EnglishLa izquierda latinoamericana, casi al unísono, ha levantado su voz, indignada por lo sucedido en Brasil. Que el Congreso haya separado de su cargo por seis meses a la presidenta Dilma Rousseff, mientras se la juzga, se ha calificado como un golpe de Estado, como una maniobra antidemocrática que, algunos dicen, es parte de una conspiración internacional.
A pesar de que el juicio político está claramente indicado en la Constitución de Brasil y de que se han seguido escrupulosamente todos los pasos que esta indica para proceder a la medida, los izquierdistas del continente, encabezados por Nicolás Maduro y el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, no cesan de quejarse por la pérdida de uno de sus bastiones en Sudamérica. Lo mismo hicieron hace cuatro años cuando el congreso paraguayo destituyó de su cargo, legalmente, a Fernando Lugo y en cada ocasión en que alguno de sus líderes ha sido enjuiciado o sancionado.
El juicio político -o impeachment, en inglés- es un recurso legal que aparece en muchas constituciones y sirve para controlar al poder ejecutivo, mediante la acción conjunta de los otros dos poderes, el judicial y el legislativo. Nada de ilegal tiene emplearlo, como lo hicieron los mismos brasileños contra otro presidente, Fernando Collor de Mello, hace un cuarto de siglo y resulta casi disparatado hablar de golpe de Estado cuando lo que se está haciendo es simplemente aplicar un recurso constitucional.
El modus operandi de la izquierda latinoamericana
Pero si la izquierda procede así, es por muy buenas razones: es porque su mentalidad todavía sigue aferrada al modelo totalitario leninista, porque busca el ejercicio del poder total y se resiste a entregarlo. La presidenta de Brasil y su antecesor, el famoso Lula da Silva, alabaron todas las medidas ilegales y hasta brutales que se utilizaron en Venezuela para quebrar toda oposición y dar al extinto Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, un poder casi absoluto. Se abrazaron con Fidel Castro y su heredero Raúl Castro, a pesar de que nada tienen de democráticos pues ejercen una tiranía desde hace más de medio siglo y apoyaron también al nicaragüense Daniel Ortega, a otros líderes de la izquierda autoritaria y hasta las mismas FARC, las guerrillas de Colombia que todavía siguen realizando actos terroristas.
Bajo la máscara de la democracia, no son más que los mismos déspotas de siempre. Y ahora, para colmo, hasta más corruptos que nunca
La democracia y la legalidad importan muy poco a quienes piensan que hay que instaurar el socialismo en nuestros países, porque utilizan los medios democráticos cuando les conviene, pero se apartan de ellos cuando las circunstancias les son adversas.
Es lamentable que, por otra parte, países que se dicen democráticos, que intervienen en todas partes en la supuesta defensa de los derechos humanos, actúen a veces del mismo modo: ni la Unión Europea ni los Estados Unidos actúan con firmeza cuando se trata de pronunciarse contra la falsa democracia de Venezuela y hasta avalan la dictadura castrista, pero apoyan a conflictivas organizaciones no gubernamentales que, en nuestros países, desestabilizan gobiernos democráticos y protegen solo los derechos de quienes apoyaron las guerrillas marxistas o quieren saltar por encima de la Constitución.
El año pasado, por ejemplo, varios embajadores de estos países apoyaron abiertamente la campaña para que no se realizaran elecciones generales en Guatemala, aduciendo que no había condiciones para efectuarlas. Los guatemaltecos, sin embargo, votaron en paz y masivamente, derrotando a los candidatos de la izquierda populista.
La izquierda latinoamericana, por desgracia, permanece todavía atada a la vieja idea de que la revolución y el socialismo están por encima del respeto a la ley. Ya no denuncian a esta como producto de la burguesía y del imperialismo, como lo hacían en la época en que organizaban guerrillas para derribar por la fuerza el orden existente: son ahora más pragmáticos y usan la legalidad que desprecian para encaramarse en el poder, pero la desprecian apenas se los cuestiona dentro del marco legal que ellos mismos han usado.
Por fortuna, un nuevo aire de cambio existe ahora en el continente. Las elecciones en Guatemala, en Argentina, en Bolivia y en la misma Venezuela muestran que existe una ciudadanía que repudia a quienes, bajo la máscara de la democracia, no son más que los mismos déspotas de siempre. Y ahora, para colmo, hasta más corruptos que nunca.