Gobierno catalán desafía el Estado de derecho español y declara la independencia

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Puigdemont
Puigdemont deberá enfrentar a la justicia por la declaración de la independencia de Cataluña. (Parlament)

La independencia de Cataluña fue declarada unilateralmente este viernes 27 de octubre por el Gobierno catalán en un claro desafío al Estado de derecho español, que ha truncado la afrenta ordenando el cese de las funciones de los representantes del subversivo Gobierno, la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

La declaración de la independencia fue realizada luego de que un grupo de 82 de los 130 parlamentarios catalanes votaran por la propuesta de conformar un Estado independiente y convocar elecciones para una Constituyente fundacional, con lo cual daban el paso definitivo para la subversión del orden constitucional.

 

Previo a la votación secreta, de la que se retiraron los parlamentarios de los partidos Ciudadanos (Cs), Popular (PP) y Socialista Español (PSOE)  —para no avalar el ilegal acto—, asesores jurídicos del Parlamento advirtieron las consecuencias que podría acarrear la medida para cada uno de los votantes.

El anuncio de la independencia fue seguido  en las principales plazas públicas por miles de catalanes, quienes gritaban, levantaban la bandera catalana y bajaban la de España. Paralelamente, millones de catalanes opuestos al independentismo desde sus casas miraban por televisión lo que sucedía, y algunos salieron a las calles a protestar contra la decisión del Gobierno de Carles Puigdemont.

 

 

En varias calles los manifestantes contra la independencia se enfrentaron a los Mossos (policía autonómica de Cataluña), que trataban de impedir el avance de los ciudadanos hacia las sedes del Gobierno catalán.

 

El Senado español de inmediato entró en pleno y aprobó la solicitud del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, de activar el artículo 155, con el que buscan detener “la sinrazón con la que han derribado la Ley”.

“Las decisiones que hemos tomado es para restituir un autogobierno. Estamos dando los pasos necesarios e imprescindibles para devolver la legalidad democrática al autogobierno”, explicó Rajoy tras anunciarse las primeras decisiones.

En la intensa y polémica jornada española, las instituciones han respondido prácticamente en un solo bloque en defensa de la constitucionalidad y de la integridad del territorio. Tanto el presidente del Tribunal Supremo, como la Fiscalía y la asociación de fiscales han dejado claro que la acción del Gobierno catalán simplemente constituía un inaceptable intento de subvertir el orden constitucional.

El lunes la Fiscalía presentará una querella por rebelión contra Puigdemont, así como contra el vicepresidente del Gobierno, la presidente del Parlamento catalán y otras autoridades activas en la propuesta de independencia. La sanción por este delito podría ser de hasta 30 años de prisión.

Partidos políticos como Ciudadanos consideraron el acto de declaración de independencia como un “gesto cobarde” con el que el que una minoría de 70 personas pretenden “romper a España”.

El Partido Popular estimó que tras la acción “suicida” del Gobierno catalán, la legalidad debe ser restaurada lo más pronto posible.

Capitales huyen de Cataluña

La tensión e inestabilidad política también ha afectado al sector económico. Justo después que en Cataluña se declarara la independencia, la empresa Allianz Seguro anunció que trasladaba su sede de Barcelona a Madrid, sumando así 1.681 firmas que  se han marchado tras el inicio del conflicto independentista, según cifras del Colegio de Registradores Mercantiles de España.

La huida de capitales de Cataluña, que se promedia en unas 150 por día, deja sin empleo a miles de ciudadanos y afecta en mayor medida a los sectores turismo, restauración e inmobiliario.

Los empresarios deciden el traslado de las empresas porque temen que lo que vive hoy  Cataluña se prolongue en el tiempo.

Además, analistas advierten que las consecuencias de este conflicto podrían ser mayores y afectar a la economía española.

Rechazo en el exterior

Las reacciones internacionales por la declaración de independencia de Cataluña no se hicieron esperar. Los primeros en responder fueron los países vecinos, preocupados por el ilegal hecho.

Portugal condenó la “quiebra del Estado español”.

Italia, por su parte, dejó claro que no reconoce ni reconocerá un Gobierno catalán independiente, y consideró el hecho como  “un gesto gravísimo” que está “fuera del marco de la Ley”.

Alemania: “El Gobierno Federal no reconoce la declaración unilateral de independencia del Parlamento regional”.

Reino Unido: “Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España”.

Estados Unidos: “Reiteramos nuestro apoyo a una España unida”.

 

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