Este jueves, se cumplen dos años del exilio de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. El 19 de junio de 2012, el fundador de Wikileaks se refugió en la sede diplomática para evitar ser extraditado a Suecia, cuya justicia lo busca por un polémico caso de abuso sexual. El gobierno de Ecuador ya otorgó a Assange el asilo político y tiene derecho de tomar residencia en el país sudamericano. Pero es el gobierno inglés el que no otorga el salvoconducto necesario para que el experto en informática tome el vuelo que lo lleve a su nuevo hogar.
Desde que el ciberactivista australiano hizo las primeras revelaciones sobre secretos de Estado y corporaciones, los gobiernos afectados han lanzado una aguerrida caza internacional para detenerlo. En represalia al asilo, Estados Unidos suspendió los programas de cooperación con Ecuador; juzgó y sentenció al colaborador de Assange Chelsea Manning a 35 años en prisión; y hasta presionó para que las procesadoras de tarjetas de crédito bloquearan donaciones a la fundación Wikileaks.
Para “celebrar” sus dos años de reclusión, hoy Assange dio una conferencia de prensa vistiendo una camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol y anunció una nueva filtración de documentos. Se trata de un acuerdo financiero internacional secreto entre estados que involucra a más de 50 países y al 68% del comercio de servicios mundial.
También hoy el canciller ecuatoriano ratificó que podrá quedarse en el predio de la embajada “todo el tiempo que sea necesario”.
Como en el caso de Edward Snowden, es paradójico que ciberactivistas buscados por revelar secretos hayan obtenido ayuda de países tan notoriamente contrarios a la libertad de prensa. Ojalá el gobierno de Rafael Correa esté dispuesto a respetar la libertad de prensa en todos los casos así como defiende a Assange, y no sólo cuando ello le permita exhibir una maniquea credencial “antiimperialista”.