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EnglishMucho se habla ahora en Guatemala —ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el 25 de octubre— de elegir personas honorables y honestas, que puedan eliminar la corrupción generalizada en que ha caído el país. Mientras prosigue el juicio por un enorme caso de defraudación aduanera que ha llevado a la cárcel a quienes fueran presidente y vicepresidente del país, la ciudadanía se prepara para elegir entre Jimmy Morales, prácticamente desconocido como político; y Sandra Torres, una persona de muy oscuros antecedentes.
La señora Torres, quien fuera esposa del presidente Álvaro Colom (2007-2011), se divorció para tratar de competir en las elecciones de 2011, aunque no pudo hacerlo por severos impedimentos legales. Mientras fue primera dama implementó un programa de ayudas sociales de obvias intenciones políticas, que ahora promete consolidar y ampliar.
Esta inclinación populista, junto con su pasado guerrillero y los crímenes que muchos le atribuyen, hacen que las encuestas muestren un alto porcentaje de rechazo a su candidatura. Muchos se preguntan, por otra parte, si Jimmy Morales es la persona adecuada para conducir la nave del Estado con limpieza y eficiencia. Poco se puede prever acerca de lo que hará si llega al Gobierno, aunque todo apunta a que, frente a una adversaria tan poco confiable, va a triunfar en la segunda vuelta electoral.
Los guatemaltecos, en su amplia mayoría, desean un Gobierno de los mejores y la reforma de las leyes vigentes, que han llevado a un sistema de complicidades y a malos gobiernos. Pero, como lo indica la experiencia, no solo se trata de elegir bien a las personas que van a gobernar, ni de elaborar leyes justas y bien razonadas. Es indispensable también que la opinión pública permanezca atenta y vigilante, no solo para evitar la corrupción sino para que la acción del Estado no atente contra sus derechos y libertades.
Desde tiempos antiguos se viene debatiendo acerca de las cualidades y virtudes de los gobernantes, de cómo definir quiénes son “los mejores” y cómo hacer para que sean ellos los que alcancen el poder. Pero la historia se ha encargado de mostrar dos deprimentes verdades: la primera es que no hay modo de ponerse de acuerdo en quienes son los mejores y, sobre todo, de que no hay forman que sean ellos y no los más ambiciosos o astutos los que lleguen al Gobierno; la otra dura lección que nos ofrece el pasado es que aún los más puros y justos se pueden corromper con asombrosa facilidad cuando llegan al poder, tantas son las tentaciones que su ejercicio presenta.
Hace dos siglos y medio, en Estados Unidos, hubo una revolución intelectual que cambió por completo el enfoque del problema. Los hombres que redactaron la Declaración de Independencia y la constitución de ese país pensaron que, con el curso del tiempo, era inevitable que personas de muy escasos méritos alcanzaran alguna vez el poder, trataran de eternizarse en él y lo usaran, sin pudor, para perseguir sus fines personales. ¿Qué hacer entonces?
La respuesta, inusual para aquel tiempo, fue tratar de diseñar un sistema donde el poder quedase dividido en varios organismos diferentes –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- y, además, entre el Gobierno federal, los estados y el ciudadano, cada uno reteniendo una parte de la capacidad de decisión sobre los asuntos públicos.
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La experiencia ha demostrado también que ese sistema no es una garantía absoluta para los derechos ciudadanos, y que no basta con tener una buena constitución para que reine el estado de derecho, y no se imponga algún tirano, como los que hoy imperan en algunos de nuestros países.
El movimiento cívico que ha crecido en Guatemala en los últimos meses debe seguir activo y vigilante si se quiere que el país auténticamente cambie de rumbo, porque las personas cambian y las leyes se modifican, a veces para servir los intereses de personas inescrupulosas o minúsculos grupos de interés.
A nuestro juicio, entonces, no se trata solamente de impedir que candidatos con oscuros antecedentes alcancen el poder, ni de reformar algunas leyes —como la de los partidos políticos— de acuerdo con la agenda de grupos minoritarios que quieren aprovecharse del Estado, en controlar las finanzas de los partidos, o en imponer un sistema de cuotas por sexo y por grupo étnico, que es en el fondo racista y solo promoverá un mayor clientelismo.
Lo importante es que, llegue quien llegue al poder, encuentre una ciudadanía dispuesta a controlar sus acciones, a seguir de cerca el modo en que se gastan los dineros públicos, a impedir que se abuse del mandato que reciben, en cualquier forma que sea. De otro modo, pensamos, se volverá al gasto indiscriminado de los impuestos que tanto cuesta pagar a quienes producen y crean riqueza, a la corrupción y a los controles y reglamentaciones que tanto han dañado el crecimiento del país.
