El default del año 2014 produjo un nuevo temblor en la República Argentina. Los fondos de inversión Elliott Management Corp., Aurelius Capital Management LP y NML Capital Ltd, que adquirieron bonos de deuda soberana en suspensión de pagos tras la crisis del año 2001, a sólo 20 centavos por dólar, obtuvieron una sentencia favorable por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La noticia, como es natural, no fue bien recibida por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo, porque puso al desnudo la impericia del gobierno nacional para solucionar un problema tan sensible y costoso a los intereses del país. Fernández de Kirchner, de modo sistemático, se negó a negociar con los holdouts y azuzó a sus seguidores bajo la consigna “patria o buitres”, calificando a la contraparte con el mote despectivo de “buitres” y “terroristas económicos”, una estrategia ciertamente ineficaz a la hora de sellar un acuerdo.
En julio de ese año, en sintonía con la primera mandataria, el entonces ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, aseguró a los inversionistas del grupo que “nunca obtendrían” más de 30 centavos por dólar por los bonos, ¡y Argentina volvió a caer en default! Esta vez, sobre los bonos que los inversionistas habían recibido en los canjes de 2005 y 2010, los “holdings”.
Recapitulando sobre los hechos, el default del 2001 afectó a los bonos argentinos emitidos bajo diversas jurisdicciones, entre ellas la de Nueva York. Recién en el año 2005 se ofreció un primer canje de deuda a razón de 30 centavos por dólar, más un cupón atado al PBI (GDP kicker o GDP warrant), bajo el argumento de que el nivel de deuda soberana debía ser sustentable con las condiciones macroeconómicas del país. Pero la reestructuración de la deuda alcanzó solo al 75% de los bonistas, uno de los porcentajes de aceptación más bajos en este tipo de acuerdos. Más tarde, en el año 2010, un segundo ofrecimiento fue bien recibido por el 93% de los bonistas, en un marco de similares condiciones. El 7% restante siguió adelante con los reclamos por la vía judicial.
El comportamiento del gobierno argentino fue lo que llevó a que los demandantes reclamasen el incumplimiento de la cláusula pari passu. El principal problema se centró en torno de la Ley Cerrojo (Ley 26.017, sobre las disposiciones adicionales a las que quedan sujetos los bonos del Estado Nacional que resultan elegibles para el canje), que prohibió al gobierno extender nuevas ofertas a los acreedores disidentes.
La Ley Cerrojo, promulgada el 10 de febrero de febrero de 2005, tuvo el propósito de que los derechos de los bonistas no presentados al canje quedasen sujetos adicionalmente a las disposiciones de la presente ley. Pero, dada la pobre aceptación, debió ser suspendida temporalmente por el Congreso para que se pudiera realizar el segundo canje de deuda en el 2010. La consecuencia más gravosa de la normativa fue a la postre la diferente clasificación de los bonos: holdings y holdouts.
En diciembre del 2011, el Juez Griesa emitió un fallo en el cual sostuvo que la Ley Cerrojo violó la cláusula pari passu. El gobierno de Cristina Fernández apeló el fallo, pero la Corte de Apelaciones, de manera unánime en octubre del 2012, afirmó la sentencia de Griesa. No obstante, le fue solicitada al juez la aclaración de la fórmula con la que se habría de definir el pago a los holdouts. En esa instancia, lo lógico también hubiera sido que Argentina ofreciera pagar con quita.
Simultáneamente, el 2 de octubre de ese año, el Grupo Elliott convenció a un tribunal en Ghana para que confiscara la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada de Argentina, al tomar amarras en el país africano, lo que tensó aún más la cuerda.
El Gobierno, subido a su abyecta pedantería y ahora cegado en la irritación, lejos de intentar resolver el problema, no sólo desestimó la propuesta del juez, sino que hizo público que no pagaría ni acataría la decisión judicial. Frente a ello, el dictamen del juez Griesa resultó mucho más adverso que lo que se anticipaba y obligó a Argentina a pagar de inmediato lo máximo posible. Para evitar este tipo de estrategias, Griesa exigió: pagar la totalidad de la deuda de manera simultánea con el pago del cupón del PBI el 15 de diciembre del año 2012.
Un fallo verdaderamente atípico para un juez que ha actuado con cierta ecuanimidad durante los últimos 10 años. Lo ordinario hubiese sido obligar a los fondos buitre a aceptar la misma quita de quienes aceptaron el canje y cerrar definitivamente las instancias judiciales para los holdouts. En particular, porque hoy los bonos ya se emiten con cláusulas que obligan a todos a aceptar una reestructuración si un mínimo de inversores la acepta.
El Directorio Ejecutivo del FMI se manifestó de esa manera el 6 de octubre de 2014, en una publicación propia, y se comprometió a garantizar las reformas de los contratos internacionales de bonos soberanos ideadas con el propósito de abordar problemas de acción colectiva en las reestructuraciones de deuda. Al mismo tiempo, el organismo reconoció que el marco jurídico actual quizás no sea suficientemente sólido para impedir que los acreedores disidentes, comúnmente conocidos como holdouts, menoscaben el proceso de reestructuración que buscan abordar estas cuestiones.
Hoy los bonos soberanos incluyen no sólo cláusulas de acción colectiva, que obligan a un bonista a aceptar una restructuración si otros bonistas de su especie la aceptaron, sino aquello que se conoce como “super aggregation clauses” (de un conjunto de deuda con varios instrumentos, la aceptación de reestructuración de un número mínimo de tenedores obliga al conjunto de portadores de todos los instrumentos), recientemente usadas en la reestructuración griega. De ese modo se elimina la posibilidad de que un fondo buitre pueda comprar un porcentaje significativo de deuda, de ningún título, sin estar obligado a aceptar las generales de la ley.
En cambio, a diferencia de este procedimiento, el caso argentino se encuentra sujeto a una sentencia judicial en firme, confirmada por la Corte Suprema de EE.UU., y la obligación de pagar a los acreedores el total de la deuda −valor nominal más los intereses devengados a la fecha−. Al mismo tiempo, se estima que el total de la deuda en default (que incluye bonistas italianos, alemanes, argentinos y otros sin identificación) es del orden de los USD $18.800 millones.
El acuerdo alcanzado el 18 de febrero entre el Ministro de Economía y Finanzas del presidente Mauricio Macri y el mediador designado por la corte (aún no refrendado por el Congreso), sin lugar a dudas, no es la mejor solución posible —entre 15 y 20 veces el capital invertido—, pero es el punto final para el aislamiento y las posibilidades que ofrece el mundo al sector privado a través de los mercados de capitales.
El gran dilema es, sin embargo, establecer en términos pragmáticos el corsé o límite que debe imponerse a la forma de actuar del gobierno para evitar clientelismos, gastos superfluos y despilfarro tan arraigados en los últimos setenta años de la historia argentina.