English Version
El sistema judicial argentino tiene falencias y no fue independiente del poder político durante el período de Gobierno kirchnerista. Eso concluye un informe difundido el viernes 11 de diciembre por la ONG Poder Ciudadano en conjunto con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Los autores del documento, Álvaro Herrero y Celeste Leonardi, narran en las 48 páginas del informe la situación de la independencia judicial en la Argentina. Explican en su introducción que el deterioro de la independencia judicial es un síntoma de la fragilidad de las instituciones políticas en este país.
Según el informe, los factores más comunes que boicotean la independencia judicial —principio contenido en el artículo 114 de la Constitución— son las presiones por parte del poder Ejecutivo, reformas polémicas, bajísima eficiencia para llenar los cargos vacantes, escasa actividad en materia de control disciplinario, la manipulación de las vacantes judiciales y los intentos por destituir de manera irregular a integrantes de la Corte Suprema.
Poder Ciudadano es una organización cuyo objetivo es “promover la participación ciudadana y concienciar a la población sobre los problemas de interés público que requieren del compromiso y de la participación de todos”. Mientras, ADC busca “contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas”.
“Los abusos contra la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes deben ser reparados por la justicia. De allí la importancia de que los/as jueces/zas se desempeñen sin recibir injerencias indebidas de ningún poder o autoridad, es decir, que sean independientes”, sostiene el informe.
Además, por la parálisis del Consejo de la Magistratura se generó un aumento de vacantes, y eso provocó un incremento en el número de magistrados subrogantes. Un subrogante es un juez suplente “que cubre el lugar de un juez titular cuando este renuncia, toma licencia, se excusa o no puede ejercer por otra causa”.
“En la actualidad, el 18,5% de los jueces son subrogantes. Sin embargo, la problemática situación de los subrogantes no es inédita, ya que desde 2007 se observa un porcentaje casi equilibrado en 20%”, añade el informe.
[adrotate group=”7″]El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires integra el Poder Judicial porteño como órgano permanente de selección de magistrados y de administración. Su función consiste en asegurar la independencia del Poder Judicial, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.
Otro punto destacado del documento son las presiones por parte del Ejecutivo para que renuncie el juez Carlos Fayt. “El intento de controlar las designaciones de jueces provisorios en la Corte denota las injerencias del Poder Ejecutivo sobre la justicia, profundizando así el conflicto entre ambos poderes”, se explica.
Informan, asimismo, que el Consejo de la Magistratura también adolece de una sobrerrepresentación oficialista. Es decir, pueden aprobar decisiones fundamentales como la designación de jueces provisorios o subrogantes por mayoría simple.
“Por lo tanto, si bien la normativa y la jurisprudencia constitucional disponen que el Consejo de la Magistratura es un órgano compuesto equilibradamente por diversos estamentos, en la práctica la integración del partido mayoritario permite adoptar muchas decisiones por su solo acuerdo”, manifiestan los autores del mencionado escrito.
De esta manera, explican, los procesos de selección de jueces han pasado de ser mixtos (basados en méritos y en razones políticas) a ser casi exclusivamente políticos.
Indicaron: “Consideramos que la marcada influencia política en estos procesos no respeta los estándares interamericanos sobre independencia judicial. En esa línea, los adecuados procesos de designación y remoción de magistrados son fundamentales para asegurar la independencia de los jueces”.
Desde 2011, el Consejo de la Magistratura se halla en un estado de virtual paralización que le impide cumplir con sus funciones centrales: designación y remoción de jueces, indica el informe.
Por la parálisis en el sistema de designación de jueces se provocó la demora excesiva de la mayoría de los concursos.
El informe añade que en el año 2003, el entonces presidente Kirchner dispuso por medio del decreto 588/03 una serie de medidas de publicidad y transparencia para las designaciones. Sin embargo, el expresidente no estableció un plazo dentro del cual debiera enviar el pliego del candidato al Senado.
Otra falencia que destacan los expertos es que se el número de sanciones disminuyó en un 90% con respecto al período 2006-2010. Ello puede significar que “últimamente los magistrados cometen menos faltas en el desempeño de sus cargos o que el Consejo no ha actuado diligentemente en el proceso de investigación”.
Por último, el documento resalta una “injerencia indebida en el desempeño” del juez Claudio Bondadio por parte de la Cámara Criminal y Correccional que lo quiso apartar de la causa Hotesur que involucra a Cristina Kirchner, en su momento Presidenta de la Nación.
Finalmente, el informe sugiere que para volver al camino de la independencia y real equilibrio de poderes “se requiere una estrategia precisa y bien articulada para sacar al Consejo de la Magistratura de su parálisis”.
La necesidad más urgente es “el diseño de un plan de trabajo mediante el cual en un plazo de entre dos y cuatro años se reduzca de manera drástica el número de juzgados vacantes, al tiempo que se asegure la celeridad adecuada en la realización de los concursos para cubrir las nuevas vacantes”, concluyeron.
