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Nuevas formas del viejo terrorismo en Guatemala

Por: Carlos Sabino - Sep 24, 2014, 11:06 am

EnglishGuatemala no tiene ahora, afortunadamente, ningún conflicto político o social agudo: no hay guerrillas en el país y, aunque el sistema político deja un tanto que desear, existe libertad de prensa, se efectúan elecciones libres y el debate político se realiza en general dentro de los límites institucionales.

Pero, como lo prueban recientes hechos, existen grupos minoritarios que se empeñan en quebrar la estabilidad de esta nación centroamericana utilizando nuevas formas de terrorismo.

Pobladores de algunas aldeas no muy distantes de la capital produjeron hace poco hechos de violencia que dieron por resultado la muerte de unas diez personas, el incendio de vehículos y viviendas y el destrozo de valiosos bienes. ¿Sus razones? Aunque parezca difícil de creer, lo que expresaron algunos dirigentes vecinales fue su oposición a la construcción de una importante carretera periférica —que aliviaría los problemas de tránsito nacional e internacional— y de una planta cementera que ampliaría la capacidad productora del país (que tiene obvios problemas de vivienda).

Escudada en esas posiciones radicales, una turba de vecinos, sin provocación alguna, agredió y asesinó a otros pobladores, acusados de vender sus terrenos para la construcción de esa vía de comunicación, o de simplemente trabajar como obreros de las cementeras. El Gobierno, después de los hechos, ha decidido restringir algunas garantías constitucionales en el municipio donde se produjo tan grave atentado a la paz.

No se trata de una reacción espontánea ante alguna injusticia, ni de un arrebato que se generó por causa de provocaciones o conflictos personales. Prueba de ello es que, desde hace bastante tiempo, se producen constantemente bloqueos de carreteras y actos de agresión en diferentes puntos del país que han provocado muertos y heridos entre las fuerzas policiales y entre los ciudadanos que se ven afectados por esas protestas, las cuales les impiden desarrollar pacíficamente sus actividades cotidianas.

Y no son pocas las organizaciones que reclaman la autoría de estas violentas acciones o que las avalan con sus comunicados a la prensa y sus declaraciones públicas.

Algunas de ellas, como el Comité de Unidad Campesina (CUC), se crearon en tiempos de la guerrilla para dar un respaldo “de masas” a la acción de los grupos armados que luchaban por imponer el socialismo totalitario. El mencionado CUC, por ejemplo, fue la organización de masas para las áreas rurales que creó el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una guerrilla de clara inspiración maoísta, cuya dirigencia actual sigue enfrascada en una labor constante de desestabilización.

¿Qué se busca con estas violentas protestas? Todo indica que se trata de una estrategia trazada por una coordinadora de organizaciones que intentan desestabilizar al país para que pueda imponerse algún tipo de régimen autoritario de izquierda, como el que oprime hoy a Venezuela.

No es paranoia: los ataques contra empresas mineras y constructoras de plantas hidroeléctricas, caminos o proyectos de desarrollo de todo tipo suceden en todos los rincones de Guatemala; una organización promueve abiertamente el robo de electricidad y otros grupos, en años recientes, han dinamitado algunas torres de transporte de energía.

Lo que se busca es mantener la agitación por cualquier medio y, aunque los manifestantes sean una exigua minoría, los efectos de sus acciones violentas e intimidatorias alcanzan a millones de ciudadanos.

El Gobierno parece atrapado entre el reclamo de la mayoría de la población, que exige un alto a la violencia, y el enjuiciamiento de los responsables de la agresión, por una parte, y sus temores de ser acusado de violar los derechos humanos y la libertad de manifestación, como ya lo han expresado algunas organizaciones no gubernamentales vinculadas a la izquierda y que reciben, en muchos casos, ayuda financiera internacional.

Es comprensible que en esferas gubernamentales, preocupadas ya por las próximas elecciones generales de 2015, haya vacilaciones y un cuidado extremo para no aparecer ante el público como represores de la protesta “popular”.

Pero el verdadero problema es que, si no se pone coto a la actividad de quienes acuden a la violencia, el país puede verse envuelto en un proceso bastante similar al de la subversión guerrillera de otros tiempos, ahuyentando las necesarias inversiones y retardando el crecimiento económico, con lo que se crearía un caldo de cultivo apropiado para el despliegue de los grupos violentos.

Por eso, pensamos, es imprescindible que se deje en claro ahora que la protesta pacífica es aceptada y bienvenida, pero que la violencia de cualquier tipo que sea debe ser enfrentada con todas las armas legales disponibles.

Carlos Sabino Carlos Sabino

Sociólogo, escritor y profesor universitario, Sabino es director de programas de máster y doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Siguelo @Sabino2324