Hoy en día en las grandes metrópolis de Venezuela, se puede afirmar que lograr arrendar una casa o departamento es una verdadera odisea.
Y como en demasiados otros sectores, no se trata más que de un ejemplo calcado de libros de economía sobre la escasez producida por la limitación de la oferta. En 2011, el gobierno bolivariano “popular” aprobó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que buscaba proteger a los arrendatarios de los abusos cometidos por los propietarios.
Las excesivas regulaciones, el control del precio del alquiler, y prácticamente la inamovilidad luego de 20 años en la vivienda, han diezmado el mercado de arrendamiento en Venezuela. Nadie se quiere arriesgar a alquilar si sabe que no podrá deshacerse del arrendatario por impago; hasta podrían perder la propiedad en la nada confiable justicia venezolana.
Esto no hizo más que agravar el problema de la vivienda en Venezuela. Consecuentemente, la falta de hogares empujó a una gran cantidad de ciudadanos a depender directamente de los programas de construcción de vivienda estatales, que son otorgados como dádivas. Mientras, pueden pasar años. Otros viven en las calles.
Lo tragicómico es que a pesar de estas consecuencias indeseadas (o intencionales), Maduro aprobó recientemente otra ley que regula los alquileres de locales comerciales. Afirma que es parte de la “ofensiva económica” en contra de la pobreza y la conspiración antichavista, pero el único que empobrece y ofende con estas medidas es el gobierno con su ignorancia económica y desastrosas políticas para millones de personas.