita que ocurra la concepción.
¿Positivo o negativo?
Giorgio Jackson, el jóven diputado de 28 años, jefe de bancada de diputados indpenendientes y ex líder estudiantil de la Universidad Católica de Chile, indicó irónicamente por Twitter que estaba en contra del aborto, de la píldora del día después, de las pastillas anticonceptivas, de los preservativos y de la educación sexual. Se definió como un “Pro vida”.
Por su parte, la exministra de Salud Soledad Barría calificó a la propuesta como “muy positiva”.
“Definitivamente facilitaría el ingreso y ayudaría a prevenir embarazos no deseados. El problema es que siempre se presentará una oposición. La misma oposición que hizo la impugnación al Tribunal Constitucional, la misma oposición que se opone al aborto, pero, en fin, es algo ya normal”, sostuvo.
Asimismo, explicó que “la píldora lo que hace es impedir la unión entre el espermatozoide y el óvulo”.
Por su parte, Anita Roman, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones precisó que la píldora no es abortiva y que tiene “mucho a favor y poco en contra”.
Las píldoras, aceptadas y registradas en más de 100 países en el mundo, según la OMS, disminuyen el riesgo de un embarazo a 94%.
En relación con la legislación que aplica sobre este fármaco, varía según cada país. En algunos, la droga puede obtenerse fácilmente y de manera gratuita, mientras que en otros se requiere prescripción médica. También existen países en donde esta píldora está prohibida parcial o totalmente.
El gobierno de Chile ya había autorizado en 2006 la distribución de la pastilla del día después en consultorios médicos públicos o privados, a cargo de las municipalidades, para las mujeres mayores de 14 años.
Al hacer esto, el Gobierno desconoció un fallo previo de la Corte Suprema de este país, que alegaba que el fármaco atentaba contra el derecho a la vida. Pero en ese momento, el tribunal solo se había referido a un fármaco en particular y no al ingrediente activo, alentando la venta del producto bajo otro nombre.
Actualmente, la píldora del día después no requiere prescripción en países como Estados Unidos (desde 2005), Venezuela, Argentina (desde 2006). En este último país, la píldora es entregada de manera gratuita en todos los hospitales públicos.
Por su parte, en Costa Rica existe un vacío legal —no hay legislación sobre ello— por lo tanto el uso de la píldora está permitido.
Las Cortes Constitucionales y Cortes Supremas de algunos países de la región se han basado en que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica para impedir su distribución alegando que el artículo 4 de dicho documento, que indica que el derecho a la vida debe ser respetado y garantizado “desde el momento de la concepción”.